Defensa del cianuro, planteos de inconstitucionalidad para bajar estándares ambientales, toma de municipios y litigio estratégico contra la participación pública, entre los antecedentes de los nuevos funcionarios del sector minero. Asambleas no cambian: rechazan la eliminación de las retenciones y exigen la prohibición de la megaminería en todo el país.
Por Luis Manuel Claps
El plan minero del nuevo gobierno se propone recrear el neoliberalismo extractivista de los noventa, eliminar las desviaciones introducidas por el gobierno anterior, reciclar funcionarios de la época de Menem y ubicar en puestos clave a ejecutivos de empresas mineras con prontuario social. Además, anuncian trillada participación en la feria minera PDAC de Toronto a comienzos de marzo para “atraer inversiones”.
Corrección neoliberal
La restauración noventista se propone eliminar las restricciones de entrada y salida de divisas, devaluar el peso y unificar del mercado cambiario, eliminar las retenciones a la exportación de oro y plata (5%) y otros minerales (10%), levantar de las restricciones a las importaciones de materiales y equipos y acordar con los fondos buitre.
Vuelve el licenciado en geología Daniel Meilán, designado por Macri secretario de Minería de la Nación, quien ocupó anteriormente la Subsecretaria de Minería a partir de 1993 y la Secretaría de Minería desde 1995 a 1999.
Durante la gestión de Meilán se firmó el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina y abrió Bajo La Alumbrera, la explotación a cielo abierto más grande y productiva del país.
El 8 de abril de 1996, el designado funcionario se refería en Clarín a las comunidades afectadas por la mina ubicada en Catamarca, una de las provincias más pobres del país: “Los carniceros de la zona (Andalgalá y Belén) ahora se están llenando de oro. Pero cuando las minas empiecen a producir y estén todos trabajando, no sé de dónde van a sacar las vacas para dar de comer a tanta gente”.
Un renovado Pacto Federal Minero garantizará las mismas reglas de juego en todas las provincias. Esto supone eliminar las leyes que restringen la actividad en jurisdicciones como Mendoza, Córdoba y Chubut, donde la oposición a la minería cuenta con amplio respaldo legal y social.
Vencedores vencidos
Dos que perdieron con las asambleas ambientales de Río Negro y Mendoza son ahora importantes cuadros del sector minero a nivel nacional.
Al geólogo Carlos Cuburu, gerente del proyecto Calcatreu con la canadiense Aquiline Resources en Río Negro a comienzos de la década de 2000, lo nombraron en la Secretaría Ejecutiva del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), organismo científico tecnológico del Estado nacional responsable de la producción de conocimiento e información geológica tecnológica, minera y ambiental.
El proyecto de oro a cielo abierto promovido por Cuburu generó intensa oposición social en toda la línea sury la legislatura provincial prohibió el uso de cianuro en 2005, como proponían las asambleas ambientales, los pueblos indígenas, la iglesia y otras instituciones.
El día que la Legislatura aprobó la ley anti-cianuro, hizo que los trabajadores de Aquiline tomen el municipio y la intendenta Gabriela Buyayisqui debió ingresar con custodia policial.
En aquellos agitados días, Cuburu llegó a calificar públicamente a la Asamblea de Vecinos “La Pirita” de “profetas del mal”, recuerda una periodista local.
Aquiline litigó en Canadá contra su rival IMA Exploration por la propiedad del mega proyecto Navidad en la provincia de Chubut. Después de ganar el juicio a IMA en 2006, en 2009 Aquiline fue absorbida por Pan American Silver, la mayor productora mundial de plata. La prohibición al uso del cianuro en Río Negro fue derogada por el Frente para la Victoria el 29 de diciembre de 2011.
Otro funcionario nombrado por el gobierno es el abogado Fabián Gregorio, presidente de Minera San Jorge (ligada hasta hace poco a la canadiense Coro Mining), quien pasará a formar parte del gabinete de la Secretaría de Minería de la Nación.
El proyecto del mismo nombre, ubicado en Uspallata, fue rechazado por la Legislatura de la provincia en 2011, después de una masiva audiencia pública en la que más de dos mil personas se manifestaron en contra de explotar la mina de cobre.
La empresa de Gregorio promovió una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 7722 que restringe la minería, ganada por la masiva movilización de las asambleas ambientales en 2007. Después de ocho años de debate público y recursos judiciales, en diciembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza declaró la constitucionalidad de la prohibición al uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros.
Minera San Jorge demandó por calumnias a la organización ambientalista Oikos por la publicación de una “Carta abierta a los legisladores provinciales” en 2012. El objetivo de la acción legal urdida por Gregorio fue restringir la participación pública, estrategia que las empresas mineras suelen desplegar para silenciar a sus críticos.
Asambleas no cambian
“El gobierno de Cambiemos desconoce las luchas ciudadanas que las comunidades cordilleranas desplegamos desde hace años”, denunció la Asamblea de Vecinos de Esquel en un comunicado.
La asamblea repudió la eliminación de las retenciones y demandó la prohibición de la megaminería en todo el país. Las políticas de Macri “profundizan el proceso de saqueo y contaminación iniciado y avalado por la Ley de Inversiones Mineras de la era menemista y sucesivas normas sancionadas durante el gobierno kirchnerista y favorece pura y exclusivamente a las corporaciones mineras y los sectores de poder económico concentrado”, concluyeron.
Lobbista de Barrick Gold
Otro flamante alto funcionario del sector minero es Mario Capello, designado subsecretario de Desarrollo Minero del gabinete del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Según una nota de Darío Aranda en Página 12, el ingeniero y ex diputado nacional por San Juan afirmó que la minería produce “cero contaminación” y acusó de “ignorancia política” e “ideologías apátridas” a quienes cuestionan la actividad.
La Asociación Inti Chutec, la Federación de Viñateros y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones, lo calificaron de “conspicuo lobbista de la empresa Barrick Gold” y lamentaron la llegada al gobierno “de un provocador irrespetuoso con las poblaciones que eligieron otro modo de vida”, afirmaron en un comunicado.
Pusieron la firma
La semana pasada uno de los dueños de la mina San José en Santa Cruz, el canadiense Rob McEwen, celebró el reciclaje de Daniel Meilán en una entrevista concedida al The Northern Miner. “Veo a la Argentina como la historia minera de 2016”, concluyó el adinerado expresidente de GoldCorp.
Otro que salió a aplaudir fue Joseph Grosso. El empresario elegido “minero del año” en 2005 publicó un artículo en la revista Resource Worlden el que destaca el “cambio de filosofía de la minería en Argentina” (MiningPress lo publicó en español).
Entre otras aventuras, Grosso diceposeer más de 500 mil hectáreas de derechos de uranio en la Patagonia mediante la subsidiaria Blue Sky Mining, empresa que firmó una alianza estratégica con el gobierno del radical k Miguel Saiz en 2009.
