La Universidad Nacional del Sur aceptó más de 1.200.000 pesos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que tiene varias denuncias en contra por daños al medio ambiente.. El Consejo Superior de la Universidad del Sur (UNS, Bahía Blanca) aceptó la donación proveniente de socia de Minera La Alumbrera.
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Fuente: EcoDías
Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina – 20/04/09. Si bien hay una cuestión legal que ampara a la UNS para poder aceptar ese dinero, existen voces en contra debido al prontuario que tiene la empresa en cuanto a contaminación.
La historia tiene dos protagonistas. Por un lado, la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) que tiene varias denuncias en contra por contaminación al medio ambiente, y por otro lado, organismos estatales. Y en el medio, millones de pesos de la empresa que son distribuidos entre universidades nacionales: a la UNS le correspondió más de 1.200.000 pesos.
Según se cuenta, el yacimiento, que es fundamentalmente de oro, fue descubierto en 1948 por integrantes de la Universidad Nacional de Tucumán. Se comenzó la explotación en un primer momento a nivel local y después intervinieron capitales extranjeros hasta que quedó prácticamente todo en manos francesas y canadienses durante la época menemista.
Remontándonos décadas atrás, existe la ley 14771 que en su artículo 18 inciso C establece que en ciertas condiciones de distribución se puede dar a las universidades nacionales, el 50% de las utilidades liquidas de YMAD.
En los últimos meses surgió la existencia de dinero de las regalías y el Estado decidió repartirlo entre las universidades. El reparto se hizo a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).adjudicándose a la UNS la importante suma de un millón doscientos quince mil quinientos once pesos ($ 1.215.511).
¿No importa de dónde viene?
El Consejo Superior Universitario de la UNS aprobó por una amplia mayoría, que no expuso grandes argumentos, la aceptación de ese dinero aunque también existieron voces en contra debido a las constantes denuncias contra la empresa por contaminación ambiental.
Una de esas voces es la de Telma Alonso, profesora del Departamento de Biología y consejera titular por la lista de profesores de Integración, quien refirió que parte de las regalías de la empresa habrían sido destinadas a la provincia de Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán que con ese dinero habría construido su campus.
Respecto a la decisión de la UNS y a los motivos de aceptación del dinero, declaró que “el mismo rector admitió que en la discusión se analizó un poco el tema acerca de que sobre esta empresa existían varias denuncias de contaminación, incluso el procesamiento del presidente de la empresa, pero que en realidad el Consejo Interuniversitario se dedicó más a ver cuáles eran los criterios que seguía para la distribución que analizar el origen de los fondos”.
De leyes y principios
Es verdad que existe una ley que ampara a las universidades en el hecho de aceptar el dinero pero lo que se discute son los antecedentes de la empresa, y que quien recibe la suma es una institución educativa: “El tema que planteamos, que nos parece que no es menor, es hasta dónde la UNS puede aceptar dinero de empresas que están dañadas en su credibilidad por todas las denuncias que hay. Hay denuncias de contaminación de agua, de suelos con metales pesados, parece ser que la cantidad de arsénico que se encuentra es el doble de la permitida pero ha intervenido la justicia”.
Incluso, dice Alonso, en 2008 la Corte Federal de Tucumán dictó el procesamiento del vicepresidente de la empresa por delitos relacionados con la ley de residuos peligrosos: “Llama la atención que durante muchísimos años las universidades argentinas en general, salvo la de Tucumán, no recibieron nada de las regalías, y cuando ahora esta empresa está atacada en varios frentes por denuncias de distintos grupos ecologistas y del Concejo Deliberante de Catamarca, justo ahora aparece una distribución”.
Rol de la universidad
Como es común entre las empresas que más contaminan el medioambiente a lo largo y ancho del mundo, YMAD financia con material educativo a muchas escuelas e incluso tiene convenios para hacer cursos de cuidado de la naturaleza y el medio ambiente en lugares claramente contaminados por la empresa.
En cuanto a las contradicciones, la Universidad Nacional del Sur es precisamente uno de los entes que tendría que ejercer un rol de contralor en estas cuestiones: “No estamos diciendo que no queremos que se reciba dinero de las mineras, lo que decimos es que en este caso sabemos de denuncias serias contra esa empresa. Entonces, ¿puede la universidad aceptar esos fondos y después, si el Estado decide hacer un estudio ante las denuncias, actuar como contralor?”.
Los opositores a la aceptación del dinero fueron tildados de principistas argumentándoseles que los principios no son operativos: “Creemos que es un punto grave porque la UNS tiene que evaluar bien de dónde vienen sus fondos y más cuando hay una denuncia concreta… El argumento será que se usará el dinero para cosas positivas pero tampoco se puede de recibir de cualquier lado porque ‘total es plata’”.
El artículo 41º de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Por su parte, el artículo 2º del Estatuto de la Universidad Nacional del Sur establece como fin inculcarles a sus miembros “el respeto a las normas e instituciones de la Constitución Nacional”. Por ende, ¿no existen serias contradicciones entre lo que se declama con lo que se acepta? ¿No se genera un ejemplo no muy claro para los alumnos de la universidad? “Vamos a seguir difundiendo esto, queremos comunicarnos con Greenpeace y quien corresponda porque creemos que la universidad está tergiversando su rol. Creemos que es muy grave. Pasa que hay una mayoría que no le interesan los argumentos, no estoy diciendo que sus principios no sean tan válidos como los nuestros, digo que son distintos”.
YMAD
Quienes se opusieron a la aceptación del dinero de la empresa minera expusieron sus argumentos para hacerlo, brindando información acerca de antecedentes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio respecto a contaminación del medio ambiente.
En el dictamen, la minoría opositora expuso que “las utilidades líquidas y realizadas de la empresa YMAD son el resultado de la explotación que lleva adelante la empresa transnacional Minera Alumbrera Limited, de capitales suizos y canadienses, y constituida bajo la legislación de Antigua y Barbuda”. Allí señalan que ambas empresas celebraron un contrato de unión transitoria el 24 de abril de 1994 y modificado en octubre del mismo año, y otro modificatorio en Nueva York en 1997 violando las leyes argentinas y contratos firmados con anterioridad: “Que se desconocen si las ganancias declaradas por Minera Alumbrera son las pactadas en el contrato firmado en 1997, situación que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades en el Congreso de la Nación por el actual diputado nacional Eduardo Antonio Pastoriza y sobre las cuales ha solicitado informes al Poder Ejecutivo Nacional; así como reiterados pedidos de informes respecto de los daños ecológicos como consecuencia de la explotación minera de la empresa mencionada que respondieron parcialmente funcionarios del Poder Ejecutivo”.
La minera y su impacto
Por otra parte, los firmantes aducen que varios medios gráficos y televisivos del país han difundido las actividades de esta empresa y el impacto de las mismas sobre el medio ambiente de Catamarca y Tucumán: “Entre los daños ecológicos se destacan los efectos de los líquidos desechados del proceso de concentración de los minerales extraídos sobre algunos cursos de agua superficiales y reservas de agua subterráneas de las provincias mencionadas”.
Además, destacan otra denuncia a través de la cual se procesó por contaminación ambiental al vicepresidente de la empresa, lo cual constituye el primer fallo en America Latina contra una minera por contaminación.
A pesar de todo esto, la UNS aceptó el cheque: “El artículo 2º del Estatuto de la Universidad Nacional del Sur establece como fin inculcarle a sus miembros ‘el respeto a las normas e instituciones de la Constitución Nacional’. Si bien las universidades nacionales arrastran un problema crónico de financiamiento por parte del Estado nacional que no alcanza a ser cubierto por los presupuestos anuales aprobados por el Congreso nacional, el conocimiento del origen de las utilidades líquidas como consecuencia de la explotación minera mencionada pone a los integrantes de la comunidad universitaria ante una cuestión que si bien está amparada legalmente afecta principios éticos y constitucionales que no deben ser soslayados”.
