Ante los terribles hechos ocurridos en Provincia de Chubut el martes 27 de noviembre en horas de la tarde, donde asambleístas no a la mina fueron gravemente heridos por patoteros que actuaron ante la inacción de la policía que permitió la brutal paliza.
Por Adolfo Pérez Esquivel – presidente Fundación Servicio de Paz y Justicia SERPAJ
Buenos Aires, 28 de noviembre del 2012
Hemos recibido la siguiente información por parte de quienes han sufrido esta terrible agresión:
Los hechos ocurridos se desarrollaron cuando militantes de las organizaciones socio-ambientales que conforman la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) se autoconvocaron en la legislatura chubutense de manera pacífica como habitualmente hacen, para defender la ley 5001 que prohíbe la mega minería.
El Gobierno provincial mediante un marco regulatorio que debe emitir la Legislatura de Chubut quiere anular esta prohibición.
En ese momento fueron violentamente reprimidos por un contingente, contratado en la ocasión, que se desplazó con palos y cadenas, ubicándose detrás de emplazamientos de doble vallado colocados por la policía provincial. Otro grupo represor con carteles pro mineros había ingresado a Rawson desde la localidad de Paso del Sapo.
Son muchos los heridos, algunos de suma gravedad y conforme a explicaciones de los compañeros movilizados hacía tiempo que no se veía en la provincia del Chubut semejante represión.
Ministros y funcionarios del gobierno de Buzzi habían descartado realizar una consulta popular considerando que una legislatura leal a sus fines haría las reformas del marco regulatorio minero, después de todo –dicen para negar la consulta- “el pueblo gobierna a través de sus representantes”. Con las fuerzas de choque el gobierno de la provincia del Chubut pretende demostrar que hay una parte importante de la población que desea la mega minería contaminante y tal como se aprecia, la violencia es el camino que utilizan para aprobar un marco regulatoria propicio.
Ante estos hechos que, una vez mas pretenden reprimir la legitima protesta social, expresamos nuestra preocupación y repudio. Esta forma de “disuasión” viene dándose a lo largo y ancho del territorio de nuestro país y no debemos permitirla.
Exigimos a las autoridades, que se respete la voluntad popular expresada en la ley 5001 que prohíbe la mega minería en el Chubut, que identifique de los agresores y que se aplique sobre ellos las leyes correspondientes a estos graves hechos de violencia.
Adolfo Pérez Esquivel
Presidente
Fundación Servicio Paz y Justicia
