Se lo acusa por la presunta contaminación a la cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos. Desde la minera negaron afectación alguna al medio ambiente y que los efluentes que se arrojan a los ríos «cumplen con la normativa vigente».

Una comisión presentó en el Juzgado Federal N º 1, a cargo de Mario Racedo, una solicitud en la cual se fundamenta por qué Rooney debe ser enjuiciado. En el lugar estuvieron presentes representantes de la Asamblea Socioambiental del NOA, la concejala termense Ana Loto (querellante en la causa contra Rooney) Pro-Eco, Foro Ambiental de Santiago del Estero, Otra UNT es Posible, Fundación Ave Fénix y Movimiento Unión Sur, entre otros.

En el escrito, los ambientalistas pidieron saber cuál es la situación judicial del directivo, luego de que el 21 de septiembre del año pasado la Cámara de Casación Penal declaró la nulidad del procesamiento a Rooney, en el marco de una causa por presunta violación a la ley 24.051, sobre residuos peligrosos, en el canal DP2.

 A este curso se arrojan los efluentes tras el proceso de secado del mineral que proviene, por medio de un mineraloducto, desde el yacimiento de Bajo La Alumbrera.

Además, se pidió que el empresario sea enjuiciado «para que ejerza públicamente su defensa ante la sociedad, y en igualdad de posición con los ciudadanos», se sostuvo en la presentación.