En el marco de la semana de la minería, funcionarios nacionales del Gobierno de Cambiemos y personalidades del mundo del espectáculo participaron de una reunión para avanzar sobre el proyecto minero Agua Rica. La convocatoria sin embargo, se les fue de las manos a los organizadores por lo que funcionario del PRO y un humorista invitado pasaron un muy mal momento durante el panel minero.
Del evento predominantemente minero participaron Pablo Bereciartua (Secretario de Recursos Hídricos), Mariano Lamothe (Subsecretario de Minería), Alejandro Rozitchner (Asesor presidencial), Nicolás Bareta (vicepresidente de Yamana), Mario Hernández (presidente Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la RA), el empresario Hugo Diamante e incluso el actor y humorista Juan Acosta. Estaban invitados también Rodolfo Micone (Secretario de Minería de Catamarca) y Sergio Saracho (presidente de la comisión de Minería en Diputados). El panel debió levantarse abruptamente porque los ánimos de los presentes se caldearon frustrando el objetivo de la reunión. Al lugar llegaron camionetas y combis pagadas por la empresa Yamana Gold para trasladar a los invitados que regresaron con más dudas que certezas. En particular hubo malestar por la presencia del humorista Acosta que nada tenía que ver con el debate minero.
Otro dato es la visita de diputados y senadores a la zona minera. La mayoría aceptó el convite a excepción de Hugo Ávila y Macarena Herrera por considerar que faltaba información y entender que aceptando la invitación se legitimaba de alguna manera el proyecto minero. De todas formas, los que llegaron hasta la mina en ciernes no se acordaron de preguntar por los diques de contención de sólidos que la empresa Yamana Gold no hizo para evitar que las lluvias arrastren material suelto que luego afecta el agua que consume la sociedad (publicamos en El Intransigente sobre el agua cobriza que no pudo ser tratada en la planta potabilizadora). Un paseo gratis o costeado por la empresa privada sin que tampoco eso signifique trabajar en el sentido correcto.
Entretanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo en una resolución que tiene que hacerse un nuevo Informe de Impacto Ambiental y, además, que ese informe se debe «aprobar o desaprobar», no «aprobar con condiciones o reservas». Asimismo indicó la necesidad de trabajar en el concepto de «participación social». Efectivamente, la participación social (sobre la que no hay reglamentación) no debe confundirse con licencia social, Responsabilidad Social Empresaria, reuniones informativas o difusiones de interés. Dicho con otras palabras, si no hay una normativa trabajada por los legisladores catamarqueños que garantice la participación social, el proyecto Agua Rica se judicializará otra vez paralizando una inversión que, por supuesto, en minería se estima en millones de dólares.
El encuentro se desarrolla en medio de muchas tensiones en Catamarca:
- En Andalgalá hacen marchas todos los fines de semana para que no se active el proyecto minero Agua Rica. Se contabilizan a la fecha 500 caminatas.
- El Concejo Deliberante del departamento Andalgalá aprobó una ordenanza de Monitoreo y controles periódicos de los parámetros indicadores de calidad de agua.
- Esta Ordenanza desató una nueva polémica pues la provincia reclama esa potestad.
¿Es esa Ordenanza el camino apropiado para obligar a las empresas mineras a trabajar correctamente o significa un guiño del oficialismo municipal para desarrollar, en un futuro no muy lejano, Agua Rica con más controles y canalizar el reclamo del Foro de desocupados? ¿Hay una negociación para que no se toque el Aconquija a cambio de explotar Agua Rica?
Nación y Provincia se equivocan con reuniones que resultan inútiles pues discuten un anteproyecto que ya no tiene validez, apuestan a que la falta de trabajo sea la llave para que la comunidad pida a gritos por Agua Rica. Desde el ámbito más técnico y profesional sostienen que el proyecto es viable pero caro si se lo hace bien, por ejemplo, se podría llevar «todo» el material vía cintas transportadoras para que sea tratado en las instalaciones de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) donde la empresa Glencore opera Bajo la Alumbrera. Es decir, no dejar «nada» en la zona de Agua Rica que pueda implicar un futuro desplazamiento. Los ambientalistas aseguran que no hay manera ni tecnología que haga posible la explotación de la polémica mina y sostienen que al margen de los «desesperados» hoy por trabajo, se puede estar peor en Andalgalá. A la pobreza habrá que sumarle enfermedades y consecuencias ambientales que podrían significar una catástrofe de dimensiones inconmensurables.
Los ambientalistas sueñan con ponerle una traba judicial para siempre pero la política tiene sus resortes dentro del ámbito judicial que devuelven el tema al ámbito del Ejecutivo nacional, provincial y municipal. Por lo pronto hay muchas cosas a medias, entre ellas el miedo a trabajar con arsénico en un ambiente periglaciar para lo cual aún la empresa no tiene respuesta. De cualquier manera, Yamana está totalmente abocada al negocio financiero de la especulación internacional minera: con proyectos como Agua Rica, vendió «oro a futuro» de una mina parada y que ni siquiera está en construcción mientras los funcionarios del Ejecutivo aceptan poner la cara.
Fuente: El intransigente
