ONG realizarán, desde las 9, una marcha desde Plaza Independencia hasta el Tribunal Federal. Brindarán su respaldo al juez Fernando Poviña y reclamarán un avance en la causa contra la minera.
La movilización, organizada por las ONG Conciencia Solidaria y Pro-Eco, tiene dos objetivos: solicitar un avance en la causa contra el gerente corporativo de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por presunta violación a la ley 24.051 (sobre residuos peligrosos) y dar a conocer públicamente nuevos resultados de pericias judiciales que confirman el daño ambiental que la minera causa a la cuenca Salí-Dulce.
Los nuevos estudios corroboran, otra vez, la presencia de metales pesados en el canal DP2, curso de agua utilizado por la minera para arrojar sus efluentes industriales desde la planta de secado ubicada en la localidad tucumana Cruz del Norte (Ranchillos, departamento Cruz Alta).
Según se dio a conocer ayer en una conferencia de prensa, las pericias realizadas en el Instituto Nacional del Agua, confirman la existencia de metales como selenio, mercurio y cobre en el agua. Estos elementos, son considerados en el Anexo II de la ley federal 24.051 como “ecotóxicos”.
Los desechos analizados fueron extraídos en septiembre pasado en el marco de un allanamiento dispuesto por Poviña a la planta de filtrado. Es allí donde finaliza su extendido el mineraloducto proveniente desde el yacimiento Bajo La Alumbrera, en Catamarca.
“En cuanto al riesgo para la salud pública por la presencia de estos metales en la cuenca, los propios peritos del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consultados por el Juzgado Federal de Tucumán, manifestaron que no hay concentraciones mínimas seguras, ante la exposición a dichas sustancias”, sostuvo Alfredo Carbonel, integrante de Pro-Eco, organización constituida como querellante en la causa contra la minera.
Catorce años esperando una condena
La causa contra Minera Alumbrera fue iniciada en 1999 por el funcionario de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán, Juan Antonio González, por aparente contaminación a la cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos arrojados al canal DP2. La investigación fue impulsada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez.
En mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito a favor del vicepresidente de la firma, Julián Rooney, y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva al encontrarlo presunto autor responsable de violar ley 24.051.
En septiembre de 2009 la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió anular la sentencia contra Rooney y ordenó que se propongan nuevas medidas de prueba en el marco de esta causa contra la minera que aún sigue vigente.
Minera Alumbrera afirma que se cumple con la totalidad de los parámetros establecidos en las normas aplicables (resolución N° 030 del Siprosa) en relación a la descarga de desechos de su planta de filtros al canal DP2.
El reclamo de las organizaciones se debe, además, a que se trata de un caso de contaminación con metales pesados de aguas interjurisdiccionales, por lo cual no tiene cabida la aplicación de la citada resolución provincial.
“Esta resolución más permisiva, realizada a medida de los contaminadores, es la que viene aplicando la Dirección de Minería de Tucumán, autoridad de aplicación, y no la ley nacional 24.051 que debería aplicarse en este caso”, sostuvieron desde Conciencia Solidaria.Por Esteban Stanich
