El fiscal de Estado Marcos Denett respondió a las acusaciones de la fiscal de Tinogasta, Silvia Álvarez. La jueza en declaraciones a VOCES ESCRITAS había asegurado que en Tinogasta no hay cortes de ruta y que el Gobierno es quien tiene la responsabilidad de actuar en los bloqueos.
Fuente: Voces Escritas
26/05/2012. El funcionario consideró que se trata de “manifestaciones desafortunadas”. “Acá si hay alguien que es respetuoso de la Constitución y del estado de derecho es este Gobierno. Existen las actuaciones judiciales de esta denuncia, y al tomar estado judicial es consecuencia única y exclusiva de la Justicia”, acotó.
Agregó que los fiscales que llevan adelante la investigación no respetaron el Código Procesal Penal de la Provincia, que establece que la investigación tiene que evitar que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores. “Acá las consecuencias están claramente determinadas, porque no solo se afectó al tránsito nacional, provincial e internacional, sino también la ciudadanía en general”.
También aseguro que la Provincia se constituyó como querellante particular en las causas que la Justicia lleva adelante por los bloqueos antimineros que grupos de ambientalistas realizan en la ruta 60 desde febrero de este año.
Denett, informó que la presentación se realizó por mandato de la gobernadora, Lucía Corpacci, y tras analizar aspectos técnicos que fundamentan la intervención del Estado. “Se debatió con los abogados de la Fiscalía de Estado para analizar la legitimación de que la Provincia intervenga en esto, porque en definitiva la presentación de la Fiscalía es la del Gobierno. Los abogados están en Tinogasta haciendo todas las presentaciones”, explicó el funcionario.
Denett cuestionó los reclamos de grupos ambientalistas y aseguró que casi en su totalidad los integrantes provienen de otras provincias. “Vienen de otros lados con fines espurios y llevan adelante esta movida perjudicando a la Provincia y eso no lo vamos a permitir”, señaló. Además, apuntó a la Justicia y manifestó que va a “exigirle que se haga cargo de las responsabilidades que le correspondan”. En el marco de las causas, explicó, hay más de 50 personas individualizadas. “Vamos a querellarlos uno por uno y vamos a trabajar activamente con la Fiscalía de Instrucción de Tinogasta a los fines de que el delito cometido no tenga consecuencias ulteriores”, dijo.
Denett recordó que la medida adoptada por ambientalistas no solo obstaculizó el tránsito terrestre, sino que también afectó a la autoridad y al orden institucional, ya que cuando la Justicia “de forma pacífica” les notificó que debían liberar la ruta no lo hicieron.
Legisladores oficialistas y opositores repudian los cortes de ruta en Tinogasta
El corte antiminero que interrumpe el normal tránsito hacia el Paso de San Francisco movilizó a los diputados oficialistas como a los de la oposición. En ese sentido, la diputada oficialista Cecilia Guerrero y la legisladora frentista Marita Colombo presentaron proyectos de declaración, en el que ponen de manifiesto su rechazo a los cortes en Tinogasta.
El proyecto de Colombo solicita declarar el “rechazo al corte de ruta que bloquea el tránsito internacional de vehículos de transporte de carga en la ruta nacional 60, tramo Fiambalá-Paso de San Francisco, promovido por agrupaciones ambientalistas que se oponen a la explotación minera en el marco legal vigente”.
Para la diputada, resulta “inaceptable todo método de protesta que ponga en riesgo la política de integración regional de la provincia, que trasciende la actividad minera para afectar variadas actividades económicas provinciales y regionales”.
Por último, la legisladora exhorta a la Cámara de Diputados a “trabajar en la promoción del diálogo entre las distintas vertientes políticas, económicas y sociales para aportar en la búsqueda de soluciones a este problema”.
En sus fundamentos, Colombo destaca los esfuerzos entre los gobiernos de Catamarca y de Chile, para el desarrollo y el fortalecimiento de la integración entre ambos a través del Paso Internacional. Por tal motivo, Colombo señala que “impedir desde hace meses la posibilidad de utilizar el Paso Internacional de San Francisco para el transporte de cargas, afecta la relación entre estados soberanos y daña la credibilidad y previsibilidad de la provincia”.
De esa forma, la legisladora insta a “las agrupaciones ambientalistas a implementar modos de protesta que no deriven en consecuencias irreparables para las políticas de integración regional de nuestra provincia”. Por su parte, el proyecto presentado por la diputada Guerrero declara el repudio por los cortes selectivos de ruta que llevan a cabo grupos antimineros y/o ambientalistas, impidiendo el libre tránsito de personas, vehículos de transporte de cargas y mercaderías”.
Asimismo, el proyecto de la legisladora oficialista declara “la profunda preocupación por la aparente inacción del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal acerca de la actitud de estos grupos de impedir el libre tránsito, sin poner en marcha los mecanismos jurisdiccionales para hacer cesar la comisión de delitos contra el libre transporte”.
En sus fundamentos, Guerrero afirma que “los cortes de ruta implican una violación a la libertad de transitar consagrada en la Constitución Nacional y Provincial”. En ese sentido, para la diputada, el Paso Internacional de San Francisco “se ha visto interrumpido por el accionar de estos grupos organizados que, aunque minúsculos, impiden el tránsito, generando graves perjuicios a la comunidad de Catamarca”. En este contexto, Guerrero señala que “emerge una actitud de pasividad del Poder Judicial y del Ministerio Público, toda vez que teniendo a su cargo la obligación legal de asegurar el libre tránsito, hace caso omiso de sus responsabilidades funcionales y no arbitra los medios conducentes a hacer cesar tan irregular estado de situación”.
Asimismo, la legisladora cuestiona que “a pesar de que Tinogasta resulta asiento de una circunscripción judicial, contando con un agente Fiscal y un juez de Control de Garantías, no se conoce actuación sostenida de la Justicia de ese departamento en aras de remover en forma permanente los obstáculos que impiden el libre tránsito por las rutas de la región”.
Guerrero también recuerda que un miembro de la Corte de Justicia, acompañado por el Procurador General se trasladó a Tinogasta para abordar la cuestión, pero ese viaje “se tornó aparentemente inútil e improductivo, habida cuenta de que ni siquiera se apersonaron al lugar donde acaecen los cortes de ruta para persuadir, al menos, la actitud ilegal de los ambientalistas”.
