Comunidades indígenas de Catamarca señalan a la empresa minera Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén, un área natural protegida ubicada en el norte de provincia, aunque un senador local negó que eso ocurriera.
Fuente: Télam
Virginia Cruz, integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI) y la Asamblea Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Catamarca, dijo a Télam que en las primeras horas del jueves, mientras se desarrollaba una asamblea de 17 comunidades indígenas, vieron tres camionetas de Buena Vista Gold bajar desde la reserva de biosfera de Corral Blanco en Laguna Blanca con equipos de exploración y campamento.
“Mientras se desarrollaba la asamblea observamos tres camionetas bajar desde la reserva de biosfera y decidimos pararlas; si bien pudimos constatar que no llevaban nada, pedimos el permiso correspondiente que los habilitaba a transitar y explorar la zona y nos entregaron un papel impreso con una supuesta firma del secretario de minería de la provincia sin fecha de inicio ni finalización de exploración”, explicó Cruz.
La asambleísta afirmó que la exploración sin el permiso correspondiente de la zona implica una violación a los derechos establecidos en la Constitución Nacional, en su Artículo 75, Inciso 17, que reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
“Nosotros solamente hablamos con el equipo de mineros y pedimos que nos muestren el permiso. En ningún momento hubo un cruce de palabras, ni mucho menos”, agregó.
Sin embargo, el senador provincial por el departamento Belén, Jorge Solá Jais (del Frente para la Victoria), sostuvo que “no hay ninguna exploración”.
“Laguna Blanca es una zona protegida y si hay circulación de vehículos corresponde a intereses particulares, no hay exploración minera, todo eso sería posible con autorización de la Secretaría de Minería o el Juzgado de Minas”, explicó el legislador.
Solá Jais aseguró que sí existe el conflicto por las tierras entre una comunidad originaria y los propietarios, pero “es una zona protegida y no creo que el juzgado de minas autorice algún tipo de actividad exploratoria”.
Por su parte, Cruz denunció el estado de inseguridad que padecen las comunidades indígenas de Corral Blanco y Aguas Calientes por el avasallamiento de sus derechos por parte de las empresas mineras.
