Desde Argentina hasta Honduras, comunidades resisten la expansión de la minería en América Latina, llevada a cabo por empresas británicas, canadienses y chinas. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) registra 284 “conflictos sociales” por la minería. La mayoría se encuentran en México, Chile y Perú, seguidos de Argentina, Brasil y Colombia. Detrás de esas cifras hay personas. Y detrás de cada uno de ellos, una familia y una comunidad.
Fuente: OCMAL
Según el último informe de la ONG Global Witness, más activistas ambientales son asesinados en América Latina que en cualquier otra región del mundo, con dos tercios de los casos en 2019. Colombia encabeza esta espeluznante lista, con 64 asesinatos.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) registra 284 “conflictos sociales” por la minería. La mayoría se encuentran en México, Chile y Perú, seguidos de Argentina, Brasil y Colombia. Detrás de esas cifras hay personas. Y detrás de cada uno de ellos, una familia y una comunidad.
A pesar de la creciente afluencia de capital chino y la importante presencia de empresas británicas, más de la mitad de las empresas que impulsan la minería en América Latina siguen siendo propiedad de empresas canadienses.
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Tal es el caso de la mina Fénix, en la ribera norte del lago Izabal, en Guatemala, ubicada en territorios reclamados por la comunidad maya Q’eqchi. La disputa con la comunidad local dio lugar a tres demandas en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario por acusaciones contra las empresas canadienses HudBay Minerals y HMI Nickel, y su subsidiaria CGN.
La primera de estas demandas se relaciona con el presunto abuso sexual de 11 mujeres, el 17 de enero de 2007, por parte de policías, militares y personal de seguridad vestidos con ropa de la empresa minera CGN, durante la expulsión de un centenar de familias de la comunidad Lote Ocho. El caso aún está en curso.
Una de las víctimas, Rosa Elbira Coc Ich, dijo que nueve hombres irrumpieron en su casa preguntando por su esposo y luego la violaron. Hoy no puede tener hijos, posiblemente debido a las heridas que sufrió. Entre las otras víctimas se encuentran mujeres embarazadas que perdieron a sus bebés.
Durante el juicio, las empresas mineras debieron entregar unos 20.000 documentos internos al demandante, Grahame Russell, director de Rights Action, una de las ONG que trabaja con las comunidades afectadas. Dijo: “Hay evidencia de que CGN pagó cientos de miles de dólares a los soldados y la policía para llevar a cabo los desalojos”.
La empresa niega las acusaciones.
Estrategia de desgaste
La Canadian Pan American Silver es otra de las empresas insignia de la región, con presencia en cinco países. En México opera dos proyectos, incluido La Colorada, en Zacatecas, la mina más grande de la empresa. Se inauguró en 2004 y una década después inició un proceso de expansión que desató un conflicto por el uso de la tierra con los habitantes de la zona.
El 13 de enero de 2017, personal de seguridad de Pan American Silver armado con armas obligó a 46 familias a desalojar las tierras que su comunidad había ocupado durante casi un siglo. Sus casas fueron destruidas y todos fueron reubicados en casas de hojalata que fueron prestadas, dentro de un conjunto habitacional ubicado a 200 metros de la entrada a la mina.
Los vecinos dicen que todo es parte de una estrategia de desgaste para obligarlos a abandonar la zona, que comenzó cuando la empresa minera despidió a los empleados que vivían en la comunidad. Añaden que ni siquiera pueden celebrar un cumpleaños fuera de sus casas y que no se permiten ruidos después de las 11 de la noche.
¿Feliz Navidad?
Pan American Silver ahora está tratando de avanzar en Chubut, en el sur de Argentina, con el proyecto Navidad. Pero esto ha estado sujeto a presuntas denuncias de corrupción por parte de la comunidad local, incluido el caso de un diputado provincial que fue grabado de manera encubierta pidiendo dinero para cabildear a favor de Pan American Silver. El diputado dijo que el video fue grabado antes de que asumiera el cargo.
La minería a cielo abierto y el uso de cianuro están prohibidos en la provincia de Chubut, luego de una consulta popular en la localidad de Esquel, en 2003. Esto significa que para que el proyecto se lleve a cabo la legislatura local tendría que reautorizar primero la minería en el provincia. El gobierno ya envió un proyecto de ley a la legislatura.
En total, OCMAL ha contabilizado 39 consultas populares sobre minería en la región, pero están concentradas en solo seis países. Sin embargo, los gobiernos no siempre han reconocido estos votos y en ocasiones han utilizado instrumentos legales para eludir sus resultados. Muchos han logrado modificar, retrasar e incluso detener proyectos.
Otra forma de participación directa son las consultas previas, pero suelen ser un mero trámite. En Honduras, hubo una sesión abierta del gobierno local en 2019 para discutir los sitios mineros ASP1 y ASP de Inversiones Los Pinares. Participaron más de 3.500 personas, quienes acordaron declarar el área libre de minería. La empresa, sin embargo, dijo que el resultado “no afecta en absoluto” sus operaciones.
“Nos topamos con un muro terrible a todos los niveles: municipio, gobierno central y empresa”, recuerda Juan Antonio López, vecino de Tocoa, en el norte de Honduras, y opositor al proyecto minero.
El conflicto en Honduras comenzó en abril de 2018, durante la construcción de caminos de acceso a la mina. El polvo producido al despejar un camino para las rutas de acceso es a menudo la primera señal reveladora de la llegada en serio de una empresa minera. En el proyecto binacional Pascua Lama entre Chile y Argentina, las autoridades chilenas pararon las obras porque detectaron la presencia de una capa de polvo en dos glaciares.
De regreso a Honduras, el polvo era visible en los ríos Guapinol y San Pedro, y en sus afluentes. “El agua parecía jugo de tamarindo”, recuerdan los residentes. Esto movilizó a comunidades que no habían protestado anteriormente.
Los aldeanos se hicieron cargo del edificio municipal durante dos semanas. Bloquearon el camino de acceso a la empresa y detuvieron la actividad. Llamaron al diálogo con el gobierno, pero las autoridades los invitaron a negociar un acuerdo financiero con la empresa. “Incluso nos dijeron que el Estado no era responsable de lo que nos pudiera pasar”, recuerda López.
Durante una de las muchas protestas, un disparo proveniente de un vehículo de la empresa hirió a un manifestante, según los relatos de los residentes sobre los hechos. La empresa lo rechaza. Los vecinos reaccionaron secuestrando al jefe de seguridad de la mina, quien luego fue entregado a la policía. La respuesta del Estado fue iniciar un proceso penal contra 18 residentes.
En febrero de 2019, otras 14 personas fueron acusadas. Fueron acusados de cometer seis delitos, incluido el de asociación ilícita.
Una investigación reciente de Mongabay encontró que entre Perú, Colombia, México y Ecuador, 156 defensores ambientales han sido “criminalizados”, 58 de ellos por conflictos relacionados con la mega-minería.
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Esta nota es una republicación de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) y se reproduce bajo una Licencia Creative Commons.
