Elaboraron un documento en el que recordaron su resistencia a la explotación minera a gran escala por “las consecuencias negativas”. 04 de Marzo de 2012. Por: DyN Comunidades aborígenes de Jujuy cuestionaron el otorgamiento de “permisos de exploración y explotación” a empresas mineras para trabajar en la región sin el “consentimiento libre, previo e informado” de sus pobladores.
Además, reclamaron a los gobiernos provincial y nacional que les otorgue los títulos de propiedad de territorios y advirtieron que “la minería y la producción agro ganadera son dos actividades que no pueden convivir”.
Las comunidades originarias de Cochinoca, Yavi, Rinconada, Santa Catalina, Humahuaca y Atacama elaboraron un documento en el que recordaron su resistencia a la explotación minera a gran escala porque “produce innumerables consecuencias negativas”.
Entre los factores criticados, mencionaron “el desarraigo de las poblaciones, desertificación, empobrecimiento del suelo y uso desmesurado del agua que es escasa en nuestra zona”.
Y, reseñaron “la consecuente contaminación de la misma que provoca seria amenaza a nuestra producción hortícola y ganadera que desarrollamos en total armonía con la naturaleza”.
“Entendemos que minería y producción agro ganadera son dos actividades que no pueden convivir”, acotaron los grupos.
Los aborígenes cuestionaron “la explotación minera a gran escala y a cielo abierto, sin los permisos correspondientes, es decir de exploración y explotación a empresas mineras sin consentimiento libre, previo e informado de las organizaciones de los pueblos originarios”.
“En la Puna, sufrimos la contaminación por la omisión y descuido en los cuidados ambientales del estado y empresas como Metal Huasi, Pan de Azúcar, Pirquitas, Mina El Aguilar, que afectan seriamente nuestros suelos y salud”, añadieron.
Los manifestantes denunciaron que “no existe plan de remediación ambiental y humana, con graves secuelas en la salud de los habitantes”.
“Exigimos al Gobierno provincial y nacional la entrega inmediata de los títulos de propiedad a sus ocupantes ancestrales libres de proyectos que no hayan sido consensuados con nuestras asambleas”, acotaron.
Estas tierras, indicaron, “deben ser aptas para la vida, la agricultura familiar, el desarrollo de nuestra cultura, tradiciones y cosmovisión”.
“De nuestra agricultura y ganadería vivimos las familias y la sociedad en su conjunto, la minería amenaza nuestras fuentes de vida y la autosubsistencia”, acotaron.
Por otra parte, sostuvieron que la Organización Federal de Estados Mineros “(OFEMI) actualmente negocia con las empresas multinacionales nuestros bienes naturales violando nuestros derechos esenciales al territorio, medio ambiente, agua, vida, salud, amenazando así a las futuras generaciones”.
