El 21 de julio, “ante el arribo de empresas multinacionales en busca de litio”, comunidades indígenas de la puna salteño-jujeña agrupadas en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes exigen sobre la Ruta Nacional 52 el cese de la actividad minera y la cancelación de todos los permisos de cateo y explotación concedidos. Diálogo con Guadalupe Tolaba (44), miembro de la Red Puna.
Fuente: Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales
01/08/2011.
P: ¿Qué acción cumplieron sobre la RN 52? ¿Cuántas comunidades participaron de la medida?
R: Hicimos un corte de ruta defendiendo los bienes naturales de nuestro territorio en contra de las mineras que tienen permisos de cateo para explorar el litio, que le llaman ahora el “oro del salar”. En la zona hay una mesa de pueblos originarios que la están integrando veinte comunidades, aborígenes casi todas, y algunas cooperativas.
P: ¿Cómo es la nueva actividad que se está desarrollando en la región y que, a partir del año último, los ha puesto en alerta?
R: Es la exploración de litio en las salinas. Hay empresas multinacionales que están apostando fuertemente a la exploración y entran de la mano de los Gobiernos. Aquí, incluye a los Gobiernos de Salta y Jujuy: se están dando muchos permisos de cateo y no se está dando participación a las comunidades. Nosotros, desde el momento que conocimos esto, nos pusimos en alerta.
P: Están demandando la entrega inmediata de títulos comunitarios de propiedad. ¿Cuál es la extensión del territorio que reclaman?
R: Es una lucha larguísima… En 1946 se hizo una marcha, que se llamó “Malón de la Paz”, hacia Buenos Aires, en la cual estuvieron nuestros abuelos y bisabuelos; algunos todavía viven y muchos otros ya fallecieron. Se hizo la caminata para entrevistarse con Juan Perón. Llegaron allá; no fue como primeramente habían dicho y los deportaron a todos en un tren hacia aquí, y no les entregaron el título de la tierra. Cada comunidad son como 20 ha; el dato preciso no lo tengo. Es toda la parte de la puna desde San Antonio de los Cobres (Salta) hasta La Quiaca (Jujuy); toda la zona está sin entregar. Nosotros hicimos un segundo malón en 2006, con un corte entre la RN 9 y la RN 52, en Purmamarca, donde el Gobierno se comprometió a entregarnos en sesenta días todos los títulos de la tierra. Se entregaron nueve títulos en total; los demás quedaron solo en el decreto. Te dicen que es tierra fiscal, que pertenece al Gobierno, y así está el salar en este momento. Pero nosotros vivimos desde siempre ahí, así que lo vamos a defender a como de lugar.
P: En particular, hacen referencia a dos empresas con intereses en la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc: la canadiense Dajin Resources Corp. y la australiana Orocobre Limited. ¿Cuáles son los proyectos de estas compañías? ¿Cómo se han visto afectados por sus operaciones?
R: No están operando todavía, pero el impacto que pensamos que van a dejar es en el tema del agua, ya que la zona es bastante árida. Se van a gastar millones y millones de litros de agua. Prácticamente nos están enviando a morir a las comunidades. En un principio, habrían engañado a una de las cooperativas salineras dándoles una plata, diciéndoles que van a explorar, no sé si por veinte años, y que les pagaban un dinero. Creo que la gente no aceptó. Nosotros estamos haciendo el apoyo a las comunidades de la cuenca. Hicimos una presentación ante la Corte Suprema para que suspendan toda actividad en la zona y, hace como dos semanas, se hizo una presentación en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para seguir nuestra causa.
P: Con una demanda de mineral para la fabricación de baterías que crece a un ritmo del 20% añual, la producción de litio para la industria automotriz dejará, según las propias empresas, unos US$337 millones en 2012. ¿Creen que parte de esa riqueza podría ser aprovechada por las comunidades?
R: El principio básico es el derecho a la tierra, nuestro derecho a vivir como vivimos ahora. Deben tener sus derechos ellos para querer explorar; a nosotros no nos interesa eso. Esa plata va a quedar en el Gobierno, empleada para cualquier cosa. De última, una escuela recibirá un pizarrón y una salita, un remedio, pero nos van a dejar acá el desastre, la contaminación. Ya sé que no son como las otras minas, pero aquí se va a usar el agua, que es fundamental para nuestra vida. La gente vive de la cría de llamas, del pastoreo de ovejas, de la pequeña producción, y nosotros queremos que eso se respete. La gente quiere hacer valer la producción del lugar y no emplearse por unos pocos años.
P: Teniendo en cuenta que las tierras que habitan integran una región estratégica compartida por la Argentina, Chile y Bolivia, conocida como el “Triángulo del Litio” y de la cual provienen dos tercios de la producción global de ese mineral, ¿qué dimensión pueden alcanzar los conflictos con las poblaciones originarias, que ya afirmaron su rechazo a las operaciones extractivas?
R: Nosotros vamos a dar lucha; no sé cuál será el resultado… Creemos que va a ser positivo, sino no empezaríamos a luchar. Pero esto empieza ahora; tenemos muchos derechos que en este momento no se están respetando y vamos a dar lucha hasta donde lleguemos.
