Jujuy, Argentina – 28/07/08. En un reciente comunicado dirigido al ministerio de desarrollo social de la provincia, las comunidades originarias del departamento de Santa Catalina, hicieron llegar su reclamo en torno a la explotación, cateo y pedimentos de emprendimientos mineros que el gobierno de la provincia concede a empresas en esta zona de la puna jujeña. La nota está firmada por representantes de las comunidades de El Angosto, La Ciénaga, San Francisco, Cabrería, San Juan de Oros, Oratorio, Puesto Grande, Hornillos, Yoscaba, Pasajes, Cieneguillas, Rodeo y Santa Catalina, refiriendo textualmente ‘no aceptar las imposiciones unilaterales y violatorias de la ley general de ambiente Nº 25.675 del gobierno de la provincia de Jujuy, al otorgar autorizaciones mineras’.
Fuente: Agencia COPENOA
Exigen cumplimiento de la ley nacional 25.675.- La nota en cuestión, está refrendada por representantes de las comunidades de El Angosto, La Ciénaga, San Francisco, Cabrería, San Juan de Oros, Oratorio, Puesto Grande, Hornillos, Yoscaba, Pasajes, Cieneguillas, Rodeo y Santa Catalina, quines se vienen reuniendo en asambleas ordinarias desde el 17 de abril hasta el 5 de julio pasado, refiriendo textualmente ‘no aceptar las imposiciones unilaterales y violatorias de la ley general de ambiente Nº 25.675 del gobierno de la provincia de Jujuy, al otorgar autorizaciones mineras’.
En el petitorio, que está dirigido al ejecutivo provincial, se manifiesta que ‘debe respetarse la decisión de las comunidades originarias, que expresan un no rotundo a la minería a cielo abierto, a gran escala, contaminante y radiactiva utilizando todo el caudal de agua de las comunidades y dejando contaminadas todas las reservas hídricas de la puna jujeña, y siendo esta región declarada por la UNESCO; reserva de biósfera, monumento natural de la laguna de Pozuelos, sitio Ramsar -humedad en la altura -y monumento natural de la laguna de Vilama’.
Además, las comunidades están exigiendo que ‘se erradique esta actividad monstruosa’ en referencia a la minería contaminante, añadiendo además ‘para lo cual utilizan artilugios, engaños y promesas falsas de trabajo, generando de este modo la desertificación y muerte de la fitogreografía, zoogeografía y sociogeografía en las zonas donde ya están instaladas’, sosteniéndose esta afirmación en el caso puntual de Mina Pirquitas, en el departamento de Rinconada, y Mina Eureka en el departamento de Santa Catalina.
Del mismo modo, el comunicado solicita que se respete la ley general de ambiente Nº 25.675, mediante la implementación de evaluaciones de impacto ambiental, establecido en los artículos 11 y 13 de la mencionada normativa nacional, al tiempo que exigen una ‘consulta’, donde las autoridades mediante este mecanismo puedan institucionalizarlos procedimientos de consultas o audiencias públicas, como una instancia obligatoria para la instalación de una determinada empresa minera.
La participación en el ordenamiento ambiental de territorio, es otro de los puntos que mediante el comunicado se le está exigiendo al gobierno de jujeño, solicitando textualmente que ‘la participación ciudadana debe asegurarse principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes de programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular -sigue diciendo el comunicado- en las etapas de planificación y evaluación de los resultados’.
En la misma nota, se pide que cualquier emprendimiento productivo ‘sea el resultado de la demanda consensuada de las comunidades originarias’, insistiendo con uno de los de los ejemplos más recientes en Cieneguillas, y que involucra directamente a la Co. De. Po. (Corporación para el desarrollo de la cuenca de Pozuelos), donde las comunidades denuncian que ‘el matadero de Cieneguillas fue una decisión inconsulta y con muchas irregularidades que violan la ley general de ambiente Nº 25.675’.
Finalmente, las comunidades originarias manifiestan que están de acuerdo con la ‘minería artesanal realizada por las personas de cada comunidad, para que esta fuente laboral brinde un ingreso económico y, apacigüe las necesidades básicas de una canasta con productos indispensables para el sustento diario de las familias’, además de insistir en que las instituciones como gendarmería y la policía de Jujuy efectúen correctamente los controles de los vehículos que transitan por las rutas del departamento de Santa Catalina, detectando así ‘a los que ingresan o intentan ingresar en nuestras tierras sin autorización alguna, utilizando diferentes maniobras’ reza el comunicado en cuestión.
