Pueblos indígenas y organizaciones sociales enviaron una solicitud de reunión urgente a Relatorías Especiales de la ONU en la que denuncian que el país está al borde de una crisis institucional y territorial debido a desalojos inminentes de comunidades indígenas y por la posible derogación de su protección legal ante proyectos extractivos.
Por: Noalamina.org
Foto de portada: Roxana Sposaro
Diversas organizaciones y representantes de pueblos indígenas, han solicitado una reunión con Relatorías Especiales para abordar la grave situación de los desalojos, la posible derogación de la Ley 26160 y la discriminación y violencia hacia los pueblos indígenas. Se ha solicitado la intervención urgente de la ONU para intentar frenar los desalojos, proteger los territorios, asegurar la protección ambiental y garantizar la consulta libre, previa e informada a las comunidades sobre cualquier proyecto o medida que afecte sus derechos.
Las preocupaciones no son infundadas:
- Los medios de comunicación hablan cada vez más sobre la posible derogación de la Ley 26.160 que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas de sus territorios ancestrales.
- La reciente resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que derogó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, esencial para el reconocimiento jurídico de estas comunidades.
- Los cambios políticos y el ascenso al poder político (y económico) de sectores vinculados a la derecha han intensificado una retórica que deslegitima y hostiliza a los pueblos indígenas al no reconocerlos como legítimos e históricos sujetos de derecho, cuestionando y vulnerando sus derechos constitucionales y convencionales.
- La falta de voluntad de una sanción de ley de propiedad comunitaria indígena, tan necesaria para garantizar de manera efectiva la seguridad jurídica de los territorios.
- Un contexto de crecientes presiones de actividades mineras, de hidrocarburos, desmontes y otros proyectos económicos en territorios habitados por comunidades indígenas que conllevan desalojos violentos y criminalización de las resistencias.
