El 4 de agosto, a primeras horas de la tarde, los ambientalistas de Andalgalá informan de que en una asamblea que tuvo lugar el 22 de julio analizaron las posibles acciones a llevarse a cabo el próximo 21 de septiembre, fecha estimada en la que se realizará la marcha número doscientos en contra de la minería. El estado de movilización en la cabecera departamental se originó con las primeras luces de 2010, el 2 de enero, luego de que el 14 de diciembre de 2009 se hubo decidido la interrupción por completo del flujo de materiales hacia el área de mina del proyecto Agua Rica, emplazado en las laderas del lado sur de la sierra de Aconquija —cuyas cimas más prominentes se alzan a entre 5450 y 5550 metros de altura—, en la región oeste de la provincia de Catamarca.
Por Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales[
Entrevista con Sergio R. Martínez (50), miembro de la Asamblea El Algarrobo].1
OP.—La asamblea dio cuenta de que el día 30 de julio se le cerró el paso a un grupo de camionetas que intentaba pasar por el camino que separa la localidad de Chaquiago del depósito de cobre-molibdeno-oro; ubicado unos 25 km más al norte de Andalgalá, se encuentra a sólo 35 km al este de Bajo de la Alumbrera, mina en donde se genera la totalidad de la producción de cobre nacional —unas 135 700 toneladas en 2012—. Como resultado del episodio, se desencadenaron “ataques contra los vecinos que realizaban el corte”.
MARTÍNEZ.—En relación al bloqueo, lo que se intenta es hacer cumplir la Resolución 208/9 de la Secretaría de Estado de Minería, que prohíbe a la empresa utilizar el camino comunal donde está asentada la asamblea, que une Chaquiago con El Potrero, porque tiene que evitar conflictos con la comunidad. Entonces, al ver que ninguna autoridad, ni local ni provincial, se había hecho eco de esa resolución, los vecinos decidieron bloquear el transporte de insumos al yacimiento. Pretenden usar el camino, pero cuando los vecinos deciden no dejarlos pasar, tienen que dar la vuelta. En ese marco, uno de los gerentes de la empresa habría amenazado con que iba a volver con miembros de una patota. Ellos tienen otros dos caminos y uno es mucho más largo: uno va por Minas Capillitas hasta la antena de una vieja repetidora de televisión, desde donde bajan hacia la mina; y el otro va por la ruta nacional 40, que es la que ingresa hacia Bajo de la Alumbrera. Actualmente, sólo están manteniendo a entre cinco y diez personas que están en el yacimiento y a quienes les llevan comida. En nuestra zona, hay más de doscientos glaciares en los nevados del Aconquija; el pueblo les ha dicho que no a estos proyectos de muerte.
OP.—”Hoy declaramos zona de exclusión minera a los nevados del Aconquija”. Esa fue la proclama que se escuchó junto al mástil de la plaza 9 de Julio minutos antes de dar comienzo a la marcha 188, el 29 de junio por la noche. Del mismo modo, se advirtió que tanto las empresas mineras como el Gobierno estarían padeciendo una enfermedad contagiosa que diagnosticaron como “síndrome de la verdad”, que tendría sus orígenes en una nueva oleada de ánimo colectivo de lucha “pacífica” cuyos efectos acabarían una vez que esas mismas empresas hayan sido expulsadas de Andalgalá.
MARTÍNEZ.—Andalgalá ha decidido tomar las calles públicas y expresar, a través de una radio comunitaria que se llama La Voz del Algarrobo, su más absoluto repudio a estas empresas que pretenden instalarse a contaminar, destruir y saquear. El “síndrome de la verdad” se ha expandido por todos los pueblos del país que están sufriendo la misma problemática, por caso, Tinogasta (see El M-15F reemprende la lucha), Famatina (see Osisko, embarrancada en Famatina) y Esquel, y ha trascendido los límites de la república. El pueblo ha percibido la verdad y cuál es el camino a seguir a través de la lucha de los compañeros de la asamblea. Bajo esta mirada, Andalgalá se manifiesta permanentemente desde hace más de ciento noventa caminatas, y lo va a seguir haciendo hasta que estas empresas se vayan. La caminata doscientos va a ser un evento histórico y vamos a organizar una fiesta. Porque dentro de esta lucha está incorporada la alegría de poder defender nuestra tierra.
OP.—Semanas después, el 23 de julio, tildaron de “desvergonzado” al secretario de Estado de Minería de la provincia, Rodolfo A. Micone, motivados por las afirmaciones que, en fecha reciente, éste había realizado en el sentido de que “los focos de conflicto que se habían registrado en Andalgalá (see La marcha 180 en Andalgalá), Tinogasta y Belén, se fueron neutralizando y diluyendo”.
MARTÍNEZ.—Los dichos del secretario no tienen sostén en la realidad. Hay varios aspectos que analizar en el discurso de Micone: por un lado, quiere tapar lo que no puede, que son las manifestaciones tanto de Tinogasta como de Andalgalá; por el otro, tiene que salir a dar un mensaje a los inversores mineros, diciéndoles que acá se ha terminado el conflicto, porque se están retirando. Está vigente una orden judicial que suspende toda la actividad en Agua Rica hasta tanto se restablezca la paz social en Andalgalá. Los dichos de Micone, manifestando que han bajado los niveles de conflictividad, apuntan a engañar a la opinión pública, a los inversores y a todos en general. Él sabe muy bien que Andalgalá solo aceptará la paz cuando se vayan las mineras. Luego de que en Catamarca se nos hubieron negado todo tipo de derechos, presentamos una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es importante que el país conozca que la máxima autoridad judicial de la república tiene en sus manos, desde el 29 de julio, una decisión importante no sólo para Andalgalá, sino para lo que significan los recursos naturales en toda la Argentina.
OP.—En palabras de Micone, durante el último año “lo que comenzó como protestas violentas quedó reducido a manifestaciones aisladas y pacíficas” que tuvieron una respuesta de simpatizantes numéricamente inferior. Según su interpretación, el vuelco de la situación estriba en el hecho de que es “cada vez mayor” la cantidad de habitantes de las localidades cercanas a los principales yacimientos que se suman a las inspecciones ambientales que, periódicamente, se realizan sobre el terreno.
MARTÍNEZ.—La asamblea jamás fue invitada a participar de ningún tipo de monitoreo; tienen cero diálogo con los sectores que se oponen a la actividad. De lo que no habla Micone es de la dictadura minera: todos los sábados vallan la ciudad de Andalgalá con refuerzos policiales de otros departamentos e impiden al pueblo que se manifieste frente a la empresa (see El vallado de Andalgalá). Micone omite hablar de la violencia del Estado en Cerro Negro; la violencia ha nacido siempre del Estado. Omite mencionar también la cantidad de veces que el pueblo de Catamarca ha sido reprimido no sólo en Andalgalá, sino también en Tinogasta, en Belén, en Santa María. Los pueblos que están en lucha absolutamente siempre han sido pacíficos: nunca se han armado ni se van a armar. Las manifestaciones son pacíficas y multitudinarias; ésta es la verdad que va extendiéndose y que ya no se puede tapar. Si los dichos de Micone fueran verdad, no estaríamos llegando a la caminata número doscientos. Y no caminan ni cinco ni diez…; el pueblo de Andalgalá, ininterrumpidamente, todos los sábados llena tres cuadras de personas.
OP.—De forma coincidente con Micone, la gobernadora de Catamarca, Lucía B. Corpacci, aseguró el 18 de junio que la actual situación es muy diferente a la que se vivía diecisiete meses atrás, a posteriori de que se hubo hecho cargo formalmente del poder, el 9 de diciembre de 2011, cuando las relaciones con las poblaciones que rechazan la actividad extractiva se encontraban en su nivel más bajo (see Renacimiento en la puerta de Tinogasta). En dichos de Corpacci, “siempre hay gente intransigente, pero la mayoría de la comunidad mira la minería desde otra perspectiva”. A saber, “la minería pasó de ser un tema del que no se hablaba a un asunto transparente”; o en otras palabras: “todos sabemos que impacto ambiental siempre hay, el tema es cómo se morigera ese impacto”.
MARTÍNEZ.—Lo que no reconoce la gobernadora es que una cosa es el impacto y otra es el daño ambiental, el cual no puede ser mitigado. Nosotros estamos sufriendo los daños desde 1997. Con ella a la cabeza, es verdad que ha cambiado la relación, y cambió para peor: se han intensificado el autoritarismo y el militarismo por parte del Estado. Hay periodistas que desde hace tiempo sostienen que muchos ambientalistas saben más que los propios funcionarios de Minería. Por eso evitan el debate, porque hay tres cosas que no pueden demostrar: que no contaminan, que no saquean y que no destruyen. Desde la década del sesenta–setenta que quieren meter mano en estas montañas, y Andalgalá les viene diciendo que no. Agua Rica no va a entrar en funcionamiento nunca. Lejos están Micone y la gobernadora de decir la verdad; están muy lejos y el pueblo está cada vez más cerca del triunfo. Vamos por todo y por todos los costados: queremos que se aplique la ley y que se la interprete como corresponde. Lo importante es el compromiso de llevar adelante acciones pacíficas con la convicción de que la verdad es una sola y es la que tiene que salir a la luz.
Notas a pie de página
[1] Comunicación telefónica. Realizada el 10 de agosto.
