El proyecto de la Legislatura da ventajas a esta actividad por sobre otras. El texto para proteger los bosques nativos que se discute en la Legislatura provincial podría ir directo a tribunales si se aprueba un artículo que da a la minería plena libertad de desmonte.
Fuente: diario La Voz del Interior
16/07/2010. Esta conclusión surge de un análisis realizado por Alicia Morales Lamberti, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en derecho minero y ambiental. Las conclusiones fueron enviadas a la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Cotbn).
El artículo 39 dice: “… está permitida la actividad minera en todas las categorías de conservación, previo estudio de impacto ambiental debidamente aprobado por la autoridad de aplicación”. Para la especialista, esto significa que se permite el desmonte en cualquier categoría, incluso en la zona roja donde no se puede desmontar ni siquiera para sembrar forraje.
Según Morales Lamberti, esta excepción no está contemplada en la ley nacional de presupuestos mínimos (26.331), por lo que se plantea un escenario de inconstitucionalidad. “La excepción no puede contradecir otras normas, más si son de mayor jerarquía”, explicó.
Agrega que, además, dibuja un escenario de inequidad, al fijar un trato diferenciado para la industria minera (que puede desmontar en cualquier parte del territorio) frente a otras actividades. Otros sectores productivos podrían plantear la inconstitucionalidad por este trato diferenciado.
Morales Lamberti explicó que en cualquiera de los casos los argumentos de inconstitucionalidad se desprenden de la propia ley y, al no requerirse ninguna prueba, la resolución sería inmediata.
El artículo autoriza la excepción “previo estudio de impacto ambiental aprobado”. La especialista precisó que este procedimiento es más flexible que el que se pide para otros casos de desmonte, a los que se les solicita una evaluación de impacto ambiental (más completo que un estudio) y son sometidos a una audiencia pública.
Esta excepción no corre para la minería metalífera y nuclear, las cuales están expresamente prohibidas por la ley provincial 9.526, aprobada en 2008 pero que ahora el Tribunal Superior de Justicia analiza si es inconstitucional.
Tras varios meses de debate abierto, los legisladores de la Comisión de Asuntos Ecológicos presentaron el 23 de junio un proyecto de ley para proteger los bosques nativos.
Como exige la norma nacional, el texto zonifica al territorio cordobés en tres categorías según el grado de conservación de sus montes y las actividades productivas permitidas en cada una. El proyecto sería sancionado en agosto.
