La provincia de Entre Ríos va en punta en la lucha contra el fracking. Las marchas por la salud, el ambiente, el paisaje, la economía sustentable y la agricultura orgánica, y contra los grupos concentrados, logran unir voluntades hasta ayer dispersas.
Fuente: UNO
A través del vecino de María Grande Mauricio Castaldo, profesor de historia y dirigente gremial, nos llegó el texto completo de la ordenanza 698 aprobada esta semana en su ciudad, en el departamento Paraná, y con esta consigna militante: “otro buen paso en la lucha por la defensa de nuestra tierra. Falta todavía, pero hay que seguir”.
La norma es tan clara y precisa en sus fundamentos, que se explica por sí misma, y se incorpora como un fuerte eslabón en la movilidad social por la preservación del ambiente, que es marca registrada en Entre Ríos.
Así pasó en las luchas contra los represamientos, contra las empresas sucias, contra los basurales en los humedales, por la biodiversidad, por ejemplo.
En muchos casos, los encuentros logran difundir una problemática, generar conciencia, y en otros tienen victorias concretas, como aquella que no sólo frenó el represamiento del Paraná medio sino que avanzó y permitió declara a la provincia libre de represamientos.
Lo mismo se notó esta semana en acciones diversas contra multinacionales como Chevrón y Monsanto, y en las cartas que están dirigiendo los vecinos a los legisladores para alertar sobre el uso de pesticidas y sus consecuencias en la salud de las personas y de todos los seres vivos.
En la marcha realizada el viernes contra Monsanto en Paraná por un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, desde la plaza Alvear hasta la plaza 1º de Mayo, se escucharon fundamentos sólidos acerca de la importancia de preservar los suelos, los vegetales, la calidad de las semillas y la agricultura sustentable, y voces de alerta por los efectos dañinos de los agrotóxicos y los transgénicos en la salud y en la economía familiar.
Rara unidad
Con María Grande ya son 18 las comunidades entrerrianas que dictaron normas contra el fracking.
Suena auspicioso y raro a la vez que esas normas fueran aprobadas por oficialistas y opositores, cuando el partidismo y la división suelen abortar los proyectos más interesantes de la comunidad.
Sin dudas la movilidad social es una de las causas contribuyentes. Existen organizaciones nacidas exclusivamente para generar conciencia en torno de algunos problemas nuevos. Una se llama “Movimiento Entre Ríos Libre de Fracking”, por ejemplo. Otra, “Asamblea Entre Ríos sí, entre venenos no”, y el viernes pasado distribuyó en zonas céntricas de esta capital un volante con la consigna “todos contra Monsanto”, que decía: “queremos una provincia y un país sin agrotóxicos, sin transgénicos; defendemos nuestro suelo, nuestros ríos y arroyos, defendemos la salud de nuestra gente”.
También se lee: “el monocultivo transgénico es sinónimo de desmontes, gravísimo deterioro de los suelos, contaminación generalizada, destrucción de la biodiversidad y expulsión masiva de poblaciones rurales”.
En el plano concreto, las noticias que llegan de María Grande prueban que los reclamos sociales a veces se traducen, como aquí, en normas públicas que será difícil revertir, y que en Entre Ríos han contagiado a las comunidades vecinas.
Qué dicen la Constitución
La Ordenanza 698 de María Grande enumera los impactos ambientales y riesgos de la fractura hidráulica, incluidos los terremotos inducidos.
“Visto: que el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que ‘todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tiene el deber de preservarlo'”.
“El artículo 85º de la Constitución de Entre Ríos, reformada en el año 2008 dispone: ‘El agua es un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los eco-sistemas. El acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes la continua disponibilidad del recurso'”.
“El artículo 95º inc. S) de la ley 10.027 establece como atribuciones y deberes del Concejo Deliberante el dictar normas tendientes a preservar el sistema ecológico, los recursos naturales y el medio ambientes, a efectos de garantizar las condiciones de vida de sus habitantes”.
“Y considerando: que la Fractura Hidráulica es una técnica de estimulación de yacimientos que consiste en el bombeo de fluido y un agente de apuntalamiento, por lo general arena, a elevada presión, con el propósito de producir micro fracturas en la roca almacenadora de hidrocarburos no convencionales. Las fracturas se producen desde el pozo de inyección y se extienden por cientos de metros hasta la roca de reserva, manteniéndose abiertas por acción del agente de apuntalamiento (arena), permitiendo así que fluya y se recupere el hidrocarburo no convencional”.
Cóctel de químicos
“Esta técnica requiere para su implantación además, del equipamiento adecuado, grandes cantidades de Agua (la norma nombra el agua con mayúscula) que son combinadas con un coctel de productos químicos que son inyectados a grandes profundidades para provocar una explosión subterránea que permita que el gas y el petróleo se liberen y puedan ser procesados y comercializados”.
“Primero se realiza una perforación vertical convencional, con profundidades de 2 a 3 kilómetros, al llegar a la roca madre se inicia las perforaciones horizontales, que pueden ser varias y se extienden por alrededor de 5 kilómetros, que una vez blindada toda la cañería, se realizan las perforaciones laterales para inyectar la mezcla que perforará la roca”.
“La mezcla está conformada por grandes volúmenes de agua, arena y un 2% de productos químicos, que no se conocen en su totalidad (las empresas se amparan en el secreto comercial para no revelar los nombres de todos estos compuestos, calculándose que son alrededor de 600)”.
“Es necesario hacer hincapié en la utilización del Recurso Hídrico, ya que la Fractura Hidráulica requiere grandes cantidades de agua, entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua, es decir entre 9 y 29 millones de litros de agua, solo para iniciar las operaciones de un pozo”.
“Está demostrado que la explotación de yacimientos no convencionales a través de la metodología ‘experimental’ denominada Fractura Hidráulica o Fracking, conlleva una serie de impactos ambientales, entre ellos contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, terremotos (sismicidad inducida), contaminación acústica e impactos paisajísticos”.
“Se hace necesario proteger el medio ambiente de nuestra Provincia y Ciudad, de manera de garantizar para las futuras generaciones un ambiente sano y sustentable”.
“Por ello, el Honorable concejo Deliberante de la Municipalidad de María Grande sanciona con fuerza de Ordenanza.
“Artículo 1: Declárase a la ciudad de María Grande y su Ejido, libre de toda explotación y/o exploración no convencional de hidrocarburos mediante la técnica de Fractura Hidráulica o ‘Fracking'”.
“Artículo 2: Elévese copia de la presente a la Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Entre Ríos”. La norma fue aprobada la semana pasada. En su difusión aparecen las firmas del Secretario del Concejo, Marcelo Ardiles, y el presidente, Francisco Horacio Stang.
Las multinacionales
“Destacamos muy positivamente la iniciativa y la decisión de los concejales, quienes más allá de su camiseta partidaria priorizaron los intereses del conjunto de la población, cuyo ambiente, cuya salud y cuya vida se pone en juego ante el peligro del uso de esa técnica por parte de las corporaciones petroleras que sólo consideran la maximización de sus utilidades”, manifestó Luis Lafferriere, miembro del Movimiento Entre Ríos libre de fracking.
“Seguiremos luchando hasta lograr que cada milímetro de toda la provincia quede protegido del fracking”, prometió. En una columna referida a la semana de resistencia contra Chevron y Monsanto, el economista y catedrático de la UNER manifestó: “También en Entre Ríos estamos muy preocupados por el accionar de dos corporaciones que han hecho historia en la tarea de contaminar el ambiente y atentar contra la vida: Monsanto y Chevron. Y ambas (aunque no son las únicas, por supuesto) tienen que ver con los grandes problemas que el capitalismo ha provocado en todo el planeta, llevando a la humanidad a una crisis civilizatoria, una situación sin precedentes donde se pone en peligro nuestra propia supervivencia”.
“La crisis civilizatoria de la humanidad abarca un conjunto simultáneo de varias crisis provocadas por el capitalismo, forma de organización social que regula las relaciones en casi todo el mundo. Crisis civilizatoria donde los aspectos sociales y ambientales se destacan por la magnitud de su impacto demoledor”. Luego de cuestionar a los partidos y gobiernos que permiten o favorecen la penetración de las multinacionales, dijo Lafferriere: “desde nuestro Programa de Extensión ‘Por una nueva economía, humana y sustentable’ manifestamos nuestra decisión de trabajar junto a numerosas organizaciones sociales, para frenar el proceso de saqueo y depredación, y promover la más amplia participación local y nacional en la búsqueda de un nuevo modo de producción y de convivencia, donde las prioridades sean de que mejore de manera sustancial la calidad de vida del conjunto de la sociedad, en armonía con la naturaleza de la cual formamos parte indivisible”.
Saberes campesinos
Respecto de los agrotóxicos, la organización Renace y el Foro Ecologista de Paraná están difundiendo en estos días un meduloso documento redactado entre otros por el ingeniero Claudio Lowy, la licenciada Silvana Buján y los doctores Fernando Cabaleiro y Damian Verzeñassi, para poner en cuestión los proyectos que convalidan las fumigaciones con agroquímicos, cuando se hacen a cierta distancia.
Dice el documento: “Diferentes representantes de las empresas que producen y comercializan los pesticidas que tanto daño le hacen a la salud de las personas, al ambiente y al futuro de la Argentina, están haciendo un fuerte trabajo de ‘lobby’ en los medios y en los poderes legislativos y ejecutivos de la Nación y las provincias, buscando que se fijen distancias libres de aplicación de pesticidas de 100 metros para las aplicaciones terrestres y 200 metros para las aéreas. Omitiendo por completo que esas distancias han sido refutadas ampliamente por la academia, y que esas sustancias se basan en clasificaciones que ignoran la mayoría de los daños y riesgos crónicos y subletales”. Luego de la refutación de normas nacionales, los expertos sostienen, para concluir su estudio: “lo que necesitamos es promover un sistema productivo que articule los saberes agroecológicos con los saberes campesinos y un sistema inclusivo de distribución; que recupere la soberanía alimentaria, la sostenibilidad social, ambiental y económica respetando la salud de las personas y del ambiente”.
