Organizaciones sociales e indígenas denunciaron que el Poder Judicial de Chubut guarda informes de Inteligencia sobre activistas de Esquel que se oponen a la instalación de minas. Aseguran que se trata de persecución y violencia institucional. Repudio del CELS.
Ver tambièn:
-
Marcha contundente en defensa del territorio y repudiando el espionaje a vecinos
-
CELS: Determinar quiénes hicieron las fichas y quiénes solicitaron, supervisaron y/o las usufructuaron ilegalmente
-
La Fiscalía Federal impulsa acción penal por espionaje ilegal en Esquel
Por Darío Aranda publicado en Página/12
“Gran activista. Opositor al Gobierno.” “Alto perfil de izquierda.” “Profesora de música, baja línea del no a la mina.” “Periodista de radio Kalewche. Vocera de Asamblea.” Son algunas de las “fichas” de espionaje ilegal que están en el Poder Judicial de Chubut. Las víctimas son periodistas, docentes, referentes mapuches, empleados estatales y activistas sociales. Todos tienen un punto en común: el rechazo al extractivismo. “La investigación persecutoria y el espionaje ilegal son delitos federales que atentan contra el estado democrático y remiten a las épocas más oscuras de nuestro país”, denunció la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina. Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, las tareas de espionaje fueron protagonizadas por “un organismo nacional”, pero se negaron a precisar cuál. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudió los hechos.
El 28 de agosto se desarrollaba una audiencia en los tribunales de Esquel. La multinacional Benetton (titular de la Compañía de Tierras del Sud Argentino) se transformaba formalmente en denunciante del Lof Mapuche en Resistencia del Departamento Cushamen, que desde marzo pasado decidió volver a su territorio originario, paraje Leleque, donde hoy se erige una de las estancias de la compañía.
El defensor público (abogado que interviene en favor de los mapuches), Fernando Radziwilowski, exhibió ante el juez Martín Zacchino parte de la prueba que la Fiscalía (los acusadores) tiene en su poder. Aparecen nombres, apodos, apellidos, DNI y fotos de vecinos de Esquel. Y “perfiles” ideológicos. “Es preocupante que estas cosas sucedan en el marco de un estado de derecho”, remarcó el defensor oficial.
Se puede leer: “Empleado público. Autor ideológico de muchas de las acciones del No a la Mina. En los eventos siempre se queda detrás observando y rara vez hace declaraciones”. Otra ficha señala: “Periodista de Radio Kalewche. Docente. No a la mina”. Se conocieron 22 fichas, pero el Poder Judicial reconoció que son 34.
“Docente de escuela 713. Activista del No a la Mina. Toma decisiones. Principal fogoneadora del conflicto docente de 2014”. Con foto incluida, se refiere a Corina Milán. “Acá se está persiguiendo y criminalizando a los que luchamos porque no queremos que entreguen o destruyan el territorio. Somos los que queremos que nuestros hijos y nietos tengan agua, tierra y trabajo. No vamos a dar marcha atrás”, explicó.
Esquel fue una de las ciudades pioneras en rechazar la megaminería. En 2002 se anunció un emprendimiento metalífero a cielo abierto, en manos de la multinacional Meridian Gold. La población se organizó, conformó una asamblea y en marzo de 2003 votó democráticamente. El 82 por ciento dijo “no” a la megaminería. Fue el germen para el nacimiento de asambleas en todo Chubut y a lo largo de la Cordillera. Todos los gobernadores de Chubut quisieron avanzar con la actividad extractiva, pero ninguno pudo.
En un hecho inédito para Chubut, el juez de la causa, Martín Zacchino, y el fiscal Fernando Rivarola habían solicitado la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los mapuches (el juez federal Guido Otranto rechazó el pedido).
Uno de las fichas más extensas es de la dirigente mapuche Moira Millán. “Incentiva los cortes de ruta y toda medida de protesta. Viaja por el país. Organizadora de la Primer Marcha de Mujeres Originarias”.
La difusión de las tareas de inteligencia, sin orden judicial, provocó un escándalo en Chubut. El poder político, mediante el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, se despegó del asunto y señaló que el Poder Judicial debe dar explicaciones. El Ministerio Público Fiscal, que tenía las fichas desde mayo pasado, intentó tomar distancia de las tareas de inteligencia y señaló que no fueron realizadas por los fiscales.
Los fiscales generales Fernando Luis Rivarola y Alicia Fernanda Revori dieron una conferencia de prensa. Manifestaron su “repudio” a las tareas de espionaje y reconocieron que ese material es “violatorio de derechos básicos” reconocidos por la Constitución Nacional. Afirmaron que las tareas de inteligencia provinieron de personal “de una organismo nacional” pero se excusaron de aportar detalles por la aplicación de la Ley de Inteligencia Nacional.
El mismo sábado se realizó una asamblea en la escuela 767. Más de 200 vecinos, la Asamblea del No a la Mina y comunidades mapuchetehuelche. Consensuaron un comunicado. Exigieron investigación y juicio a todos los involucrados, pidieron la renuncia de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y repudiaron el accionar de los funcionarios judiciales (juez Martín Zacchino) que intentaron utilizar la Ley Antiterrorista frente a la lucha mapuche. “Resulta inconcebible que dicho material fuera archivado desde mayo por el Ministerio Público Fiscal, sin que se hubieran tomado los recaudos y acciones legales correspondientes para defender los derechos civiles y humanos de los ciudadanos”, denunciaron.
Alertaron que están ante una “gravísima situación de indefensión institucional provocada por parte del sistema judicial y político, tanto a nivel provincial como nacional”.
Los vecinos de Esquel marchan todos los 4 de mes, en rechazo a la megaminería. El viernes pasado, la movilización fue masiva, junto a las comunidades mapuchetehuelche. Se repudió el intento de aplicación de la Ley Antiterrorista y las acciones de inteligencia. Los miembros del Lof en Resistencia Cushamen denunciaron la persecución y violencia institucional contra los pueblos originarios.
