Con enormes recursos económicos, un gran poder de lobby, con la complicidad de los gobiernos y bajo el siempre legitimado envase del “conocimiento científico”, LAS EMPRESAS petroleras están desplegando una serie de acciones y relatos donde ocultan copiosa y fundada información que cuestiona la técnica del fracking y minimizan las expresiones y trabajos de las asambleas ciudadanas, organizaciones sociales e investigadores independientes.

Por Mariestella Svampa(*) y Enrique Viale (**) publicado en Río Negro
En esta línea, en una nota colectiva publicada por este diario (“Las Heras, el terremoto que no existió”) nos acusan de difundir falsos diagnósticos respecto de un sismo ocurrido en Las Heras, en julio de este año, reproducido por diferentes MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Sin embargo, no compartimos en absoluto tal acusación ya que dicha información fue producida por el Centro Nacional de Información de Terremotos del Servicio Geológico de Estados Unidos, una fuente reconocida y confiable, que al parecer –según proponen los autores– difundió “información errónea” en su sitio web. Tampoco confirmamos que el sismo hubiera sido provocado por los pozos de fracking: sólo establecimos la posibilidad de que pudiera tratarse de un sismo inducido, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación de que éste se registrara en una zona de “baja sismicidad”, donde nunca había sucedido un acontecimiento similar, cerca de los únicos tres pozos de fracking que hay en Santa Cruz.

Más allá de eso, lo cierto es que la información científica disponible plantea la relación entre sismicidad y fracking. Por ejemplo en Arkansas, una región geológicamente estable de ESTADOS UNIDOS, desde que comenzaron las operaciones de fractura hidráulica se registraron más de 1.200 temblores, todos de menos de 4,9 grados de intensidad. Tal como documenta el técnico y geógrafo Roberto Ochandio, con vasta trayectoria en el campo del petróleo, “cuando dejó de hacerse estimulación hidráulica, la cantidad de temblores se redujo inmediatamente en dos tercios. De acuerdo al Servicio de Geología de Arkansas, las operaciones de fractura se llevaban a cabo sobre una falla geológica estructural. Como consecuencia se presentó un juicio de clase contra las compañías que perforan por gas en el centro de Arkansas”.

Recientemente Raúl Estrada Oyuela, miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, escribió que “el Departamento del Interior de los Estados Unidos señala que, desde que comenzaron los registros en 1776, el pueblo de Youngstown, Ohio, nunca había experimentado movimientos sísmicos pero que, a partir de enero de 2011, se registraron 109 temblores y que nuevas investigaciones revelan que pueden ser consecuencia de la explotación de hidrocarburos no convencionales” (“Clarín”, 18/9/2013). En suma, la relación entre sismicidad y fracking no es ninguna fabulación ecologista y suponemos que tampoco producto del error informativo de uno o varios centros científicos estadounidenses. Sucede que LOS DEFENSORES del fracking buscan sistemáticamente no sólo minimizar los riesgos ambientales, ignorando la información científica existente, sino también pretenden aplicar el principio ambiental precautorio al revés de lo que establece la legislación: ya que es quien introduce una actividad o sustancia en la sociedad quien debe probar la inocuidad de la misma sobre los ecosistemas y la salud de las personas. De no poder hacerlo, se dispara este principio ambiental que obliga a las autoridades a no permitir la actividad hasta que esta incertidumbre esté resuelta.

Por otro lado, entre los mitos y falacias que difunde la industria petrolera se perciben diferentes estrategias. Esto sucede en Neuquén y Río Negro, provincias en las cuales ya se está explotando gas no convencional con la metodología del fracking. Así, en Neuquén predomina la estrategia nacional: después de la bochornosa aprobación del convenio de la provincia con YPF que, de la mano de Chevron, abre la puerta al ingreso masivo del fracking en Vaca Muerta, el gobierno nacional y el neuquino se abocaron a bombardear a la población con publicidad acerca de las bondades de la explotación de hidrocarburos no convencionales, negando y omitiendo los riesgos ambientales del fracking o de la “estimulación hidráulica”. Esto hicieron tanto YPF como el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG) –entidad que representa a las patronales del petróleo y el gas, entre las cuales están Chevron, YPF, Esso, PAE, Repsol, Techint, Siderca– a través de costosas solicitadas en los principales medios del país.

La estrategia en Río Negro es diferente, ya que no sólo se minimizan los riesgos ambientales, también se niega el hecho en sí mismo, aun si con ello saltan las contradicciones y se evidencian las omisiones. Contradicciones: mientras el gobernador Weretilneck sostiene que no hay fracking en Allen, el senador Pichetto afirma que “nuestra provincia no tiene Vaca Muerta, no hay que hacer un sistema de extracción petrolera con el mecanismo de fracking, ha habido a lo mejor algunas experiencias que se han hecho en uno o dos pozos de Allen, pero de ninguna manera el sistema petrolero rionegrino es un sistema que no use los métodos convencionales” (Noticiasnet.com.ar). O sea, a diferencia del gobernador, el senador Pichetto confirma lo que vienen denunciando los vecinos de Allen: ya se hizo fracking en una o dos chacras. Esto efectivamente sucedió hacia el 15 de agosto, cuando una flota de 25 camiones de gran porte, transportado arena y sustancias químicas, ocupó la planta de la ex cooperativa Millacó y se desplazó luego a la zona de chacras, en la costa del río. Y por lo que evidencia tanto el movimiento incesante de camiones como los dictámenes ambientales a los que pudimos acceder, esto sólo es el comienzo…

Omisiones: la empresa Apache, en una reciente solicitada, no niega que se haga “estimulación hidráulica” o sea fracking. Como otras empresas, minimiza el impacto ambiental, la utilización del agua, las sustancias químicas peligrosas, la ocupación de tierras… También omite información crucial, entre ella, que en Allen hay por lo menos 160 pozos de gas, que la progresión fue en aumento en los últimos tres años, que a través de contratos de servidumbre que incluyen de 1 a 1,5 hectáreas se realiza una utilización intensiva del territorio, a través de plataformas multipozos (casi siempre asociadas a la explotación de gas no convencional); que no se sabe a dónde va a parar el fluido de retorno… Pero además de información engañosa y deficiente, en su solicitada Apache no dice que en Allen lo que se explota es tight gas o gas de arenas compactas, el cual, aunque difiere del shale gas de Vaca Muerta, es también gas no convencional y requiere de una metodología similar para su extracción.

Además, más allá del Valle de Río Negro, Apache ya tiene otros frentes de conflicto. En Zapala, donde llevó a CABO el primer pozo de fracking del país, la empresa ingresó sin la autorización de la comunidad mapuche Gelay Ko y actualmente está acosando a la comunidad Wincul Newen, para realizar tareas de exploración sísmica en la zona de Portezuelo.

Por último, desde los oficialismos y las empresas los discursos afirman que la actividad hidrocarburífera no tendría impacto sobre las economías regionales preexistentes. Pero, como lo muestra la experiencia, lo que sucede es todo lo contrario: la avanzada extractiva produce la dislocación del tejido económico y social previo. Esto incluye, además de la dimensión ambiental, otras vinculadas al estilo y calidad de vida, ya que allí donde irrumpen las actividades extractivas a gran escala se consolidan fuertes estructuras de desigualdad: el “derrame” económico beneficia a unos pocos, los alquileres y el costo de la vida se disparan al ritmo de los sueldos de los trabajadores petroleros o mineros; las localidades se convierten en pueblos-campamentos o en ciudades-commodity; se exacerban los problemas ligados a la prostitución, a la trata, a la inseguridad, a la adicción… Tal como lo ilustran de modo doloroso varias ciudades del sur, entre ellas Comodoro Rivadavia, debemos pensar entonces la contaminación no sólo como un proceso ambiental sino también como algo más amplio y global que incluye la esfera social, económica y cultural. Algo que nos interroga, sin duda, acerca de si ése es el tipo de sociedad que queremos construir para nosotros y las futuras generaciones.

(*) Investigadora y escritora, Conicet

(**) Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas