Un allanamiento dictado por la Justicia Federal que terminó con tres detenidos. Aprovechando esa situación el juez Colabelli ordenó una medida similar en el marco de una causa por abigeato. Se llevaron todos los animales, hubo enfrentamientos. Hay otras seis personas demoradas en El Maitén.
Por Pablo Fernando Quintana, foto y viedo de Leandro Antiman
En plena feria judicial, finalmente se llevó a cabo el escenario menos deseado. Un allanamiento que fue autorizado por el juez Guido Otranto con el propósito de retirar los materiales que habrían sido colocados sobre las vías del Viejo Expreso Patagónico La Trochita y que impedían su circulación en la zona del territorio recuperado en Vuelta del Río.
Con la sola intención de identificar a las personas que se encuentran imputadas de la comisión del delito previsto en el art. 194 del Cód. Penal, el procedimiento no tenía como propósito la detención de persona alguna, salvo de aquellas que intentaran resistir las actuaciones. Así lo especificó el magistrado que firmó la orden de un accionar que posteriormente quedaría bajo la tutela del Comandante Mayor, Dante Zabala.
Pero el operativo no fue la simple notificación de las acciones por seguir. Estaba debidamente concebido. Un operativo cerrojo se realizó en torno al territorio recuperado sin que nadie pudiese acceder al lugar. La Ruta 40 fue cortada impidiendo el paso a cualquiera que intentara, ayer por la mañana, circular por esa zona.
Justo a la altura donde un cartel promociona el Museo Leleque de los Benetton, estaba el piquete con el que Gendarmería impedía el paso a cualquiera que intentara pasar por el lugar. Eran desviados hacia Cholila, y lo mismo ocurría viniendo desde la Comarca Andina hacia Esquel.
El control era estricto. Al punto tal que cuando los defensores oficiales de la Justicia del Chubut, Gerardo Tambussi y Fernando Radziwilosky intentaron pasar les impidieron el paso. Es más, Radziwilosky estuvo a punto de ser esposado por parte de los efectivos hasta que el abogado tuvo que exhibir credenciales.
El accionar de la fuerza pública comenzó poco después de las 8 de la mañana y duró casi hasta el mediodía con la detención de tres hombres que se interpusieron a la realización de la medida.
En un comunicado oficial, el juez Otranto aclaró que la disposición no estaba destinada a hacer cesar la ocupación que el Lof en Resistencia del Departamento Cushamen sostiene desde marzo de 2015.
El magistrado sostuvo que el procedimiento fue ordenado el 22 de diciembre pasado ante la imposibilidad de solucionar el conflicto por intermedio de la mediación que había dispuesto a raíz de la denuncia que efectuó el gobierno provincial por la imposibilidad de transitar que tenía el Viejo Expreso Patagónico La Trochita en esa zona.
Entre marzo y noviembre de 2016 comenzó a instrumentarse ese mecanismo de resolución alternativa de conflictos hasta que en noviembre Juan Martín Bortagaray, que por entonces presidía la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO), decidió poner fin a las conversaciones.
Las casualidades quisieron que al frente de CORFO, de quien depende La Trochita, se encuentre hoy Hernán Alonso, un hombre que pasó por el ministerio de la Producción, pero que fundamentalmente proviene de la Sociedad Rural de Esquel.
La justicia federal había librado entonces una orden judicial a los miembros del Lof para que no impidieran la circulación del tren, en caso de que la autoridad provincial decida emprender el tránsito del ferrocarril por la zona en conflicto. La diligencia encomendada a la Policía del Chubut para comunicar la orden no pudo ser cumplida porque el efectivo policial destinado fue recibido por un integrante del lof con el rostro cubierto, aclara el juzgado, que se negó a recibir la notificación.
La justicia adujo haber realizado una inspección judicial a mediados de diciembre a través de un sobrevuelo para constatar la existencia de obstáculos que pudieran impedir la circulación del ferrocarril, certificando que había cuatro puntos del trazado cruzados con ramas, troncos y durmientes.
Lo cierto es que la acción se tomó en medio de una feria judicial y no se pudo contar con veedores el accionar de la fuerza pública, tal cual como en alguna oportunidad integrantes de organismos de derechos humanos habían demandado.
“La justificación de los allanamientos como una medida intrusiva de los derechos de la privacidad tiene que respetar ciertas reglas, entre ellas la proporcionalidad, la urgencia y que sea una medida gravosa. Evidentemente que esta medida con el tema de La Trochita, de ninguna manera tiene sustento. Porque es una causa que lleva muchos meses, porque las partes todas han tenido conocimiento. Un juez que no estuvo a la cabeza de las actuaciones. Estoy segura que no tuvo dimensión de esta situación”, se quejó la abogada Sonia Ivanoff.
El resultado fueron tres personas detenidas (Ricardo Antihuel, Ariel Mariota Garzi y Nicolás Hernández Huala) que fueron trasladados al Escuadrón 36 “Esquel” de Gendarmería Nacional donde fueron identificados y luego trasladados a la Unidad nº 14 del Servicio Penitenciario Federal. Hoy se les tomará declaración indagatoria.
De acuerdo a la información proporcionada por el juzgado Federal uno de los tres detenidos del lof en Resistencia del Departamento Cushamen tendría un corte en la frente y otro un golpe en la nariz.
Desde las oficinas que posee el juzgado federal en 25 de Mayo y San Martín, se informó además que tres mujeres gendarmes sufrieron heridas (traumatismo de cráneo, fractura de tibia y otra con un traumatismo en un brazo) mientras que un gendarme tendría una herida en la pierna.
En el lof, quedaron algunos hombres, mujeres y niños tras una mañana terrible. “Hicieron un desastre, nos hicieron mierda”, dijo Martiniano Jones Huala tras llegar al lugar. Varios lesionados, algunas mujeres con hematomas.
Aquellas que intentaron refugiarse en el interior de las ruka fueron arrastradas al exterior. Los efectivos irrumpieron hasta con matafuego apagando el fuego y las brasas que los “peñi y lamien” tenían en el interior de la vivienda. Son las imágenes que quedaron en el lugar, según el relato de la médica Elvira Gauna, integrante de la Mesa Promotora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Esquel.
Llamativo, porque el operativo tenía como propósito habilitar las vías del tren. No se explica entonces el porqué de los allanamientos en la ruka y la persecución a las mujeres que había en el lugar.
Se metió “Cola”
Pero la pesadilla no terminó allí. Cuando Gendarmería terminaba con su faena alrededor del mediodía, hizo su ingreso la división Montada de la Policía del Chubut por orden del juez José Oscar Colabelli.
Es curioso porque el año pasado en el marco de esta misma causa, Colabelli aceptó la recusación en una de las audiencias de control de detención de Martiniano Jones Huala por la parcialidad en la que podría incurrir el magistrado. En ese momento, dos jueces presidían la audiencia, el propio Colabelli y Jorge Criado, ambos fueron recusados por la defensa. Criado no se apartó y el conflictivo magistrado preguntó al imputado: “¿Usted creé que seré parcial?”. “Si”, fue la respuesta lacónica de quien luego sería sobreseído por el juez Martín Zacchino.
Colabelli cobró relevancia por aquél violento desalojo que ordenó en el 2003 contra la comunidad Vuelta del Río. Fue destituido y luego reincorporado en su cargo por un “error técnico” en la conformación del jury que hubiese puesto fin a su carrera.
La medida de ayer, dictada por el polémico magistrado, tiene origen en una denuncia que promovió Benetton y que impulsa el fiscal Oscar Oro con asiento en El Hoyo. Sin embargo, en esta oportunidad el pedido fue realizado por su ayudante, el doctor Carlos Díaz Meyer.
Una causa por abigeato que fiscalía intentó inducir el pasado 20 de diciembre pero la acusación “estaba flojita”, dijo una fuente judicial. El juez Zacchino ordenó que la presentación fuera reelaborada y habría sido elevada nuevamente el 29 del último mes del año que llegaba a su fin. El expediente no se movió más, pero aprovechando el operativo cerrojo montado en torno al territorio recuperado, Colabelli envió a la Montada. Como consecuencia del procedimiento se llevaron todos los animales que había en el lugar.
Tras el allanamiento y en el intento por recuperar los animales de la comunidad (inclusive de comunidades vecinas que habían llevado los suyo para futuras ceremonias), se produjeron nuevos enfrentamientos. Dos personas del lof fueron heridas y detenidas (estarían internadas en el Hospital Rural de El Maitén). Otras estarían demoradas en la comisaría de esa misma localidad. Este caso se manejó con un hermetismo que impidió conocer con precisión la cantidad de personas privadas de su libertar hasta el cierre de esta edición.
Entre los detenidos estarían José Luis Buchili, Ivana Huetelaf, Gustavo Jaime, Daniela González, Javier Huencapan, Javier Huenchipan Ruiz y Gonzalo Seguí.
Buchili habría sido derivado al Hospital Zonal Esquel. El resto permaneció en El Maitén a la espera de que en la jornada de hoy se lleve a cabo la audiencia de control de detención por parte de la justicia provincial.
Mientras esos episodios ocurrían, un grupo de vecinos acompañados por el Defensor Público Federal, Fernando Machado, presentaron un hábeas corpus para intentar preservar la integridad física de los miembros de la comunidad mapuche. Los 130 kilómetros que separan a Esquel del lugar donde ocurrieron los hechos y la disposición que habían efectuado los efectivos licuaron cualquier accionar que pudiera ir en sentido contrario.
Movilizados y solidarizados comenzaron a juntarse, primero, frente al Juzgado Federal y por la tarde lo hicieron frente a Gendarmería Nacional y la Unidad 14, donde permanecen con un acampe. Allí se sumaron vecinos que llegaron desde El Bolsón, la localidad rionegrina donde protagonizan la pulseada contra Joe Lewis y el polémico loteo que se concedió en la Pampa de Luden.
“Nos hicieron mierda, pero seguimos de pie porque sólo estamos reclamando lo que nos pertenece y porque defendemos la tierra”, susurró la voz de uno de los integrantes del lof tras un día de furia.
