El diario La Nación publicó ayer, 1 de marzo de 2020, el penoso artículo “La minería, un sector con potencial, pero con dificultades para desarrollarlo”. Su análisis se centra en las condiciones macroeconómicas y los problemas propios de la actividad con el foco puesto en forma lastimera en las enormes reservas argentinas que el sector minero no logra extraer.
“En tiempos en que commodities como el oro, la plata y el cobre muestran una tendencia al alza, y que el litio se erige como el gran insumo de las baterías para autos eléctricos, la minería en la Argentina sigue atrapada entre dos espejos: uno le devuelve su aplanada actualidad, con explotaciones por debajo de su capacidad, mientras que el otro le marca lo que podría ser en un futuro si se lograran reglas estables, una presión tributaria más acorde y una mejor relación con la sociedad y el Estado.
Tal como está, con problemas propios de la actividad y generales de la macroeconomía, la minería es el sexto complejo exportador del país. Vende al exterior por US$3289 millones y genera más de 25.000 empleos directos y más de 87.000 indirectos. La Argentina está entre los 15 destinos mundiales de exploración minera. La foto no parece mala, pero sabe a poco si se la mira bajo el lente de su potencial y se tiene en cuenta que se podría triplicar la producción: nuestro país es uno de los que reúnen mayores reservas de litio, oro y plata.”
La Nación reproduce, obviamente, el discurso de CAEM que reclama reducir la carga tributaria…
“Alberto Carlocchia, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), dice que para aprovechar los buenos precios y su capacidad productiva se debe bajar la presión impositiva y establecer reglas de juego claras y durables. “Acá hay que empezar a pensar distinto si se quiere tener a la minería como eje de desarrollo. Lo más urgente es reducir la carga tributaria, que es la más alta de la región”, opina.
Carlocchia subraya que la Argentina es el único país del mundo que castiga al que exporta, con impuestos que golpean el bolsillo y que, además, desalientan la actividad. “Eso no entra en la cabeza de muchos inversores; pero, superado eso, el gran problema son los cambios en las reglas de juego: en 2016 se quitaron las retenciones, pero en 2018 se volvieron a poner; entonces, en esos dos años aumentó la inversión, se amplió la vida útil de algunos proyectos y se inició uno nuevo, pero después todo volvió a caer”, relata.”
Carlocchia pone énfasis en la cuestión impositiva y muestra, mediante un análisis de la CAEM, que la presión fiscal sobre la minería en la Argentina es superior a la de Chile y Perú: con relación al PBI, en 2018 fue de 21% acá, de 16% en Perú y de 15% en Chile. “En 2019, acá subió a 24% si se toman en cuenta derechos de exportación, IVA (aplica solo a ventas internas), Ganancias, Créditos y Débitos, Regalías, Ingresos Brutos (solo ventas internas), cánones y aportes a fondos fiduciarios y entes públicos”, detalla el directivo.
Para hacer más bizarra aún la naturalización que La Nación hace de la promoción de la actividad minera La Nación pone como ejemplo de producción nada menos que a Perú y a Chile. Hace apenas unos días dimos cuenta de cuál es la situación de las regiones peruanas en las que se desarrolla minería metalífera y, aunque los medios ocultan la información, todos sabemos cuál es la real situación del pueblo chileno que desde hace cuatro meses protesta en las calles.
La Secretaría de Minería aporta números que hablan por sí solos: solo en cobre, desde 2008 hasta 2018, Chile recibió inversiones por US$77.000 millones (US$45.000 millones en nuevas minas y expansiones) y Perú captó US$33.000 millones, mientras que en igual período llegaron a la Argentina US$1000 millones. ¿El resultado? Chile agregó US$8267 millones en exportaciones y Perú, US$9360 millones, al tiempo que aquí se cayó de US$1122 millones en 2008 a US$277 millones en 2018.
Es preocupante además, que junto a cierto enmascarado cuestionamiento al federalismo se destaque el crecimiento de la minería en provincias como San Juan y Santa Cruz y a la vez se invisibilicen los severos hechos de contaminación ambiental en ambas.
Franco Mignacco, presidente de Minera Exar, desgrana algunas de las razones por las que la minería local no despega. “Por tratarse de un país federal, no hay una legislación unificada; además, no hay seguridad jurídica ni reglas estables en el tiempo, algo crucial para atraer inversores. Hay que tener en cuenta que las inversiones en exploración son de largo plazo y alto riesgo, porque muy pocos son los proyectos que tienen éxito o factibilidad”, explica.
Según destacan en el sector, la minería es una industria de altísimo riesgo y de largo plazo. Por eso, si no hay condiciones estables es difícil que haya inversión. Donde se mantuvieron determinadas condiciones, señalan en la cámara sectorial, el desarrollo minero se dio y a gran escala. “Por ejemplo, en San Juan (que aumentó su PBI y desarrolló otras actividades) y en Santa Cruz (esta provincia tiene 21% de su fuerza laboral en el sector minero y exporta US$1500 millones al año)”, destacan.
Como corolario, el artículo asegura -siempre en la voz del sector minero- que tenemos un “retraso” y que la minería constituye una “oportunidad”. Nuevamente lamentan que gran parte del suelo argentino esté intacto y prometen trabajar con las comunidades locales para convencerlas de que utilizarían los estándares que se usan en países desarrollados.
Pero ¿de qué magnitud es la inversión que se requiere? Hay proyectos de distintos tamaños, pero los de cobre, por citar un ejemplo, necesitan US$3000 millones cada uno para desarrollarse, construirse y ponerse en funcionamiento.
En el retraso local talla, según Carlocchia, otra variable que hay que tener en cuenta: “Somos un país que pudo sobrevivir gran parte de su historia sin minería; por eso quedó la sensación de que no es necesario impulsarla”, concluye Carlocchia.
Nicolás Bareto, presidente de Yamana Gold en la Argentina, dice que en su actividad conviven varias realidades. “En el sector de la tercera categoría (piedras, cal, rocas de aplicación), la suerte está atada a lo que suceda con la obra pública. El sector metalífero, en tanto, debe reactivar la inversión en exploración para empalmar con una nueva etapa de la minería, fortaleciendo nuevos subsectores y proyectos”, afirma.
Otro tema en el que hay que mejorar, según Mignacco, es el trabajo con las comunidades locales y la sociedad en general, para instalar el tema de la minería en el país y la cuestión ambiental, mostrando lo que se hace desde las empresas y el estándar con el que se trabaja (que es el mismo que se usa en países desarrollados que tienen a la minería como motor de su economía, dice).
Más allá de estas cuestiones, el potencial sigue intacto: basta decir que aún se desconoce 70% del subsuelo mineralizado local. Un estudio de la Secretaría de Minería muestra que el país tiene la capacidad necesaria para triplicar sus exportaciones mineras en una década y pasar de US$3289 millones a US$10.765 millones. “La minería es una oportunidad, no solo para generar dólares de exportación, sino para agrandar la industria y el comercio interno, dos facetas que debemos transparentar mejor”, concluye Bareto.
Ni el sector minero ni La Nación tienen en cuenta que es imprescindible lograr una licencia social que no tienen. Los pueblos saben que las multinacionales mineras no pueden mostrar un solo sitio en el que la minería haya impulsado el desarrollo local y que tampoco existe lugar en el mundo en el que la minería haya fortalecido los lazos sociales o conservado las condiciones de equilibrio natural.
Sigan lamentándose.
Fuente: La Nación
