Los Equipos de Pastoral Aborigen y Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro Rivadavia reiteran su inquietud ante la decisión del Ejecutivo provincial de avanzar con la megamineria en la provincia enviando a la legislatura un marco regulatorio echando por tierra el espíritu de prohibición de la ley 5001. “Nuestra provincia podría liderar otro tipo de propuesta de un “desarrollo alternativo, integral y solidario”, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una ecología natural y humana, superando la lógica utilitarista e individualista”, donde los poderes económicos, tecnológicos y políticos no se someten a criterios éticos.”
Declaración de los Equipos de Pastoral Social y Pastoral Aborigen- Diócesis de Comodoro Rivadavia
Por un desarrollo integral, solidario y sustentable (2)
Los Equipos de Pastoral Aborigen y Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro Rivadavia reiteran una vez más su profunda inquietud ante la decisión del Ejecutivo provincial de avanzar sobre el tema de megamineria en la provincia enviando a la legislatura un marco regulatorio echando por tierra el espíritu de prohibición de la ley 5001, siendo ésta la primera Ley en el país que sentó antecedentes rechazando la extracción megaminera con uso de tóxicos y contaminantes.
Como Iglesia chubutense, junto a otros actores sociales con los que compartimos el mismo espacio de ciudadanía, somos partícipes desde hace años de la misma honda preocupación acerca de la política extractiva en nuestra provincia. Esta voz se ha mezclado e integrado con otras voces que sienten la misma inquietud y tienen los mismos anhelos de un desarrollo que sea humano, integral, solidario y sostenible para los pobladores de nuestra provincia. Y desde nuestra visión tanto cristiana como ciudadana, abordamos este desafío que trasciende lo exclusivamente religioso, para buscar de abordarlo de manera integral. Ningún aspecto puede quedar fuera, ya que afecta a todas las dimensiones del ser humano.
Es por eso que desde hace años, los obispos patagónicos y sus equipos de Pastoral Aborigen y Social, se han manifestado recurrentemente respecto de este tema, rechazando firmemente una política extractiva megaminera con uso de explosivos y de insumos tóxicos cuyo poder de contaminación y producción de desechos, sabemos, traen efectos devastadores hacia recursos como el agua, el suelo, el aire y la luz, que son bienes comunes.
La tensión provocada por la lógica de un sistema mundial de producción ha generado una cultura consumista que hemos de cuestionar terminantemente, para garantizar un futuro común para todos: los que estamos y los que vendrán. Interpelamos este modo de vivir que solo está trayendo saqueo, depredación y pobreza, contrariamente al mensaje que nos venden quienes manipulan, desde sus lugares de poder, la opinión popular ofreciéndonos un mundo de satisfacción inmediata, de pleno empleo y de bienestar económico. Por eso decimos trabajo si pero no a cualquier precio!!!
Definimos como un retroceso al actual estado de situación de querer modificar con un marco regulatorio una ley que fuera el fruto de una lucha y reivindicación de todo un pueblo como lo fue aquel histórico “No a la mina” de Esquel.
Consideramos que es necesario plantear de un modo integral y desde otro paradigma esta cuestión acerca de la megaminería ya que no solo es posible hacerlo desde un enfoque economicista e unilateral. Necesitamos saber y reflexionar acerca de otros modos de sustentar la vida y el desarrollo económico que no sea mediante el uso indiscriminado de bienes naturales, que terminarán con la capacidad generosa de nuestro planeta.
La notable experiencia colectiva de Esquel y de otras convocatorias, las cuales se han ido sumando a este inexorable movimiento de resistencia crítica, a partir de la participación y del protagonismo ciudadano, nos demuestra la opinión de muchos que al momento, no ha sido escuchada. Sigue persistiendo, agazapada, la decisión política que reniega de la voluntad popular expresada en la ley 5001 desnudando una vez más las deficiencias del sistema de representación política cuestionado por su fragilidad y falta de transparencia.
Es sabido por todos que esta minería afecta directamente “los Derechos de las comunidades aborígenes, alterando su hábitat, y poniendo en riesgo la base de su subsistencia centrada en la ganadería ovina y caprina, agrediendo su cultura caracterizada por el respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (1).
“La Constitución Nacional (art. 75, inc. 17) y la Provincial (art.34) establecen su participación en la gestión referida a los recursos naturales y en los demás intereses que los afecten”. Por su parte el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y a la participación”(2) lo cual impone al Estado el deber de consultarlos obligadamente. Ellos deben ser los responsables y los protagonistas de su modo de vivir y de su cultura y de su destino. Aún no se han instrumentado los mecanismos que aseguren el respeto del derecho a la participación indígena, incluso facilitado los medios económicos necesarios y con los tiempos adecuados para que las instituciones representativas puedan ejercer estos derechos. Y esto es de indudable competencia del Estado.
Reiteramos una vez más que no podemos seguir esgrimiendo la idea de “progreso” y “desarrollo” en desmedro del agotamiento de los recursos humanos y naturales, a cualquier costo, amenazando la vida de futuras generaciones, en una relación de desigualdad e injusticia. Hoy ya estamos pagando un precio muy caro.
Pero insistimos en que es “necesario instalar una visión ético-espiritual, -la cual supera el plano religioso y es propiedad de todas las personas- de profunda raíz histórica, cultural y ancestral para acordar decisiones compartidas, de manera responsable y comunitaria, interpelando y oponiendo otro modelo distinto al provisto por el sistema donde el afán de lucro y de explotación hiere permanentemente a los recursos de nuestro planeta” (3).
Nuestra provincia podría liderar otro tipo de propuesta de un “desarrollo alternativo, integral y solidario”, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una ecología natural y humana, superando la lógica utilitarista e individualista”, donde los poderes económicos, tecnológicos y políticos no se someten a criterios éticos. (4)
Hoy necesitamos rescatar la actitud del cuidado y la protección como instrumentos para un “buen vivir”, como gesto amoroso que pretende preservar la herencia que recibimos del universo y de la cultura y garantizar verdaderamente un mejor futuro para todos. (5)
Tenemos una oportunidad – como pueblo, como democracia- la de pensar en un”gran proyecto cultural que nos puede llevar a una interpelación ética frente a la crisis de valores de nuestra cultura moderna” donde el vivir bien se torne en una alternativa al vivir mejor que nos vende esta sociedad (6).
Julio del 2012
Citas:
(1)(2)(3)(4) Documento: “Reflexiones sobre la Megaminería ” Virginio Bressanelli scj, obispo de la Diócesis Comodoro Rivadavia y Comisiones Diocesanas de Pastoral Social y Pastoral Aborigen, 2009.
(5) “Críticos, creativos, cuidantes- textos breves”: Leonardo Boff, Centro Nueva Tierra, 2005
(6)”Vivir bien: el gran paradigma indígena”: Gregorio Iriarte, Cochabamba, Bolivia ,Agenda Latinioamericana mundial 2012, Ed. Claretiana.
