El negacionismo a la crisis ecológica de Javier Milei y sus secuaces no es una novedad para nadie, en reiteradas ocasiones tanto el presidente como sus adeptos se posicionaron contra las políticas de conservación de la naturaleza y de lucha contra la crisis ambiental. Pero no solamente ignoran la problemática ecológica, sino que ven al ambientalismo como un enemigo a combatir.
Desde su irrupción en el ámbito político, el liberalismo económico argentino ha dejado en claro su posición frente a la crisis ecológica planetaria: “no existe”. En las campañas electorales del 2021 y 2023 esa premisa quedó plasmada en insólitas declaraciones afirmando que “el cambio climático es un invento”, cuestionándose “¿Cuál es el problema si una empresa contamina un río?”, asegurando que los Parques Nacionales crean “cargos públicos para militantes” o proponiendo “privatizar el mar”. Declaraciones de Javier Milei, Victoria Villaruel y el Diputado ‘Bertie’ Benegas Lynch, respectivamente.
Siendo gobierno ratificaron esa posición, que se vio reflejada en la eliminación del Ministerio de Ambiente y en las modificaciones a la legislación ambiental del DNU 70/30 y del proyecto de “Ley Ómnibus”. También en varias declaraciones del Presidente, sus ministros o Diputados.
Para el presidente, cualquier posicionamiento diferente al suyo es “socialismo”, “marxismo” o “casta” y, bajo esa óptica, encabeza la batalla cultural contra “los zurdos de mierda”. Para Milei, el cambio climático “es un invento del marxismo cultural” y los problemas ambientales se solucionan con derechos de propiedad sobre la naturaleza, afirmaciones sin sustento científico o empírico alguno.
En términos políticos, la frágil situación ecológica le es muy cara al gobierno porque pone en evidencia que en el mundo hay mucho más que individuos y que lo ambiental es un problema colectivo en el que nadie se salva solo, y que requiere acciones y políticas colectivas. Por eso Milei no tiene otra alternativa que negar la crisis ecológica, porque aceptarla demolería su base político/ideológica y su modelo económico.
Pero el gobierno no solo niega la crisis ambiental, sino que ve al movimiento ambientalista como uno de sus tantos enemigos a combatir. Lo combate ignorándolo y restringiendo su participación en el Estado, derogando leyes de conservación ambiental que son herramientas fundamentales para la militancia ecologista o despotricando a organizaciones o personalidades del movimiento. Las regulaciones anti protestas también constituyen una herramienta de combate al movimiento ecologista, recordemos que en el pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dirigió operativos represivos contra protestas vinculadas a lo ambiental, en ocasiones con sangre de por medio.
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, explica que “el gobierno considera al movimiento ambiental como un enemigo a combatir porque –cree que- es un enemigo de la propiedad privada, y eso es muy peligroso en una América Latina que se posiciona a la cabeza del ranking de activistas asesinados”, en este contexto “me preocupa mucho la gente de los territorios” del interior del país, advirtió en dialogo con Sala de Prensa Ambiental.
En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el único punto ambiental del discurso presidencial fue pedirles a los gobernadores “un compromiso de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, Milei también manifestó la intención de volver a tratar la “Ley Ómnibus”, que repercutiría directamente en leyes tan importantes como la Ley de Glaciares o la Ley de Bosques. Además, amenazó al Congreso advirtiendo que si no aprueba sus reformas: “conflicto tendrán”.
Este avasallamiento al patrimonio natural del país y a las leyes de protección ambiental generaron preocupación en parte de la sociedad. Muchas personalidades y organizaciones del movimiento ecologista manifestaron su preocupación por el retroceso de décadas en materia ambiental.
Greenpeace Argentina fue una de las tantas ONG’S que se manifestaron al respecto: “insistir con las regresiones –ambientales- es contrario a las necesidades de Argentina y la salud del medio ambiente. Se trata de leyes que han tenido un impacto positivo, y que más que derogarse, deberían perfeccionarse”. “No podemos permitir que se sacrifiquen los recursos naturales que abastecen a ecosistemas, poblaciones, y diversas actividades productivas solo para beneficio de unos pocos”, señalaron en X.
Rápidamente el aparato Mileista salió a despotricarlos. El Diputado bonaerense Agustín Romo pidió “declarar a Greenpeace organización terrorista”, argumentando que “es una ONG británica que tiene como objetivo impedir el desarrollo nacional utilizando como excusa al ambientalismo. Hay que expulsarlos del país para siempre”, opinó desacertadamente en X. Al respecto, no vale la pena aclarar que Greenpeace no es una organización terrorista; pero si amerita explicar que esta ONG surgió en 1971 en Canadá protestando contra las pruebas de bombas nucleares en la zona cercana al Ártico.
Luego se supo que en 2023 Romo también amenazó al presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, aunque no trascendieron los detalles.
Paradójicamente, el anunció de que la corona británica aumentó en 166.000 km2 su control sobre el Mar Argentino alrededor de las islas Malvinas no despertó la misma preocupación en el aparato ‘libertario’. Recordemos que el presidente considera a la criminal de guerra Margaret Thatcher una referente y la rememora como una “gran líder”.
Volviendo al eje, vale recordar que históricamente el movimiento ambientalista ha mantenido una tensa relación con los gobiernos de distintos signos políticos; pero al menos había una relación, para bien o para mal. Ahora, el dialogo se interrumpió y, al mismo tiempo, la tensión aumentó exponencialmente.
Sin ninguna duda, el movimiento ambientalista seguirá luchando por el bienestar de la naturaleza y, por consiguiente, de los 46 millones de argentinos que dependemos de ella, con sus matices y diferentes perspectivas, pero sin responder con violencia a las provocaciones del poder de turno. Finalmente, queda preguntarnos si ¿el gobierno respetará la Constitución y las leyes vigentes que garantizan el Derecho de todo ciudadano a expresarse y reclamar acerca de aquello que lo aqueja?
Fuente: EcoPress
