Córdoba, 7 de abril de 2008.- El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo 2004 le pidió al gobierno de Córdoba que declare “zona de exclusión minera la cuenca del arroyo chico de Nono, la cuenca del río Mina Clavero y la totalidad de la Reserva Hídrica Pampa de Achala. De este modo no podrán buscar uranio ni otros minerales metalíferos en una zona donde la prioridad es proveer agua pura para el valle”. El informe de impacto ambiental que presentó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) al gobierno de Córdoba para que se le autorice la prospección de uranio en Traslasierra “es técnicamente inaceptable” porque “no evaluó el impacto negativo del cateo sobre las actividades turísticas y productivas del valle”.
Fuente: FUNAM
Montenegro sostuvo que CNEA “no tiene autoridad moral ni técnica para buscar uranio en las Sierras de Córdoba porque su mina de uranio de Los Gigantes, aguas arriba de Villa Carlos Paz, contaminó indiscriminadamente el río San Antonio e hizo peligrar la actividad turística del valle de Punilla hasta que logramos su cierre en 1989.
Peor aún, CNEA ni siquiera ha remediado las miles de toneladas de residuos radiactivos de baja actividad que guarda en pésimas condiciones en barrio Alta Córdoba, donde yacen 36.000 toneladas de residuos, almacenados sin membranas, y en la mina de uranio de Los Gigantes, que tiene más de 4 millones de toneladas de residuos sólidos con uranio y unos 100.000 metros cúbicos de aguas contaminadas”.
Montenegro indicó que la prospección de uranio en la zona “es inaceptable” y “viola en forma flagrante las ordenanzas municipales n° 429 y 025 que declararon a Mina Clavero y Nono, respectivamente, como zonas no nucleares en 1992. Tenemos presentes estas prohibiciones porque a los proyectos de ordenanza los redactó FUNAM para frenar los intentos de CNEA de buscar uranio en Traslasierra, algo que finalmente los vecinos consiguieron”.
Mal evaluado: visto bueno preliminar de la UGAP, un organismo de la secretaría de minería
FUNAM calificó de “mal hecho” el informe que presentó CNEA a la provincia para poder buscar uranio, y de haber sido “mal evaluado” por la Secretaría de Minería. El Dr. Raúl Montenegro indicó que CNEA y el gobierno “olvidaron evaluar el impacto que tendría la búsqueda de uranio sobre el turismo y la agricultura local. En el mejor de los casos los responsables de CNEA y la Secretaría de Minería actuaron como aprendices, no como profesionales capacitados”. El informe de impacto ambiental que presentó la CNEA al gobierno de Córdoba para que se le autorice la prospección de uranio en Traslasierra “es técnicamente inaceptable” porque “no evaluó el impacto negativo del cateo sobre las actividades turísticas y productivas del valle”.
El biólogo Raúl Montenegro recordó por otra parte que funcionarios de la Secretaría de Minería habían analizado el informe de impacto ambiental “sin darse cuenta que faltaba evaluar el impacto del cateo sobre las actividades turísticas y productivas, y lo que más serio aún, consideraron que 'podía emitirse la declaración de impacto ambiental relativa a la autorización de la búsqueda de uranio'. Es decir que la Unidad de Gestión Ambiental Provincial, UGAP, ya le dio su visto bueno en febrero del año pasado”. Agregó que esa Unidad de la Secretaría de Minería “solo le impuso a CNEA dos exigencias casi irrelevantes” y que “no evaluó el impacto de la prospección de uranio en el turismo y las actividades agrícolas”.
