La Justicia dispuso una orden de restricción al jefe comunal de la localidad riojana de Famatina dentro del municipio que gobierna. La medida incluye al cura. Los vecinos volvieron a cortar el ingreso a una mina por tiempo indeterminado. El corte se realiza en el vado del río, el único acceso a la empresa. Hay una fuerte presencia policial en el río Blanco, armada y con escudos protectores.
No hay paz en Famatina. Primero fue Barrick Gold, luego Shandon Gold y después Osisko: una a una, las empresas tuvieron que poner fin a sus intenciones de extraer oro del eterno nevado riojano por la falta de licencia social. Ahora otra compañía de capitales salteños montó un campamento que el intendente Ismael Bordagaray clausuró el miércoles. Pero el jefe comunal no pudo notificar su decisión, porque la Justicia le prohibió que se acerque a menos de 3 kilómetros del yacimiento. Los vecinos reaccionaron montando un nuevo corte permanente en la localidad de Angulos, en el acceso al yacimiento, que está siendo protegido por unos 35 policías provinciales.
En Famatina nadie sabe quién le concedió la habilitación a la empresa Midaish para que se instale a pocos metros del río Blanco. El viernes pasado un grupo de asambleístas se acercaron a entregar un petitorio en el que le daban un plazo de 7 días para que retirara su campamento. Prometieron darles una contestación, que al final llegó el jueves, cuando la policía comenzó a notificar a una treintena de pobladores una insólita orden de restricción judicial que les prohíbe acercarse a menos de 3 kilómetros de la mina.
La policía provincial no deja avanzar a nadie. Tanto es así, que ni Bordagaray ni ningún funcionario de su intendencia pudo acercarse esta mañana para notificar su decisión de frenar el proyecto por la grosera falta de papeles y estudios que lo habiliten. El miércoles emitió una resolución en la que llama a “clausurar inmediatamente toda y cuanto tipo de actividades se estén llevando y/o dispongan llevar a cabo por la empresa Midaish”.
El jefe comunal le explicó a Infobae sus motivos. “Es un emprendimiento que nunca habilitamos. Supuestamente tienen un permiso de la provincia, pero cuando lo pedimos no nos lo mostraron. Y como la policía responde al Ejecutivo provincial, quedamos en el medio de una situación compleja”, resumió. Y adelantó que está preparando una presentación en la Fiscalía de la vecina Chilecito –la cabecera departamental– para que tome cartas en el asunto.
La minera supuestamente tiene capitales salteños, pero en Famatina casi no tienen referencias, ya que ni siquiera tiene página web y nunca vieron algún documento legal para saber quién está extrayendo oro y hierro de su suelo.
A diferencia de otros proyectos mineros a cielo abierto, que utilizan cianuro para separar los metales de la roca molida, aquí el conflicto tiene otro eje. “Ellos usan una gran cantidad de agua para lavar la arena, que extraen del único cauce que tenemos en el departamento, que es el río Blanco y que alimenta el dique Chañar, el único que tenemos”, explicaron.
La cara visible del proyecto es Miguel Urtube, quien en abril denunció a través de su abogado a más de treinta vecinos, los mismos que ahora fueron restringidos. La denuncia incluye al sacerdote Omar Quinteros, que suma cinco denuncias penales desde 2013. La última se la hizo la diputada provincial Adriana Olima –que responde al kirchnerismo–, quien lo acusó de ser el autor intelectual de las protestas. La legisladora ostenta una suerte de intendencia paralela, ya que el gobierno e Luis Beder Herrera le cortó todo tipo de financiamiento al municipio por su oposición a Barrick Gold y las empresas que la sucedieron, pero le concedió a Olima el manejo de algunos recursos, como planes sociales.
En su momento, Urtube acusó a los vecinos de “privación ilegítima de las personas” y “amenazas con arma de fuego”, y difundió una serie de imágenes con supuestos destrozos a la mina realizados durante una protesta, pero en el video no aparece ninguno de los denunciados. Aun así, la Justicia no tardó en llamarlos a indagatoria.
