El Superior Tribunal de Justicia deberá expedirse en el corto plazo sobre una acción de amparo de vecinos que integran la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC Ch) cajoneada desde hace un año, que podría obligar a la Cámara de Diputados a tratar el proyecto de ley presentado mediante el mecanismo constitucional de iniciativa popular para prohibir la minería metalífera y de radioactivos en Chubut, acompañado de frondozos fundamentos.
Fuente: El Chubut
Desde hace un año, la Justicia de Esquel de primera y segunda instancia, y el Superior Tribunal de Justicia, se vienen pasando la resolución del amparo como si fuera una papa caliente, porque supone un conflicto de «intrapoderes».
La Justicia ordinaria esgrime que al tratarse de un problema entre los poderes legislativo y judicial, debería resolverlo el Máximo Tribunal. El Superior Tribunal, si bien tenía dos días para expedirse, dejó pasar un año.
El ministro del STJ, Jorge Pfleger, recibió ayer a la mañana a la abogada de los asambleistas de Esquel, Silvia de los Santos, quien lleva acciones legales contra la Legislatura por «simulación y fraude» al haber modificado el espíritu de la iniciativa popular presentada.
En el litigio incorporarían como prueba las declaraciones del gobernador Mario Das Neves contra la polémica ley de licencia social aprobada por el FPV, que promulgó Buzzi.
COMPROMISO
De los Santos sostuvo que el ministro del STJ Jorge Pfleger se comprometió a dar prioridad a la resolución de la admisión de la acción de amparo presentada hace más de un año, impugnando la polémica sesión del 2014 cuando salió aprobada una ley que adulteró el texto de la iniciativa popular y abrió las puertas a la actividad minera.
«Solicitamos la nulidad de la sesión del 2014 porque el proyecto de iniciativa popular nunca se trató. Se trató otro proyecto sobre tablas que finalmente fue derogado por Das Neves», describió la abogada. De los Santos agregó que «sostenemos que la iniciativa popular es un derecho de los ciudadanos. Nunca se trató en el recinto. Fue un proyecto del FPV, no era un dictámen. Se trató un dictámen que para ser válido debió haber sido puesto en el orden del día de la sesión», argumentó.
EL LITIGIO
El conflicto se originó cuando en 2014 el bloque FPV emitió un dictámen en Diputados modificando el espíritu de la iniciativa popular que pretendía prohibir la megaminería en Chubut. La ley fue aprobada con los votos del FPV y promulgada por el gobernador Martín Buzzi. Lejos de legislar «por sí o no a la megaminería» como planteaba el proyecto, el dictámen introdujo la «licencia social» en la explotación minera.
El gobernador Mario Das Neves derogó en enero de este año el decreto de Buzzi con el cual se promulgó la ley. La Legislatura hizo lo mismo con la ley sancionada de manera fraudulent el 25 de noviembre de 2014. Con esta medida, el litigio de las asambleas contra la provincia se convirtió en una cuestión «abstracta», es decir, quedó sin efecto.
No obstante, los asambleistas plantean que todavía resta por resolver en la Justicia el tratamiento de la iniciativa popular contra la megaminería. Plantean la nulidad de la polémica sesión del 2014, porque el proyecto de iniciativa «nunca se trató».
