ENERO

Después del fraude legislativo del primer proyecto de ley por iniciativa popular en el año 2014 y el rechazo sin tratar del segundo proyecto en 2021, las Asambleas que conforman la UACCH resuelven empezar una nueva campaña con el objetivo de lograr aprobar la “Ley del Pueblo”, una ley que proteja al territorio de la Provincia de Chubut del saqueo y contaminación de la minería metalífera a gran escala. Así, se produce el lanzamiento de la tercera iniciativa popular, teniendo presente que #NosDebenUnaLey.

MARZO

La derogación de la ley de zonificación minera no detuvo el interés por los minerales del subsuelo de Chubut. Así es que la empresa “Consolidated Uranium”, nueva propietaria del proyecto Laguna Salada, anunció que comenzaría un agresivo programa de exploración de uranio. Al otro día, las mineras “Evolution Metals”, de Estados Unidos, y “UrAmerica”, de Gran Bretaña, anunciaron su unión, con sus miras en el proyecto Meseta Central, también de uranio, ubicado cercano a Paso de indios y en parte sobre el río Chubut. Ninguno de los dos proyectos estaba incluido en el área de la zonificación minera.

Los vecinos de la Asamblea de Autoconvocados por el Agua de la cuenca del Senguer organizaron el “Tercer abrazo al lago Musters”. El lago Musters, junto al lago Colhue Huapi, conformaban la fase terminal de la cuenca endorreica del río Senguer. Además de la desaparición del Colhue Huapi, la notable baja del caudal en el lago Musters preocupaba a la población. El uso abusivo del agua por parte de operadoras, estancieros y productores produjo la retracción del lago, desde el cual se abastece a miles de habitantes en cuatro ciudades: Comodoro Rivadavia, Colonia Sarmiento, Rada Tilly y Caleta Olivia. Más allá de cuestiones naturales y el cambio climático, el Gobierno provincial, a través del Instituto Provincial del Agua, durante años no ha controlado el uso del agua de la cuenca.

MAYO

Fueron invitados por Mining Wacht Canadá dos vecinas de la Meseta chubutense, de Mallín de los Cual y Chacay Oeste, un periodista de Radio Namunkurá y una integrante de la UACCH para participar en Guatemala en la Cumbre 2022 de Comunidades Afectadas por Pan American Silver. Como todos los años, estuvo organizada por la ONG canadiense, en forma previa a la reunión de inversores de la empresa. El objetivo era visibilizar posteriormente, ante los inversores, los conflictos que ha creado la empresa en las comunidades en las que tiene sus emprendimientos.

Más allá, de la promoción de la extracción de uranio como mineral estratégico, los antecedentes provinciales no dejan más que preocupaciones. Un informe del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA) detalla que “decenas de miles de toneladas de residuos radiactivos de la minería del uranio fueron abandonadas hace 40 años por la Comisión Nacional de Energía Atómica, en las cercanías del Paso Berwyn, en la margen derecha del río Chubut”. Se trata de los pasivos ambientales de las operaciones mineras en Los Adobes y Cerro Cóndor.

Causó indignación a los chubutenses que en la celebración de los 50 años de la Guardia de Infantería de la Provincia de Chubut, el comisario Lefipan, emocionado, condecorara a los responsables del operativo de diciembre de 2021, aprobando así lo que fue en realidad una represión violenta de la Policía Provincial contra el pueblo de Chubut.

A 5 meses de la brutal represión durante el “Chubutazo”, en los días transcurridos entre la aprobación y la derogación de la ley de zonificación minera, se realizó en Comodoro Rivadavia la presentación del libro “NO FUE NO”. Su autor, el periodista y politólogo Martín Ulacia, hace una cronología detallada de esos oscuros días de diciembre de 2021.

Generó preocupación a las asambleas la designación del comisario general César Brandt como jefe de la Policía de Chubut. El motivo son sus antecedentes, ya que estuvo a cargo del brutal operativo en el intento de desalojo judicial y policial de la familia de don Mauricio Fermín, integrantes de la comunidad mapuche-tehuelche “Vuelta del Río”, del departamento Cushamen, en marzo del año 2003. Por esos hechos, fue condenado en el año 2012 por la Justicia provincial a 6 (seis) meses de prisión en suspenso y una inhabilitación de 1 (un) año por su responsabilidad penal a cargo del operativo policial.

JUNIO

Desde el Gobierno nacional viajaron a la nueva edición minera en Canadá para promocionar en el PDAC 2022 los yacimientos existentes en la provincia de Chubut. Se trata de 4 yacimientos de uranio, el proyecto Navidad de plata y el proyecto Suyai de oro en Esquel. Más allá de la categórica derrota de la zonificación minera y el amplísimo repudio social, que el gobernador Mariano Arcioni haya “supuestamente enterrado” el plan minero y Matías Kulfas haya sido eyectado del gobierno, la política nacional sigue considerando que Chubut es una provincia minera. El ministro Martín Guzmán será el encargado de avanzar con el lobby internacional.

JULIO

Se realizó una campaña en la que se solicitó que la sociedad se sume: #YoTambiénVivíLaRepresión. El objetivo era evitar que se archiven las causas de denuncias del exceso policial contra el pueblo en diciembre de 2021. La misma estuvo motivada en que la fiscalía efectivamente archivó causas vinculadas a la feroz represión desatada en Rawson y Trelew en el marco de la pueblada contra la zonificación minera. Esta actitud del Ministerio Público Fiscal intentaba garantizar la impunidad de las Fuerzas de Seguridad.

La Asamblea del No a la Mina realizó una presentación a los Municipios de Esquel, Trevelin y Parque Nacional Los Alerces, Concejo Deliberante de Esquel y Juzgado Civil sobre la planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos (PTRSU). Se trata de un análisis pormenorizado de la situación de la PTRSU, con requerimientos a los municipios de contar con una normativa sobre los residuos sólidos y exigir cambios urgentes en el funcionamiento de la planta para garantizar la separación y tratamiento de los mismos. El motivo era evitar el aumento de los impactos negativos sobre el territorio de la Comunidad Nahuelpan hasta el cierre de la planta y garantizar que en el futuro no pudiera ocurrir en algún otro lugar.

AGOSTO

Lo que ocurrió en la Expo Oil & Gas Patagonia 2022, un encuentro oficial en la provincia de Neuquén, podría interpretarse como el comienzo de una nueva embestida minera. Participaron en el mismo el gobernador Mariano Arcioni, los ministros Sergio Massa y Wado de Pedro, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley. Según el mandatario provincial, Sergio Massa habló de los minerales que van a ser parte de la batalla de los próximos 20 o 30 años, como tierras raras, uranio y litio, entre otros. Pensando en el sector energético, que es la cuarta gran batalla de la economía global, Massa afirmaba que estaba parado sobre uno de los grandes pilares del desarrollo económico argentino. Wado De Pedro expresó que la Patagonia representa el 30% del territorio y el 6% de la población. También afirmó que Chubut es un ejemplo que tiene ver con una decisión planificada, pensada estratégicamente, para tener muchos polos productivos. Todo esto parecía ser una preparación del terreno para forzar la explotación minera en Chubut.

Después del Chubutazo, las únicas causas judiciales que avanzaron fueron contra los manifestantes. La feroz cacería policial ordenada desde el Gobierno provincial, con heridos graves y hasta abusos sexuales, quedó tapada por la impunidad. Se hizo el pedido de la apertura de investigación para 26 personas imputadas en la causa por los incendios en Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia y otros edificios públicos de Rawson, en medio de una manifestación contra la ley de zonificación minera. Desde la UACCh se acompañó a los vecinos judicializados y se rechazó rotundamente este nuevo capítulo de criminalización de la protesta.

Pan American Silver anunció el cierre de las oficinas que tiene la empresa en la Meseta y el despido de alrededor de 30 personas. Esta decisión fue una forma de presión hacia el gobierno provincial, ya que aumenta el número de desocupados en la región.

SEPTIEMBRE

En la tradicional marcha de los días 4 en Esquel, los vecinos fueron fotografiados por personal policial (bajo las órdenes de sus superiores) y los agentes hicieron una intromisión en la columna de la marcha para pedir identificación a un vecino. Se trataba de una marcha pacífica en la que participaban familias con presencia de menores. Integrantes de la Asamblea del No a la Mina de Esquel, en función de los hechos ocurridos y con todos los antecedentes de espionaje ilegal, persecución y exceso policial de los que han sido víctimas integrantes de la UACCH, decidieron pedir la intervención de la defensora del pueblo de la Provincia de Chubut. Se pidió a la Sra. Claudia Bard que solicite a la Policía de la Provincia la información que les permita conocer: archivos de los registros fotográficos, videos y el protocolo de seguridad establecido durante las marchas.

OCTUBRE

La Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe sobre el «Panorama minero de China en Argentina» y publicó que uno de los principales yacimientos con intervención de empresas chinas será Suyai, en el Cordón Esquel. Yamana Gold, el grupo (CAM) al que pertenece Eduardo Elsztain, y capitales chinos proyectan poner en marcha la extracción de oro y plata en 2030. En el 2020, la empresa argentina Consultores Asset Management (CAM) firmó un contrato de opción con Yamana Gold para comprar hasta 40% de Yamana Argentina y desarrollar el proyecto de oro Suyai, siempre y cuando se cumplan ciertas obligaciones y pague un monto adicional de U$S 31,6 millones en varias cuotas a más tardar en 2024. Yamana Argentina es la única accionista de Suyai y titular de los derechos mineros y permisos de exploración. A través de CAM habrían ingresado los capitales chinos asociándose con Elsztain, mientras que Yamana Gold mantendría el 60% restante de las acciones. La nueva versión de explotación que promocionan sería subterránea y con producción de un concentrado, realizando la extracción final en otro lugar. En la desenfrenada búsqueda de dólares, el Gobierno nacional sigue potenciando la minería en Chubut.

Ante la falta de respuesta del gobierno provincial y municipal, la Asamblea en Defensa del Territorio volvió a realizar formalmente el pedido de informes sobre los parámetros de salud ambiental en la ciudad de Puerto Madryn. La primera presentación, con fecha 20 de mayo, fue acompañada por más de treinta organizaciones y personalidades. En esta oportunidad, se sumaron más de un centenar de firmas luego del debate generado por la proyección de la película sobre ALUAR “El encanto de la mosca”.

Un representante de UACCH participó en el Festival Puentes de Agua, en Andalgalá (Catamarca). Se trató de un encuentro de organizaciones y asambleas de todo el país, para acompañar a los pueblos que están resistiendo el embate minero del proyecto Minera Alumbrera Agua Rica. Las acciones de las empresas que quieren explotar el yacimiento tienen el acompañamiento del Gobierno provincial y sus opositores son víctimas permanentes de represión, en una situación que han dado llamar “dictadura minera”.

NOVIEMBRE

Las empresas privadas y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) continúan invirtiendo en la exploración de uranio en Chubut, pensando en poder torcer la voluntad del pueblo. El geólogo Luis López, actual jefe de la División Gestión de Proyectos de la CNEA, ha expresado que la entidad supone que las legislaciones restrictivas de las provincias de Mendoza y Chubut en materia de explotación de yacimientos de uranio podrían ser modificadas. Actualmente, continúan evaluando el yacimiento de uranio y molibdeno Cerro Solo, en el centro de la Meseta chubutense, impulsadas por los estudios previos, que indican una promisoria ley para estos metales.

DICIEMBRE

Llamativamente, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, realizó una visita oficial a la provincia de Chubut. Durante la misma, se reunió con el gobernador Arcioni en su residencia y tuvieron un intercambio sobre la matriz productiva, económica y cultural de la provincia. Luego lo hizo con el vicegobernador, Ricardo Sastre. Cuando el embajador le preguntó por qué no se había podido avanzar con la megaminería en Chubut y por qué la comunidad la rechazó, Sastre consideró que lo ocurrido en 2021 se produjo porque “no había una licencia social, porque por ahí no fueron explicadas las cosas como tienen que ser explicadas y porque hay un grupo que no lo quiere entender así sea explicado”. Las Asambleas repudiaron su respuesta y la consideraron vergonzosa porque el pueblo venía dando explicaciones de su oposición desde hacía 20 años.

La minera canadiense Green Shift Commodities firmó un acuerdo con LFP Resources, también de ese país, para comprarle un área de 458.000 hectáreas para explorar litio en la Argentina. La novedad es que lo hará en roca dura en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén. Hasta el momento, en el país, los proyectos de litio conocidos eran realizados en salares de altura ubicados en el noroeste, puntualmente en Catamarca, Jujuy y Salta.

Se realizó en Rawson la audiencia sobre la denuncia realizada a cuatro policías provinciales por los seis vecinos detenidos en la última sesión del 2019 de la Legislatura, donde se aprobó la creación del Ministerio de Hidrocarburos. Esta sería la antesala normativa para habilitar la minería metalífera, que ante el rechazo de las asambleas solo le sacan al nombre la palabra minería. En ese contexto, se generan dos causas judiciales: la criminalización de los manifestantes defensores del agua, que se tramitó con absoluta celeridad por parte de la Fiscalía y de la cual fueron sobreseídos; y la otra, por vejaciones y tortura de la Policía de Chubut hacia los detenidos. En esta última, la Comisión contra la Impunidad realizó dos denuncias contra la fiscal a cargo, Florencia Gómez: una ante el Consejo de la Magistratura y otra penal por mal desempeño de sus funciones, debiendo enfrentar además un pedido de recusación por su clara actitud parcial hacia los funcionarios policiales. Luego de casi tres años de inacción, el día 3 se realizó la audiencia preliminar donde la actual fiscal Cárcamo solicitó el sobreseimiento de los policías García, Larsen, Rodríguez y Basualdo. La Fiscalía de Rawson, otra vez, se muestra como garante de la impunidad. Ante el declamo del defensor público, el juez de garantías Gustavo Castro debió resolver si eran sobreseídos o quedaban imputados. Finalmente, dicho juez elevó a juicio a los cuatro policías acusados.