Muestra del sólido andamiaje legal que garantiza la seguridad jurídica para el sector minero en Argentina. El impuesto creado por necesidad financiera en Santa Cruz no funcionó tanto por lobby como porque la norma fue rebatida por presunta inconstitucionalidad en la Corte Superma de la Nación. La firmeza con la que la provincia reclamó públicamente a las mineras que pagasen el tributo, no logró buenos resultados sino amenazas de desinversión.
Fuente: Tiempo Sur
Según pudo conocer TiempoSur, la Legislatura no está dispuesta a dejarle al próximo Gobierno un impuesto que limó las relaciones de la provincia con las operadoras y que además, ya comenzó a traerle consecuencias legales al Estado santacruceño.
Una iniciativa que sería derogada durante la última sesión de Diputados por iniciativa de los legisladores Alexis Quintana, Silvio Suárez, Rubén Contreras y Roberto Fernández, mediante el proyecto Nº 377/15.
En julio de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hizo prevalecer el “daño” que podría causarle a Tritón SA el pago del impuesto inmobiliario y exigieron al Ejecutivo “no reclamar” la deuda.
“La provincia de Santa Cruz deberá abstenerse de reclamar administrativa o judicialmente las sumas que se hubiesen devengado en concepto de impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera” dice el fallo que el 30 de junio firmaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, en la causa “Minera Tritón Argentina S.A. e/ Santa Cruz, Provincia s/ medida cautelar”.
El precedente, abrió la puerta a que todas las demás empresas que también habían ido a la Justicia y que, en excepcionales casos pagaron el impuesto bajo protesto, tuvieran también la venia del máximo estrado.
El impuesto surgió en 2013, luego de que meses antes, la Cámara de Diputados aprobara por ingeniería de Ariel Ivovich, la Ley de Fortalecimiento Financiero Provincial, que tenía por finalidad dotar al Ejecutivo de una herramienta más para la obtención de recursos para afrontar el déficit.
Fue cuando el gobernador Daniel Peralta y el entonces jefe de Gabinete encabezaban una ronda de negociaciones con las operadoras bajo la premisa de obtener divisas frescas en un marco de enfrentamiento político con el poder central.
Pese a las negociaciones que mantenía con el sector minero para llevar las regalías al 3% sobre el total facturado y no sobre el valor boca de mina, de buenas a primeras el Jefe de Gabinete anuncia la reglamentación del impuesto inmobiliario activando posibles perjuicios para Santa Cruz, entendiendo que violaba la seguridad fiscal e iba en contra de la Ley de Inversiones Mineras, cuyo rango es nacional.
Ivovich y Peralta repetían ante cada micrófono que por esta Ley se recaudarían unos 150 millones de pesos por año.
Desde el primer momento en el que se supo que se aprobaba el impuesto inmobiliario, que exigía a las empresas radicadas en la provincia tributar el 1% de sus reservas declaradas, las mineras amenazaron con recurrir a la Justicia.
Luego de la renuncia de Ivovich, en mayo del año pasado, trascendió que el ex jefe de Gabinete había dejado un borrador con un acuerdo voluntario para que la provincia evitara consecuencias legales por el cobro del impuesto.
Pero esto fue un bluff, una cortina de humo que distrajo la atención de una Ley que sólo fue un dolor de cabeza y que tuvo varios reveses en la Justicia por su aparente inconstitucionalidad. Los acuerdos voluntarios mineros que se sucedieron pergeñados por el entonces Jefe de Gabinete tampoco lograron algo.
Fue un debate estéril de meses que luego nunca se transparentó. Ivovich fue puesto en evidencia por el Gobernador. “No queremos que vengan las mineras a acordar, queremos que paguen el impuesto”, y más tarde, su co-equiper José Blassiotto lo puso en evidencia, porque “para eso está el impuesto inmobiliario minero y sobre eso vamos a trabajar nosotros, no sobre acuerdos voluntarios que muchos pergeñaron y que hacían que Santa Cruz se ponga de rodillas ante las operadoras mineras”.
Incluso, la iniciativa de Ivovich era tan opaca que fue expuesta por el diputado Leonardo Alvarez, cuando en plena sesión legislativa ventiló un mail que el propio Ivovich le envió al correo electrónico de Eduardo García de las Longas, gerente de Cerro Negro, y que tiene como destinatarios a autoridades y representantes de empresas mineras que operan en la provincia, a quienes les pedía “aportes voluntarios” de dinero ante la inviabilidad del impuesto.
Esto provocó que Diputados convocara a Ivovich a dar explicaciones, cosa que nunca hizo. Es decir, se les pedía a las empresas acordar como privados, sorteando al Poder Legislativo que les había aprobado una polémica Ley.
Al margen, vale mencionar que el Gobierno santacruceño es de la idea de que el futuro Congreso Nacional modifique el Código Minero. Santa Cruz no tiene una empresa provincial minera, pero sí grandes corporaciones que explotan sus recursos naturales como Cerro Vanguardia, (AngloGold Ashanti), Tritón (Pan American Silver), Minera Santa Cruz (Hochschild), Minera Andes y Goldcorp, todas en contra del impuesto inmobiliario.
En octubre de 2014 el legislador Martín Paiva (PJ) presentó un proyecto muy similar al borrador de Ivovich en el que promueve que, por ley, se firmen acuerdos con las empresas que actualmente pagan hasta un 3% del llamado “valor boca de mina”, equivalente al valor del mineral bruto menos los costos de producción.
