En 2003 la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) inició ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una demanda contra YPF y otras petroleras con concesiones en la Cuenca Neuquina, que tramita bajo el expediente A 1274/03. La causa tomó como base un olvidado informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -ARG 97/024 Emergencia Ambiental Hidrocarburos, Compensación, y Desarrollo Sustentable de la provincia del Neuquén- que cuantificó en USD 545 millones el daño ambiental producido entre 1991 y 1997 en tres áreas hidrocarburíferas de la provincia de Neuquén. En 2011 Repsol reconoció la contaminación y pautó un plan de remediación cuyos pormenores se estaban acordando cuando el Gobierno Nacional expropió el 51% de las acciones de YPF y todo se frenó.
Fuente: Observatorio Petrolero Sur OPSur
Entrevista a Ricardo Apis, presidente de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia
El 11 de marzo, luego de conocerse el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación celebrado entre la Argentina y Repsol (Exp. P.E. N°247/13), Assupa interpuso ante la CSJN un pedido de embargo contra la petrolera española, aseverando que en dicho acuerdo no se toma en cuenta las remediaciones ambientales por los daños ambientales en la Cuenca Neuquina. El mismo día envió una nota al senador Guillermo Pereyra (MPN), presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, donde enumera las causas abiertas contra Repsol y denuncia que a través de las cláusulas de desistimiento, renuncia e indemnidad establecidas en el Convenio, no sólo se exime de responsabilidad a Repsol por los pasivos ambientales sino que su costo será soportado por la Nación Argentina en su conjunto.
“Las empresas argumentan que recibieron un pasivo ambiental de lo que era YPF y Gas del Estado, no es así. Gas del Estado e YPF trabajaban seriamente, había verdaderos profesionales y se hacían las cosas bien”, afirma Apis, rescatando su paso por la petrolera en la etapa estatal. Aunque no sólo las empresas utilizan ese argumento, el 13 de marzo, en la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, sostuvo que “muchos de los daños ambientales que está remediando hoy YPF, y que no había remediado Repsol, provienen de la época estatal anterior, por lo menos algunos de los más graves” [1], ante los cuestionamientos recibidos por el tratamiento que se dio a las ‘contingencias ambientales’ en el acuerdo que pone fin al proceso expropiatorio de YPF.
Apis afirma que la asociación que preside busca “preservar el ambiente, en el presente y para las generaciones futuras, de toda degradación y menoscabo, en particular la que se origina por las actividades extractivas”. Y añade: “En el caso de ecosistemas ya afectados impulsamos acciones de recuperación y procuramos que los dueños de la tierra y los afectados perciban una adecuada contraprestación por las limitaciones y pérdidas que sufren”. En los últimos 15 años ASSUPA ha gestionado “peticiones, reclamos y actuaciones civiles y penales ante las empresas concesionarias de la exploración, extracción y transporte y ante las autoridades competentes” en casos de impactos ambientales ocasionados por las malas prácticas de explotación. “Es importante aclarar que cuando nosotros hacemos una demanda es porque previamente agotamos la instancia de reclamos administrativos”, recalca.
-Una de las acciones más importantes de ASSUPA ha sido la demanda presentada ante la Corte Suprema en 2003 contra YPF y otras concesionarias por la contaminación de la Cuenca Neuquina.
Sí, esa demanda comenzó a gestarse con un desastre ecológico que sucedió en 1997 en la zona de Rincón de los Sauces. Un día empezó a llover y las corrientes de barro y agua arrastraron piedras muy grandes que rompieron los caños de petróleo de todos los yacimientos. El petróleo empezó a surgir a borbotones, y muchos metros cúbicos fueron a parar al río Colorado. La gente se asustó mucho. Las chacras de la zona de Catriel no podían regar porque se les secaban las plantas. El gobernador de la provincia de Neuquén, Felipe Sapag, empezó a repartir agua envasada para que la gente pudiera tomar en las zonas de afectación, e incluso río abajo.
Entonces el gobernador, a través de la Cancillería, pidió socorro a nivel internacional, y fue así que Naciones Unidas desembarcó en Neuquén. Vino el PNUD y se elaboró el famoso informe de los años 1997-1999, que fue la base que utilizamos para hacer luego los reclamos judiciales.
-¿Qué elementos tomaron de ese trabajo del PNUD?
Todo el estudio. Fue realmente un análisis general de daños ambientales colectivos, aunque limitado solamente a tres concesiones: Puesto Hernández, Huantraico y Chihuido de la Sierra Negra [en los departamentos Añelo y Pehuenches]. Nuestra organización fue invitada al trabajo científico con ingenieros de diferentes partes del mundo que trajo Naciones Unidas, del que también participaron profesionales de primerísimo nivel: doctores en derecho ambiental, en economía, etc. A mí me nombraron consultor de Naciones Unidas.
Se evaluaron impactos limitados, porque solamente habíamos tomado tres concesiones. Así y todo el informe final valorizó el pasivo ambiental en un total de 545 millones de dólares. [2]
solicitadas 1 Solicitada de YPF publicada en el diario Clarín luego de los derrames que, en 1997, afectaron la cuenca del Río Colorado.
-¿Qué recorrido siguió la demanda una vez presentada?
La contestación de las empresas decía que teníamos que hacer un estudio de impacto ambiental de todo lo demandado. La CSJN aceptó este defecto legal [en agosto de 2006] y nos dieron 40 días de plazo, sino archivaban la demanda. Imagínese que YPF hace un estudio de impacto ambiental de un solo pozo en 40 o 50 días… Afortunadamente, por mi anterior trabajo en la actividad hidrocarburífera, pudimos acceder a mucho material facilitado por gente conocida de los yacimientos. Al cabo de 38 días fuimos a la CSJN con un Scania y presentamos todas las cajas. Habíamos hecho el estudio ambiental para enderezar la demanda. En el año 2008, la CSJN volvió a fallar, declarando subsanado el defecto, y el caso siguió adelante.
-¿Qué ocurrió con otros casos de contaminación dentro de la cuenca? Como el que afecta a las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma de la Lata. [3]
Cuando la CSJN falla lo hace con un efecto sobre la demanda que, en términos legales, se llama erga omnes, y quiere decir “frente a todos”. Nadie más puede hacer una demanda por daño ambiental, aunque deja a salvo el derecho de intervenir como tercero. Esto lo reconoce también la Ley General del Ambiente [Nº 25.675/02], lleva a todas las demás presentaciones al caso de la demanda de ASSUPA contra YPF y otras operadoras. Cuando se resuelva y quede la sentencia firme del caso ASSUPA, la demanda de ellos va a seguir su curso. La demanda de ellos fue excelente, lo que pasa es que en la nuestra ya los invocamos. Cuando decimos ‘Cuenca Neuquina’, decimos Loma de la Lata y todos los yacimientos.
-¿Contaron con la cooperación del gobierno neuquino?
No, para nada. Todo lo contrario. Después del gobierno de [Felipe] Sapag vinieron otros que empezaron a trabajar con las petroleras [Jorge Sobisch y Jorge Sapag], así que quedamos solos en medio del río en un bote sin remo. Éramos malas personas, nos atacaban por todos lados. Nos amenazaban las petroleras, porque tenían el apoyo del gobierno de la provincia.
-¿Tuvieron apoyo de otros gobiernos o agencias estatales?
Río Negro tomó conciencia de todo lo que estaba pasando en la Cuenca Neuquina y sus cuencas hídricas y se adhirió a la demanda de ASSUPA en la CSJN. Poco antes se había adherido el Defensor del Pueblo de la Nación y luego lo hizo [el municipio de] Rincón de los Sauces, una de las comarcas petroleras más contaminadas.
-En 2011 tuvieron una audiencia convocada por la CSJN.
Sí, en 2011 la CSJN llamó a conciliación a las 23 petroleras y a las partes interesadas. En este caso el COFEMA [Consejo Federal de Medio Ambiente] llamó a las provincias de Río Negro, La Pampa, Mendoza y Neuquén, cuando me dieron la oportunidad de hablar solicité que las petroleras nos ayudaran a remediar y a reparar todo lo que habían roto. Algunas [empresas], como Apache, Total o Chevron, sostuvieron que no habían contaminado nada, cuando en realidad todo era demostrable y las pruebas estaban en la propia CSJN. Lo más sorprendente fue cuando pidió la palabra el apoderado de Repsol-YPF y dijo: “Nosotros sí contaminamos Su Señoría. Queremos saber si, con el permiso de ustedes, nos autorizan a hablar con la actora [ASSUPA] para ir viendo los lugares que están contaminados y qué reparar”.
-¿Ustedes no hicieron una cuantificación monetaria del daño?
Monetaria nunca. ASSUPA hizo la demanda por remediación ambiental hablando de la Cuenca Neuquina. El abogado de una de las demandadas dijo en la audiencia que, si se extrapolaba el cálculo del PNUD a toda la cuenca, estábamos hablando de más de 15.000 millones de dólares. En algunos casos muy chicos, muy puntuales, ASSUPA ha logrado alguna remediación, pero no en el marco de los fallos grandes, porque ellos aceptaron la demanda.
-Después de que ustedes llegaron a ese acuerdo con Repsol, el Gobierno Nacional decidió expropiar el 51% de YPF, ¿en qué situación quedó el acuerdo?
En la Corte quedó un documento firmado en que Repsol se hacía cargo de que había contaminación y se empezaba a trabajar para ver cómo íbamos a remediar los lugares contaminados, siempre bajo la tutela de la CSJN porque el acuerdo fue realizado ahí en la audiencia en la Corte. En ese momento se expropió y quedó todo en stand by. Le hemos pedido al Gobierno Nacional la continuación de los trabajos que hemos realizado, no hemos sido escuchados nunca, nadie se acercó a nosotros ni nada por el estilo. Es por eso que la semana pasada presentamos una medida cautelar en la Corte embargando todas las cuentas de Repsol-YPF hasta que no esté prevista en la negociación todas esas remediaciones ambientales. Ahora vamos a ver qué hace la Corte.
-En el debate en el Senado de la Nación sobre el acuerdo con Repsol para cerrar el proceso expropiatorio, quien habló por el Tribunal de Tasación afirmó que se habían cuantificado contingencias ambientales por 307 millones de dólares. ¿Es un número acorde al que ustedes manejan?
Guillermo Coco [Ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Neuquén], habló de 1500 millones de dólares el daño ambiental que tiene la provincia. [4]
-En el año 2009 denunciaron penalmente al presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau, y el ex CEO de la empresa, Sebastián Eskenazi, por la contaminación de Loma de La Lata.
Radicamos la denuncia contra Brufau y Eskenazi en el Juzgado Federal Nº1 de Neuquén. [5] Fuimos a Loma de La Lata con la división de delitos ambientales de la Policía Federal. Hicimos calicatas y se tomaron pruebas. Se tomó la muestra del agua de tres lugares diferentes, de acuerdo al sistema de la Justicia Federal, y decidimos mandarlo al máximo laboratorio argentino, el de Toxicología de la CSJN. Los resultados dieron que todo estaba contaminado y que la muestra “M7” –así se llamaba la del agua del Lago Los Barreales-, indicaba que no era “apta para uso recreativo”. Informé a Recursos Hídricos en la Provincia, a Guillermo Coco, al gobernador [Jorge Sapag], y nunca me contestaron nada. Al no haber respuesta, presenté la denuncia contra el responsable [de la empresa] que contamina, que en ese caso eran Brufau y Eskenazi.
-En definitiva, la causa que llevan en la CSJN, caería sobre las espaldas de YPF parcialmente estatizada.
No, la demanda está hecha con todos los responsables de contaminaciones ambientales, y estamos hablando desde 1991 en adelante y también para atrás. Si es desde 1991, lo tiene que reparar es Repsol, hasta el momento de la expropiación. Además, desde 1994 empezaron otras empresas a trabajar las áreas petroleras, entre ellas Bridas, Pérez Companc, que luego fue Petrobras, y Pioneer que después fue Apache. Ahora Apache fue vendida [a YPF] y se va sin sanear nada la contaminación. Ellos tienen una medida cautelar en un Juzgado de General Roca, porque el Codema [que es la autoridad de aplicación de la legislación ambiental en la Provincia], los encontró tirando petróleo en el Río Negro. Como hay un problema de litispendencia, que significa que nadie más puede hacer una demanda, nosotros iniciamos las acciones y el juez dictó la medida cautelar, pero Apache no quiere reparar, no quiere remediar, están demandados hasta la coronilla y ahora resulta que se van.
-De acuerdo a su experiencia, ¿por qué cree que suceden estos episodios?
La actividad hidrocarburífera es, por supuesto, una actividad contaminante. ¿Pero qué sucede? La empresa privada no cumple un servicio público como una estatal, que no interesa que gane o pierda, sino que está para satisfacer una determinada necesidad. La empresa privada no, lo hace con un fin de lucro. [Luego de la privatización del sector] se empezó a sacar petróleo, y la contaminación la tapaban así nomás, porque ellos querían ganar dinero y llevarse el dinero que se podía a su país, eso hacía Repsol. Los organismos de control que deberían haber actuado estaban comprometidos con esta privatización, porque las empresas que venían a invertir exigían tener el camino libre, entonces miraban para otro lado. El problema ahora van a ser los no convencionales; necesitamos la energía, pero habría que pensar una alternativa con otras tecnologías: la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la de hidrógeno.
–
*La entrevista a Ricardo Apis fue realizada por Diego Pérez Roig.
Notas:
[1] Cámara de Senadores de la Nación; Versión Taquigráfica de la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, 13/03/2014.
[2] En octubre de 1998, con el informe final en la mano, el gobierno neuquino reclamó a los presidentes de YPF, Pérez Companc y San Jorge, una indemnización de 1.000 millones de pesos/dólares por daños ambientales generados por la industria petrolera entre 1920 y 1997, de los cuales 545 correspondían al período 1991/1997. Para más detalles se puede consultar Clarín (11/10/1998), Ponen precio al daño ecológico.
[3] Para más información sobre las demandas y la contaminación en las comunidades Kaxipayíñ y Paynemil se puede consultar: “Era un apriete permanente, llevar adelante ese juicio contra Repsol nos costó mucho” y Gabriel Cherqui: “Estamos cansados de ver cómo vienen matando nuestro Wallmapu”
[4] Para profundizar en los dichos del ministro Coco ver nota publicada en www.neuquen.com.ar el 14/05/2012.
[5] La Mañana Neuquén (01/12/09), La Justicia Federal interviene en causa penal por contaminación en Loma La Lata.
