20 jurisdicciones adhirieron al Nuevo Acuerdo Federal Minero de la gestión macrista mientras tres de las siete provincias que prohíben la minería no lo firmaron. Lo que no hará el acuerdo es alterar las prohibiciones que rigen en siete provincias (Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis, Tierra del Fuego y Córdoba) que impiden la minería metalífera a cielo abierto en Argentina. Tales leyes, en casi todos los casos, fueron producto de las demandas de la población que rechaza el modelo extractivo minero en sus territorios. Pese a lo anterior y a la fuerte oposición social que genera la actividad minera a gran escala, el gobierno nacional insiste en imponer el modelo extractivo minero y espera que el pacto atraiga inversiones por US$1.700 millones en 2018.Fuente: Latinominería

Ver también:

Más de un año llevó consensuar el texto del Nuevo Acuerdo Federal Minero (NAFM), el nuevo estatuto de la minería en Argentina firmado el pasado 13 de junio tras idas y vueltas de algunos gobernadores y la tajante negativa del salteño Juan Manuel Urtubey que hizo postergar la firma concretada luego en un acto que encabezó el propio presidente Mauricio Macri.

El gobernador de Salta le bajó el pulgar cuando vio que la cláusula del nuevo impuesto del 1% a la facturación atentaba contra las inversiones. El previo reclamo empresarial sobre dicho aspecto, sumado a que Salta es una provincia clave en el mapa minero argentino, hizo desechar ese punto y al final fueron doce las provincias firmantes: San Juan, Santa Cruz, Río Negro, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Catamarca, Buenos Aires, Tierra del fuego, Misiones, Río Negro y, aunque ausentes en el acto, también lo hicieron Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes, Mendoza y Salta.

¿Qué sigue? Ahora el Acuerdo deberá ser aprobado por el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Y lo más ansiado por el sector, que el NAFM traiga inversión. Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), en los próximos cinco años el sector recibirá US$20.000 millones en inversiones. La entidad indica que hay comprometidos US$ 1.145 millones en proyectos mineros en etapa de factibilidad y de construcción, y de exploración; cifra que se espera trepe a US$1.700 millones en 2018.

Entre los beneficios económicos que se espera que generará el nuevo acuerdo, figuran inversiones por U$S25.000 millones a 2021, sumando a 40.000 nuevos puestos de trabajo. La CAEM estima, además, que a 2021 surgirán 8.000 pymes vinculadas al sector.

El lado B

Lo que no hará el acuerdo es alterar las prohibiciones que rigen en siete provincias (Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis, Tierra del Fuego y Córdoba) que impiden la minería metalífera a cielo abierto en Argentina. Tales leyes, en casi todos los casos, fueron producto de las demandas de la población que rechaza el modelo extractivo minero en sus territorios.

Solo cuatro de las provincias  (La Rioja, Chubut, La Pampa y San Luis) no firmaron el nuevo pacto. El resto, Tucumán, Mendoza, Tierra del Fuego y Córdoba, sí lo hizo. La duda es saber si lo hicieron simbólicamente o hay intenciones reales de que la minería renazca.

Cuantificar el impacto de la legislación anti minería ha sido una tarea compleja en Argentina. Solo como indicador, y a modo de ejemplo, el titular del Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), Ricardo Martínez, señala a los cinco proyectos más notorios que han sido dilatados por leyes antimineria y les puso valores.

“A las pérdidas que se produjeron por demorar la puesta en marcha, no contribuir con regalías, no aportar Impuesto a las Ganancias, no explorar en brownfields, no contribuir a la balanza laborar con empleo directo y no generar riqueza y ganancias para las empresas que tienen los proyectos. Esto me dio una estimación aproximada a los US$16.000 millones y seguro me quedo corto”, precisa Martínez.

Los cinco proyectos a los que hace mención Martínez son Navidad (Chubut), San Jorge (Mendoza), Suyai (Chubut), Don Sixto (Mendoza) y Calcatreu (Río Negro, en dicha provincia se derogó en 2011 la ley que prohibía el uso de cianuro y regía desde el 2004).

Las leyes

Chubut

– Ley 5001 (abril de 2003), prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. También prohíbe la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Es una de las provincias con mayor potencial en el mundo de plata, plomo y oro, y también de uranio con el yacimiento “Cerro Solo”.

Tucumán

– Ley 7879 (marzo de 2007), prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción minera.

Mendoza

– Ley 7.722 (junio de 2007), prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

La Pampa

– Ley 2349 (agosto de 2007), prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y toda sustancia química contaminante en el proceso de cateo, prospección, extracción, explotación, tratamiento y/o industrialización de minerales metalíferos y la explotación minera de minerales metalíferos a cielo abierto.

 Córdoba

– Ley 9526 (septiembre de 2008), prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas. Prohíbe el uso de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico.

San Luis

– Ley 634 (octubre de 2008), prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, etc. en los procesos mineros metalíferos de prospección, cateo, exploración, explotación, beneficio y/o industrialización, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

Tierra del Fuego

– Ley 853 (diciembre de 2012) que impide la extracción de minerales metalíferos bajo la modalidad “a cielo abierto” y el uso de diversos productos químicos en la actividad (“incluyendo los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio e industrialización in situ”).

Post Views: 26