La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México presentó hoy una denuncia penal contra las empresas Buenavista del Cobre y Minera México por su presunta responsabilidad en un derrame tóxico en el noroccidental estado de Sonora.

Fuente: EFE
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México presentó hoy una denuncia penal contra las empresas Buenavista del Cobre y Minera México por su presunta responsabilidad en un derrame tóxico en el noroccidental estado de Sonora.

La acción interpuesta ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente de la Procuraduría General de la República (Fiscalía), imputa a dichas compañías la probable comisión de delitos previstos y sancionados por el artículo 414 del Código Penal Federal.

Dicha norma prevé hasta nueve años de prisión a quien ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, desecho o descarga de sustancias peligrosas que causen daño a los recursos naturales, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente.

De acuerdo con la Profepa, dichas empresas mineras ocasionaron un derrame de sulfato de cobre acidulado, el cual fue detectado el pasado 6 de agosto, en cantidad aproximada de 40.000 metros cúbicos.

Dicho material se vertió, en principio, sobre un arroyo denominado Las Tinajas o Rastritas, siguiendo una trayectoria de 89 kilómetros en el municipio de Cananea.

Asimismo, la institución ordenó ya una visita de inspección a todas las instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre con la finalidad de verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes de su autorización en materia de impacto ambiental.

La Profepa, organismo encargado de vigilar la observancia de la normatividad ambiental, indicó que estas medidas son independientes del procedimiento administrativo ya iniciado por violaciones a la Ley General de Gestión de Residuos u otras acciones que pudieran iniciarse contra las empresas, filiales de Grupo México.

El pasado 11 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que abrió una investigación por el derrame tóxico de una mina en los ríos Bacanuchi y Sonora, que ha afectado a los habitantes de esa zona.

De acuerdo con información publicada en medios de comunicación y citada por la CNDH, el derrame de solución cargada de cobre y otros metales procesados con ácido sulfúrico se extendió hasta llegar a esos ríos.

Informes locales indican que la contaminación ha causado la muerte de peces y ganado en el área.

Mientras tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene la restricción al suministro de agua procedente del río Sonora hasta confirmar que el líquido no representa riesgo alguno para la salud humana o animal, o para el medioambiente.

Asimismo, el organismo moviliza camiones cisterna y mantiene en operación plantas potabilizadoras en los municipios ribereños del río Sonora.