La jueza Iris Pacheco a cargo del Juzgado Laboral nro. 2 de Comodoro Rivadavia que tramita la acción de amparo interpuesta por Marcelino Pintihue que pretende impedir la presencia de asambleas y público interesado en las audiencias judiciales.
Chubut, 26 de septiembre de 2013
La Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UAC-CH) repudia la actitud de la magistrada que intenta cercenar el derecho a la participación de la ciudadanía en las audiencias, toda vez que los procesos de amparo son públicos en todas sus etapas. La acción judicial presentada busca detener la exploración no convencional del pozo El Trébol y como parte de las medidas de prueba se dispusieron dos audiencias: una para ver el documental “Río Impetuoso” (que muestra los estragos de la fractura hidráulica) y la otra para realizar una inspección ocular en el pozo de exploración no convencional de petróleo El Trébol. La deplorable actitud de la jueza, ante la presencia de ciudadanxs que pretendían participar de las audiencias, fue suspender toda la actividad alegando que solo las partes podían participar de las mismas.
La participación ciudadana es un derecho que garantiza la transparencia de los procesos judiciales y no hay impedimento que justifique el argumento de la magistrada para negar la presencia de integrantes de las asambleas o ciudadanxs que rechazan la fractura hidráulica por sus negativas consecuencias para el medioambiente y la salud pública.
Exigimos al Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut que garantice la efectividad del derecho de participación ciudadana en todos los procesos judiciales públicos de amparo en curso, como los interpuestos contra la megaminería y el fracking. Instamos al máximo tribunal a tomar cartas en el asunto reglamentando –mediante acordada- la ley de acceso a la información pública para que todas las personas puedan participar en los procesos judiciales.
Este “desalojo judicial” se suma al “desalojo legislativo” sufrido por las asambleas el pasado 19 de Septiembre, en oportunidad de concurrir a la Legislatura Provincial a la sesión donde finalmente resultó aprobado el contrato de renegociación con la empresa petrolera Tecpetrol, permitiendo la utilización de la técnica de fracking en la provincia. Allí fuimos ejerciendo el derecho de participar de las sesiones, en defensa del agua y la vida, siendo desalojados violentamente por la policía y el sindicato de petroleros, actuando como verdadero grupo de choque del gobierno nacional/provincial. Concurrimos luego al Superior Tribunal de Justicia donde ha quedado constancia de lo sucedido.
Garantizando la participación ciudadana, estaremos allanando el camino para tener una justicia imparcial, democrática y transparente, de otra manera ahondaremos la distancia que separa al poder judicial de la sociedad.
