A 20 años de sancionada la reforma constitucional, el 25 de noviembre de 2014 la legislatura provincial debía tratar el primer proyecto por Iniciativa Popular que llegaba a esa cámara legislativa. Sin embargo, los diputados trampearon la iniciativa ciudadana, y aprobaron por estrecho margen una ley que abre la posibilidad de la minería con la trampa de consultas en los pequeños poblados donde se asientan los grandes proyectos mineros.
Por Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut UAC Ch
Desde la reforma de la carta magna del año 1994, la provincia cuenta con el artículo 263 de la Constitución Provincial que permite que grupos ciudadanos presenten proyectos de ley a través de una “Iniciativa Popular”. Este derecho está enmarcado en los llamados “mecanismos de la democracia semidirecta”. Recién en el año 1999 se reglamentó el artículo constitucional con una la ley específica de iniciativa popular, la Ley XII Nº5. El 25 de noviembre de 2014 las Asambleas de Chubut dábamos un paso histórico y hacíamos uso por primera vez de esta herramienta de participación ciudadana.
El diario de sesiones de octubre de 1994 reproduce las discusiones de los Convencionales Constituyentes que sancionaron por unanimidad esta importante norma. Estos debates nos permiten comprender el espíritu del artículo 263. El Convencional sostenía: “(…) el mecanismo de la democracia semidirecta otorga grandes ventajas a los sistemas democráticos que lo utilizan, aumentan su nivel de democratización y representatividad. Reduce el poder de los grupos de interés que pueden presionar y condicionar fuertemente la política pública de los funcionarios electivos. Con esta incorporación contrarrestamos las presiones de estos grupos organizados (…)”
Insólitamente, en julio de 2014, con nuestra iniciativa popular dentro de la legislatura, la Comisión de Asuntos Constitucionales intentó boicotearla. Envió un dictamen al Tribunal Electoral firmado por varios diputados y por el asesor letrado Alfredo Martín Meza que argumentaba, entre otras aberraciones: “los mecanismos de la democracia directa deben tener un uso normativamente acotado, so pena de ser utilizado en forma desmedida y caprichosa, trastocando el régimen constitucional y democrático de derecho (…) lejos de enriquecer y fortalecer la vida democrática, se pueden convertir en instrumentos censores o legitimadores, según el caso, de la representación política ” Como se puede ver, la pobre interpretación de los diputados iba en sentido contrario al espíritu de la norma, buscaban una justificación para restringir la participación ciudadana.
A 20 años de sancionada la reforma constitucional, el 25 de noviembre de 2014 la legislatura provincial debía tratar el primer proyecto por Iniciativa Popular que llegaba a esa cámara legislativa. Sin embargo, los diputados trampearon la iniciativa ciudadana, y aprobaron por estrecho margen una ley que abre la posibilidad de la minería con la trampa de consultas en los pequeños poblados donde se asientan los grandes proyectos mineros. Sin dudas, un traje a medida de las transnacionales. La sesión culminó escandalosamente, el diputado Muñiz fue fotografiado recibiendo instrucciones por mensaje de texto de Gastón Berardi -directivo de Yamana Gold- la multinacional que compró el proyecto minero de Esquel. La fraguada ley aprobada cumplía las directivas mineras. La foto del escándalo recorrió Latinoamérica y hoy es objeto de estudio académico; esa imagen era la prueba palpable de una vieja sospecha: las corporaciones mantienen relaciones “carnales” con funcionarios corruptos y escriben las leyes que los benefician.
También el 25 de noviembre es el Día Internacional Contra la Violencia de Género. Tanto la violencia hacia las mujeres como la violencia a la Madre Tierra son parte de un sistema de opresión que necesita aplastar y anular al otro para sentirse realizado. Da igual si en nombre de los celos se asesina una mujer que si en nombre del progreso se asesina a un río. Detrás de un feminicidio o un ecocidio subyace esta misma lógica: matar por ambición de poder y lucro.
Lxs Diputadxs (*) de la Provincia del Chubut que en el año 2014 se negaron a tratar la Iniciativa Popular que buscaba prohibir la megaminería hidrotóxica, no sólo le dieron la espalda a la voluntad ciudadana sino que permitieron la entrega de nuestros bienes naturales a la lógica de la acumulación de mercado, haciendo peligrar la vida humana sobre la tierra. Sucedió exactamente lo contrario al espíritu de la norma constitucional: se redujo “el nivel de democratización” y “el poder de los grupos organizados de interés presionó y condicionó fuertemente la política pública de los funcionarios electivos”. Aún aguardamos que la justicia mueva las denuncias realizadas, analice estos argumentos y nos devuelva algo de la democracia robada aquel día.
Las Asambleas de Chubut y los ciudadanos comprometidos con la democracia nunca olvidaremos.
NI UNA MUJER MENOS, NI UN PIBE MENOS, NI UNA MINA MAS
(*) Estos son lxs Diputadxs que no escucharon a su pueblo, que entregaron el territorio a las multinacionales, que permitieron la contaminación y el saqueo, que comprometieron la salud de la población presente y futura: Javier Cisneros, Eduardo Daniel, Juan Ale, Alejandra Jonhson Táccari, Mónica Gallego, Carlos Gómez, Adolfo Mariñanco, Gustavo Muñiz, Gustavo Reyes, Félix Sotomayor, Héctor Trotta, Argentina Martínez, Exequiel Villagra, Elva Willhuber, Vicente Jara y el Presidente de la Legislatura Gustavo Mac Karthy)
