Dos represas que harán empresas chinas. Las provincias que integran el Consejo Federal de Energía (CFE) apoyaron de manera unánime el proyecto de construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, con las modificaciones planteadas por el Ministerio de Energía, y en base al Estudio de Impacto Ambiental que se presentó al organismo en su primera reunión formal tras su creación en abril pasado. Una vez concretada la Audiencia Pública, el Parlamento tendrá un plazo de 30 días para emitir un reporte no vinculante, momento en el cual el Gobierno nacional estará habilitado para solicitar a la jueza Macarena Marra Giménez, del fuero Contencioso Administrativo Federal, que levante la medida cautelar que frenó el inicio de la obra.
Fuente. El Inversor Energético y Minero
Esta primera reunión del Consejo se desarrolló en la ciudad de Mendoza encabezado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y miembros de su gabinete, dentro del marco del Acuerdo Federal Energético firmado este año entre los gobernadores y el presidente Mauricio Macri.
Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la redefinición del proyecto de los aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz -las represas Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic-, cuya construcción demandará una inversión de alrededor de 5.000 millones de dólares con el financiamiento comprometido por la empresa china participante en la construcción.
El estudio de impacto ambiental fue realizado por Emprendimientos Energéticos Binacionales (Ebisa, una sociedad anónima de capital estatal), que fue hecho en función de las modificaciones técnicas que impulsó el Gobierno sobre el acuerdo original firmado por el gobierno kirchnerista, y que reformuló mediante las adendas firmadas en agosto y octubre de 2016 desde el punto de vista contractual, financiero, comercial, técnico y ambiental.
En el encuentro de Mendoza, se presentaron al Consejo las modificaciones realizadas al proyecto original y el nuevo Estudio de Impacto Ambiental realizado en cumplimiento de lo solicitado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en línea con la Ley 23.879 de Obras Hidráulicas.
El Consejo que contó hoy con la participación de representantes energéticos de 17 provincias -ministros, secretarios, subsecretarios y presidentes de distribuidoras eléctricas- brindó apoyó en forma unánime la realización de este proyecto con las modificaciones planteadas por el Gobierno nacional.
El cuerpo creado en abril coincidió también en la necesidad de una clarificación del marco regulatorio posterior a la reforma de la Constitución de 1994, particularmente en relación con la responsabilidad sobre la viabilidad ambiental de los aprovechamientos hidroeléctricos y que ratifica la potestad de la Nación sobre las obras de generación hidroeléctrica que aporten al sistema nacional.
El estudio debe ser también aprobado formalmente por los ministerios de energía y de ambiente de la Nación y de la provincia de Santa Cruz, lo cual habilitará al Gobierno nacional a solicitar al Congreso la convocatoria a una Audiencia Pública en el marco del Senado.
Una vez concretada la Audiencia Pública, el Parlamento tendrá un plazo de otros 30 días para emitir un reporte no vinculante, momento en el cual el Gobierno nacional estará habilitado para solicitar a la jueza Macarena Marra Giménez, del fuero Contencioso Administrativo Federal, que levante la medida cautelar que frenó el inicio de la obra.
El Gobierno estimó que todo el proceso tendrá en julio, a más tardar en agosto, la audiencia pública que permitirá analizar el estudio de impacto ambiental del complejo hidroeléctrico, y de esta manera, se podrá avanzar con el cronograma trazado desde China por el presidente Macri, luego de su reunión con su par Xi Jinping, para que la construcción de las represas santacruceñas puedan arrancar alrededor de septiembre.
Las obras de las represas están suspendidas desde el 21 de diciembre por la vigencia de un recurso de amparo aceptado por la Corte Suprema de Justicia que con el voto unánime de sus cinco integrantes dispuso la implementación del proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública, a partir del amparo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques.
La instancia de audiencia pública está contemplada en la Ley 23.879 de Obras Hidráulicas que dispone que el Poder Ejecutivo debe proceder a realizar la evaluación de las consecuencias ambientales que, desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico en general, podrían producir las represas planificadas.
La empresa china China Gezhouba Group Corporation (CGGC) -especializada en el diseño, construcción y operaciones en conservación del agua, energía e infraestructura- forma parte de la Unión Transitoria de Empresas Represas Patagonia, que también integran Electroingeniería e Hidrocuyo, adjudicatarias de la construcción de las represas Cepernic y Kirchner.
Junto con la confección del estudio ambiental se avanzó -según el cronograma inicial- en el desarrollo de las tareas preliminares no invalidadas por la Corte, que incluyeron obras de sondeo geotécnicos exploratorios; actividades de estudio de base; caminos de acceso; construcción de villas temporarias y ejecución y funcionamiento de obradores, apuntaron.
Las represas del río Santa Cruz prevén una producción media anual del orden de 5.200 GWh (equivalente a 3,6% de la energía eléctrica aportada en 2016 al SADI) y sustituirán el consumo de combustibles en centrales térmicas de gas, carbón, fuel oil y gasoil por un equivalente a unas 2,5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.
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