La Corte Suprema de Justicia falló a favor de los reclamos del pueblo de Andalgalá que resiste la megaminería a cielo abierto y, en particular, el proyecto de Agua Rica. La postura de la asamblea El Algarrobo es clara: “Sabemos que Agua Rica se va. Y sabemos también que con la presión de todos, y con la fuerza de los que queremos defender la vida, se van también las megamineras”, expresó con firmeza Alejandro.
Por Sebastián Saade publicado en Marcha
El acampe sostenido por la Asamblea El Algarrobo ya llevaba un mes en la Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema y fue levantado luego del fallo. Las repercusiones del fallo judicial.
En un fallo de 14 hojas, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se resolvió dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia catamarqueña que había rechazado el reclamo de los vecinos de Andalgalá. Este nuevo amparo fue iniciado por Sergio Martínez, integrante de la asamblea El Algarrobo, y un grupo de vecinos contra la provincia de Catamarca, la empresa Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, Yamana Gold Inc. y el municipio de Andalgalá.
Los vecinos de Andalgalá exigían la suspensión de todo trabajo de instalación, transporte, construcción o preparación destinado a la explotación de las Minas de Agua Rica. También exigían el cierre definitivo de la minera “por lesionar los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad de los habitantes de la región”. Según lo publicado por el Centro de Información Judicial, el órgano máximo de la justicia “resolvió que la Justicia provincial no podía rechazar un amparo sin analizar el planteo de los vecinos”.
La asamblea El Algarrobo exigía que se declarara la nulidad de la resolución 35/09 de la Secretaría de Estado de Minería de la provincia de Catamarca, mediante la cual se emitió la Declaración de Impacto Ambiental de Forma condicionada. Al respecto, en 2008 el municipio de Andalgalá encargó a la Universidad Nacional de Tucumán el “Análisis del informe de impacto ambiental de la Mina Agua Rica”, en el que se realizaron una serie de cuestionamientos. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia expresa que la Secretaría de Estado de Minería estaba al tanto de este informe y declara ilegítima la aprobación del “informe ambiental en forma condicionada” hasta tanto se resuelvan las objeciones realizadas por los vecinos. El fallo finaliza con la orden de que el tribunal catamarqueño dicte “un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado”.
El informe mencionado sentenciaba que en el mediano o corto plazo puede ocurrir “la migración de lixiviados y un avance progresivo de la pluma de contaminación hacia los niveles de acuíferos subterráneos, con contaminación no remediable”. Además, con respecto al cierre de la mina, el informe de la Universidad tucumana ratifica que el lapso de monitoreo previsto en el proyecto es muy corto, ya que dejaría un pasivo ambiental que quedará por generaciones.
Las repercusiones de un fallo histórico
Las repercusiones no tardaron en aparecer. Sobre todo en los sectores políticos provinciales, tanto del oficialismo como de la oposición. Cabe destacar que en la provincia de Catamarca la explotación minera proviene de una alianza entre una empresa extranjera con una sociedad del Estado. En el caso de la Mina La Alumbrera, la sociedad estatal se llama Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Según consta en su página web, en YMAD tienen participación la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional. En el caso de la Mina Agua Rica, el contrato se realizó entre la canadiense Yamana Gold y la Sociedad del Estado CAMYEN (Catamarca Minera y Energética).
Desde el Frente Cívico y Social catamarqueño salieron a afirmar que el fallo de la Corte suprema significa el certificado de defunción del contrato Camyen – Yamana Gold. La diputada Marita Colombo expresó a medios de la capital provincial que lo resuelto por el máximo tribunal “afecta gravemente las posibilidades de supervivencia del contrato entre Yamana Gold con Camyen”. Desde el gobierno provincial salieron rápidamente a responder tanto el fallo de la corte como las afirmaciones de la oposición. El secretario de minería de Catamarca, Rodolfo Miccone, expresó a FM Ancasti que las actividades de la mina Agua Rica fueron suspendidas en 2009 por el juez Cerdá para “preservar la paz social”. Además el ministro Miccone expresó que “la empresa sabe que tiene que realizar un nuevo informe de impacto ambiental. No es un tema nuevo para nosotros tampoco”.
Tanto el Frente para la Victoria como partido gobernante y el Frente Cívico y Social en calidad de principal partido opositor, eligieron encolumnar su postura dentro de la ya vieja falsa propuesta de una megaminería sustentable. Desde el FCyS plantean una minería de excelencia con el mayor rigor científico y profesional. A su vez, desde el FPV reivindican una minería responsable partiendo de una falsa premisa que supone que con más controles la megaminería dejará de ser contaminante, destructora del suelo, el agua, las actividades y producciones regionales. El gobierno va por más cuando plantea la necesidad de que Yamana Gold presente un nuevo informe de impacto ambiental sin reparar en el reclamo de sus habitantes.
La postura de la asamblea El Algarrobo es clara y fue ratificada en la conferencia de prensa que realizaron para anunciar el levantamiento del acampe en Plaza Lavalle luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia. “Sabemos que Agua Rica se va. Y sabemos también que con la presión de todos, y con la fuerza de los que queremos defender la vida, se van también las megamineras”, expresó con firmeza Alejandro.
