ENERO

El proyecto de zonificación minera que querían aprobar en la Legislatura, tal como lo expresaba la medida autosatisfactiva presentada por las asambleas es:

1. inconstitucional, porque rompe con el contrato social implícito generado con los compromisos en campaña, lo que deriva en traición por atacar de manera directa la forma de estado representativa, artículos 5 y 22 Constitución Nacional (CN) y 1 Constitución Provincia del Chubut (CPCH);
2. clandestino, porque pretende habilitar una actividad extractiva destructiva con motivaciones falsas, de manera clandestina, es decir, sin consulta previa prelegislativa al mundo indígena, Convenio OIT Nº 169 con jerarquía supralegal, artículo 75 inc. 22) CN, sin estudios de impacto ambiental con audiencia pública ni ningún otro tipo de participación ciudadana, artículo 41 CN, Ley General del Ambiente N.º 25.765, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, tratado internacional ratificado por Ley 27.566 en vigencia desde el 27 de octubre de 2020; incluso, Ley Chubut XI-35 (Antes Ley 5439) del Código Ambiental.

El Gobierno provincial, para superar todas esas “irregularidades”, se sacó de la galera unas denominadas “mesas de trabajo” sobre el proyecto de zonificación. A tal punto que las instituciones y organizaciones que formaban parte del cronograma ni siquiera pudieron preparar una posible participación. La Universidad Nacional de la Patagonia, la Iglesia Católica, el Partido Municipal por Trelew y las comunidades de pueblos originarios rechazaron estar presentes por la forma de la convocatoria, ya que debería haber sido desde el inicio un proceso de debate. Posteriormente las comunidades mapuche-tehuelches denunciaron “aprietes” y amenazas por parte de funcionarios del gobierno para obligarlos a asistir a las “mesas de trabajo” sobre minería, advirtiendo que el Gobierno provincial quería hacer pasar la actividad como consulta previa.

Las comunidades mapuche-tehuelche, para manifestar el rechazo a habilitar la megaminería en su territorio organizaron en distintas localidades el “Mesetazo”. Cada una de las ediciones del Mesetazo permitió el encuentro de las comunidades mapuche-tehuelche de toda la Meseta y de asambleas de las localidades de la Costa y de la Cordillera. Los reunió el mismo objetivo de decirle no al saqueo minero, aunando fuerzas para enfrentar a los gobiernos y a las empresas mineras que pretenden adueñarse del territorio. En el período de diciembre a marzo se realizaron en Paso del Sapo, Las Plumas y Telsen.

La denuncia por falsedad ideológica del proyecto de zonificación minera fue rápidamente archivada por el fiscal de Rawson, Osvaldo Heiber. Inmediatamente se solicita el desarchivo y finalmente se logra, por los absurdos fundamentos que había esgrimido el fiscal para no seguir investigando.

Un sentimiento de indignación inundaba la provincia y el claro enfrentamiento del pueblo con sus gobernantes a veces se manifestaba de manera directa. Durante la movilización del 29 de enero en la ciudad de Puerto Madryn, un fotógrafo de LUAN registraba lo que sucedía cuando la marcha pasaba frente a la casa del vicegobernador, dado que un camión regaba con agua podrida la calle cerca de los vecinos. Entonces, fue amenazado por Ricardo Sastre.

FEBRERO

El CENPAT-CONICET presentó un informe a la Legislatura que explicaba una serie de riesgos en torno a la habilitación de la megaminería en Chubut, basado en la vulnerabilidad del sistema acuífero, la desertificación, el cambio climático, las lluvias extraordinarias y las inundaciones. Señalaba, además, la ausencia de la consulta previa, libre e informada, fundamentando la no participación en las “mesas de trabajo” porque se debía dar una discusión democrática, abierta e inclusiva respecto del desarrollo integral de la Meseta que involucre el tratamiento respetuoso del proyecto de ley 129/20 presentado por iniciativa popular.

Sin embargo, los impulsores de la zonificación minera dentro de la Legislatura no escuchaban razones. El primer intento para aprobar el proyecto fue cuando se convocó a una sesión extraordinaria para el 5 de febrero, que finalmente fue suspendida. Horas después, se conocía el fallo de la jueza Arbilla que suspendía la sesión. Ese fallo se levantó sin dar lugar a lo solicitado por las asambleas en la medida autosatisfactiva, ya que la misma fue rechazada el día 10 de febrero.

La Coordinación Regional Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los derechos de los pueblos originarios por parte de la provincia de Chubut y del Estado argentino. El reclamo es motivado por los sucesivos intentos del gobernador Arcioni de aprobar de forma inconsulta el proyecto de zonificación minera, que afecta a las tierras que habitan las poblaciones mapuche-tehuelche de la Meseta chubutense. La presentación fue realizada a pedido de las comunidades mapuche-tehuelche Los Pinos, Mallín de los Cual, Chacay Oeste y Laguna Fría.

MARZO

En el discurso de apertura de las sesiones legislativas, Mariano Arcioni, estando presente en forma virtual desde la Casa de Gobierno y con numerosos vecinos de distintas asambleas de la UACCH en las inmediaciones, emitió frases irritantes para los opositores a la zonificación minera. Arcioni redobló la apuesta y afirmó que “hay una nueva forma de hacer minería”, adornando su discurso hablando de inversión productiva y de convertir a la Meseta en una zona estratégica para el desarrollo. Mayor enojo causó cuando utilizó frases acuñadas por las asambleas tales como “el agua no se toca”, “amamos nuestro río” o “creemos en la soberanía de los pueblos”.

El 3 de marzo, en forma subrepticia, ya que no se publicitó la reunión, la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura se reunió en horas del mediodía y emitió un dictamen de comisión sobre el proyecto de zonificación minera con 6 votos a favor y 3 en contra. El paso siguiente para intentar la aprobación sería tratarlo en el recinto y contar con los votos de la mayoría. Estando los 27 legisladores, necesitaba 14 votos. La cuestión no se limitó a ello, sino que al día siguiente, 4 de marzo, estaba convocada una sesión legislativa. Justamente un 4, fecha histórica y tradicional del movimiento popular No a la Mina.

Cuando se conoció la noticia del despacho favorable de la Comisión, comenzaron las convocatorias de las asambleas, los reclamos en los domicilios de los diputados debido a que no concurrían a la Legislatura por protocolo Covid-19 y nutridas movilizaciones en toda la provincia ante la amenaza de la aprobación en la próxima sesión. Chubut se impuso en los medios nacionales demostrando la falta de licencia social. La presencia de asambleístas frente a las casas de los legisladores fue reprimida por la policía provincial.

Ese 4 de marzo era la primera sesión ordinaria de la Legislatura, en la que incluyeron la zonificación en el orden del día, lo cual significaba que sería tratada. La sesión iba a comenzar a las 9:00. pero fue suspendida cerca de las 10:00, argumentado una supuesta falta de seguridad para legisladores y legisladoras. Sin embargo, el motivo real era que no contaban con los votos necesarios para su aprobación.

A primera hora del jueves 4, se cortaron las rutas en Trelew, Madryn y Esquel. En el acceso norte a la ciudad de Trelew realizaron un corte total de la Ruta Nacional N°3 que se extendió por 12 horas, en el que participaron vecinos de las asambleas de UACCH, organizaciones sociales, sindicales y pueblos originarios. Durante la mañana se conoció la suspensión de la sesión, pero decidieron permanecer para dejar en claro que el agua no se negocia, exigiendo el tratamiento y aprobación de la iniciativa popular. Uno de los hechos destacados fue que las mujeres fueron al frente, pusieron el cuerpo formando un cordón a lo ancho de la ruta, resistiendo la embestida de camioneros que las increparon con palos. En la Cordillera, se hizo un corte intermitente en Ruta Provincial N.º 259.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco resolvió por unanimidad solicitar a la Legislatura no avanzar en el tratamiento del proyecto de zonificación minera y recomendar el tratamiento del proyecto de ley presentado por iniciativa popular.

ABRIL

En el ámbito judicial, la Comisión contra la Impunidad denuncia a la fiscal Florencia Gómez, basándose en su inacción y mal desempeño en la causa que tiene por víctimas de violencia institucional a integrantes de asambleas de la UACCH. Los hechos denunciados comenzaron con una serie de detenciones ilegales después de una manifestación frente a la Legislatura de Chubut el 6 de diciembre de 2019. Las personas detenidas fueron víctimas de golpes, torturas, vejaciones y amenazas por parte del comisario Juan García, a cargo del operativo, y de personal a sus órdenes.

Para el Gobierno provincial quedaba por delante tirar abajo la iniciativa popular y, para ello, inician una campaña sucia contra el Proyecto de Ley N.º 129/20 presentado por el pueblo. El ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, realizó declaraciones advirtiendo de que, si se aprobaba el proyecto de ley de la UACCH, la empresa Aluar podría ser afectada porque entre otras cosas se pretendía “prohibir el almacenamiento de sustancias minerales, entre las que está el aluminio”. Además, el diputado Manuel Pagliaroni, que hacía unos años hacía campaña diciendo que apoyaba la IP, no sólo habló de Aluar, sino que agregó que la ley sería anticonstitucional. De esa forma, demonizando la IP, se instaló en algunos medios de comunicación la idea de inconstitucionalidad y de que trabajadores de Aluar y de petroleras quedarían desempleados, lo cual era una mentira.

MAYO

El 5 de mayo, la Legislatura de Chubut rechazó por 13 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones el proyecto de ley N.º 129/20 presentado por iniciativa popular que buscaba prohibir la megaminería en la provincia y que contaba con la firma de 30.916 chubutenses. El proyecto fue rechazado sin tratarlo, votando en el recinto el despacho en contra por una marcada mayoría en la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Antes de someterse a consideración la iniciativa, se rechazó una moción de una diputada para que volviera a comisión. Los diputados que rechazaron la IP fueron: Xenia Gabella, Emiliano Mongilardi, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, María Cativa, Mariela Williams, Carlos Gomez, Gabriela De Lucía, Horacio Pais, Pablo Nouveau, Miguel Antín, Carlos Elicetche, Sebastián López. Las abstenciones que permitieron el rechazo fueron de los diputados Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera.

La decisión de la Legislatura generó protestas, que comenzaron por el corte de la Ruta Nacional Nº 3 en el acceso a la ciudad de Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Dolavon, el corte de la Ruta Nacional Nº 40 en la Comarca Andina, la ocupación pacífica de la Municipalidad de Esquel y de la de Trevelin. El objetivo era pedir la intervención de las autoridades locales para revertir la situación y lograr el verdadero tratamiento y aprobación de la IP sin modificaciones. El reclamo era que la zonificación minera tuvo otro trato en la Legislatura; por ejemplo, ante pedidos expresos de las asambleas nunca fueron recibidos los autores del proyecto de iniciativa popular. Se solicitó a los intendentes Ongarato (Esquel) e Ingram (Trevelin) que viajaran a Rawson para reclamar en nombre de sus pueblos, aunque eso no ocurrió, solo enviaron notas al gobernador y la Legislatura, junto a los intendentes de Lago Puelo y El Hoyo, solicitando el retiro del proyecto de zonificación. Entrada la noche, las fogatas seguían ardiendo en la Ruta Nacional Nº 3, donde las fotos panorámicas de un dron mostraban filas de camiones que se perdían más allá de los márgenes del encuadre. La temperatura, apenas por encima de los cero grados, se potenciaba por la bruma húmeda que caía sobre los grupos de manifestantes que resistían el corte después de un día larguísimo. La decisión asamblearia era habilitar el paso de un reducido grupo de camiones por hora y sostener la permanencia en la ruta.

En la madrugada del 9 de mayo, cientos de efectivos de la Policía de Chubut, bajo las órdenes del ministro de Seguridad Federico Massoni, decidieron ilegalmente desalojar la Ruta Nº3. Tratándose de una ruta nacional, el Gobierno provincial no tiene ninguna injerencia como para realizar dicho procedimiento y no había ninguna orden, ni pedido de colaboración, ni autorización de parte de la Justicia Federal. Esta intervención se hizo de madrugada, en un sitio descampado donde obligaron a cerrar y apagar las luces de la estación de servicio. La situación no tuvo graves consecuencias por las prevenciones de los propios vecinos, que tenían iluminación mediante grupo electrógeno, medios de comunicación que registraban en vivo el procedimiento, realizando organizada y pacíficamente el desalojo. La Policía labró un acta con nombres y DNI de los voceros que mediaron en la situación y pidieron identificación de todos los/as conductores de vehículos antes de la partida. Sin embargo, se hicieron 3 detenciones ilegales durante unas horas. La ocupación de la Municipalidad de Esquel se prolongó durante una semana.

La Justicia de la Provincia del Chubut, mediante una medida cautelar de la jueza laboral Carolina Barreiro, de Puerto Madryn, ordenó a la Legislatura la suspensión del tratamiento del proyecto de zonificación minera, tras la presentación de un amparo por la falta de consulta previa a las comunidades que se verían afectadas. Las comunidades mapuche Lof Lefimi, Los Pino, Mallín de los Cual y Chacay Oeste y Laguna Fría fueron quienes presentaron un recurso legal para que se consulte y se permita la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que involucren al territorio. La Fiscalía de Estado pidió que se revocara la medida cautelar. Entre los cuestionamientos, se planteaba que la medida interfería en competencias exclusivas del Poder Legislativo, violentando el principio de división de poderes, y que además se basaba en un perjuicio meramente hipotético, efectuaba un control judicial prematuro, realizaba una errónea aplicación del derecho vigente y omitía los recaudos legales de esta clase de decisiones, entre otros planteos. La Cámara de Apelaciones terminó revocándola.

Se realizó la ronda de reconocimiento a los policías denunciados por torturas, amenazas y vejaciones, hechos ocurridos durante las detenciones de 6 asambleístas el 6 de diciembre de 2019 en las afueras de la Legislatura de Chubut. Las personas que realizaron la denuncia y llevaban adelante la causa no fueron notificadas del procedimiento por el Ministerio Público Fiscal, sino por el defensor público. Cabe destacar que, de no haber asistido, se habría anulado la rueda de identificación de los acusados.

“Chubut viola sistemáticamente derechos desde hace tres años”, afirmó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en un comunicado en el que informó de que esperaba una respuesta de la Comisión Interamericana por los DDHH. “Salarios adeudados 1 o 2 meses sin paritarias desde 2019, la violencia policial es moneda corriente y el Estado mira para otro lado, se desconocen los pronunciamientos populares contra la megaminería, es la segunda vez que la Legislatura rechaza un proyecto por iniciativa popular sin escuchar siquiera a quienes lo impulsaron, todavía esperan respuestas quienes perdieron todo en las inundaciones de Comodoro Rivadavia y en los incendios en la Comarca Andina”.

JUNIO

Más allá de los comentarios de Arcioni y pese a que el oficialismo se muestre envalentonado en dar el debate sobre minería, el momento no es el mejor. “No están los votos. Para qué vas a sacrificar una votación si no tenés cómo aprobarla. Calculamos que después de las elecciones habrá una bajada del PJ nacional para que los diputados acompañen”, afirmó una fuente inobjetable cercana al gobernador.

El intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, y los presidentes comunales de Gan Gan, Santiago Huisca; de Gastre, Genaro Pérez, y de Telsen, Leonardo Bowman participaron de una charla autodenominada “Meseta Central. Líderes locales y su propuesta de desarrollo”. Parecía iniciativa de la Meseta pero la charla la organizó la Cámara de Proveedores y Empresarios de Chubut (CAPEM), que cuenta con el acompañamiento de todas las organizaciones, cámaras empresariales, gremios y colegios profesionales relacionados con la minería. Es decir, que en la “propuesta de desarrollo” estaba solamente la actividad minera.

El gremio de camioneros ahora apoya la minería. Así lo hizo saber el secretario general de Camioneros de Chubut, Jorge Taboada, que indicó que forma parte de una demanda de los gremios para avanzar en el “inmediato” tratamiento de la zonificación minera. Este notorio cambio de posición se relaciona con las modificaciones del proyecto en cuestión, donde se determinó que un 2% de las regalías mineras serían para las instituciones sindicales que tengan participación en la actividad (PL 128/20 – Art. Nº 53 inc.e).

Todas las asambleas trataban de encontrar posibilidades para visibilizar ante los representantes del Gobierno provincial su oposición a la zonificación minera.  Así fue que, para la inauguración de la temporada de esquí en La Hoya, se realizó un acto con presencia de funcionarios provinciales (ministros de Turismo y Producción de la Provincia) y el gobernador participó por videoconferencia. En el camino de regreso a la ciudad, vecinos de la Asamblea de Esquel los esperaban con carteles y banderas pidiendo por la iniciativa popular y en contra de la minería.

JULIO

En Puerto Madryn, durante la marcha del día 4, en las inmediaciones de la casa del vicegobernador Ricardo Sastre, fue detenido de manera ilegal el vecino Alfredo Claps. Los videos difundidos muestran a Claps marchando con un redoblante y a los efectivos de la Policía de la Provincia deteniéndolo. Inmediatamente, las asambleas se presentaron en las comisarías locales de Puerto Madryn (donde se encontraba detenido Claps), de Esquel y Trelew, para reclamar la inmediata liberación. Los abogados de la defensa pública presentaron un habeas corpus a fines de declarar la ilegalidad de la detención y solicitar la inmediata libertad. La jueza interviniente accedió a realizar una audiencia virtual y el vicegobernador se presentó como testigo. Pasadas las 1:30 AM, la jueza dispuso la inmediata libertad, teniendo en cuenta la simpleza del asunto en cuanto a la conducta en la que presuntamente incurriera el manifestante Claps en la marcha.

A través del Ministerio de la Defensa Pública se solicitó de manera urgente que se arbitren las medidas necesarias para garantizar el aprovisionamiento autónomo de agua en la aldea escolar Yala Laubat. Son asistidos con camiones de comunidades cercanas, pero cualquier inconveniente los deja sin agua. Ellos han realizado constantes denuncias de aguadas secas desde que se empezó a perforar en el proyecto Navidad. Desde hacía un año, el Gobierno provincial conocía los problemas del pozo de Yala Laubat y la necesidad de otra perforación, sin haberlo resuelto. La ausencia del Estado favorece a las empresas mineras que se ofrecen a “ayudar” a las comunidades buscando licencia social, pero los habitantes de Yala Laubat no están dispuestos a recibir favores de la empresa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Superior Tribunal de Chubut que desestimó la acción promovida por la firma minera Minas Argentinas contra la Municipalidad de Esquel por haberle denegado la habilitación de una oficina administrativa en la localidad. El Municipio no otorgó la habilitación invocando la protección del medio ambiente, basado en el Art. 166 bis del Código Tributario Municipal, incorporado por la ordenanza 228/12, que prohíbe el otorgamiento de habilitaciones comerciales para realizar actividades no permitidas por la legislación municipal. La Corte Suprema estimó que el STJ provincial omitió toda explicación acerca del modo en que la instalación de una oficina comercial en el territorio de Esquel podía afectar los bienes jurídicos tutelados por la norma a la que remite dicha ordenanza.

AGOSTO

Preocupó a la población que la Policía se formara para perseguir piqueteros. Esta apreciación es debido a que se viralizó un video que publicó la propia Policía del Chubut en sus redes sociales: un canto a modo de arenga de cadetes de infantería durante un entrenamiento en el que dicen “piquetero ten cuidado, en la noche más oscura a tu villa entraré”, poniendo a quienes protestan como enemigos, estigmatizando a quienes viven en una villa o asentamiento también como un enemigo, indicando que se les iría a buscar en una “noche oscura”… Esto fue repudiado por la comunidad en general, el defensor general de Chubut, el delegado en Chubut del INADI y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Enviaron una nota al gobierno chubutense, expresando su preocupación ante una situación que “transmite un mensaje absolutamente opuesto a una política de seguridad democrática y al respeto de los Derechos Humanos”.

El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, anunció el lanzamiento del “Plan Estratégico para Desarrollo Minero”, que pretendía estabilidad fiscal para las mineras y el aporte del Estado de infraestructura para que se concreten los proyectos de minería a gran escala. Las dos grandes trabas eran que los recursos pertenecen a las provincias y sortear la conflictividad social. Desde el 2005, los conflictos sociales por la minería se habían incrementado un 500%. Argentina era el cuarto país en cantidad de conflictos. Los proyectos que se suspendieron o cancelaron por movilizaciones fueron el 53%, mientras que en el resto del mundo era de tan solo el 25%.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut decidió que la resolución de la Cámara de Apelaciones rechazando el recurso de amparo por la zonificación minera de las comunidades indígenas de la Meseta no podía ser apelado. Se trataba de un nuevo intento de impedir la consulta previa y obligatoria a las comunidades.

La Legislatura aprueba un proyecto que declara la emergencia hídrica en el territorio de la provincia del Chubut por un plazo de un año. También autoriza al Instituto Provincial del Agua y al Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación a desarrollar, en el marco de la ley, todas las acciones urgentes e inmediatas que resulten necesarias para afrontar la emergencia hídrica, como así también a realizar las tramitaciones que permitan la contratación de servicios y de obras.

SEPTIEMBRE

Arcioni encabezó el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chubut. El evento, de modalidad virtual, organizado por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, contó con la participación del gobernador, representantes del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y de Naciones Unidas. Se trataba del Plan de Acción de Sensibilización y Adaptación de los mismos en la provincia. Arcioni emitió expresiones que poco tenían que ver con su accionar, como las siguiente: “Hacemos mucho hincapié en el cuidado del medioambiente, más cuando tenemos que terminar de desarrollar una provincia como la nuestra que tiene expectativas y recursos naturales tan importantes” o “Hablo de la creación de un sistema de medición de medioambiente, para hacer un monitoreo permanente de todo”. Afirmó que se pueden realizar actividades de la mano del cuidado del medioambiente.

Las asambleas de la UACCH siguen alertando a sus vecinos sobre la defensa del agua, agravada por la sequía. Al mismo tiempo, se lanzó una campaña en las redes sociales para que los vecinos publiquen una foto enmarcada con el mensaje: “En estas elecciones, yo elijo NO a la MINA” y los hashtags #YoVotoNoalaMINA y #NoEsNo, con un pie de página con 30.916 Me Gusta, que representan el total de vecinos que acompañaron la iniciativa popular. Además, todas las movilizaciones se hicieron bajo el lema “¿Qué pasa con el agua en Chubut?”.

La minera Pan American Silver reconoció, en la presentación de su “Reporte de Sostenibilidad 2020” que “trabaja” en la Meseta chubutense, financiando y “acompañando” salud, educación, comedores y hasta Policía, lo que cuantificaron en poco más de U$S 500 mil (en 2020 y 2021). Revelaron que las comunas les “pasaron” información de vecinos que reciben subsidios para “llegar con leña y alimentos”. “El objetivo es estar cerca de la comunidad y humanizar a la empresa”, sostuvieron, “mientras esperamos la ley”.

Ante la noticia de la presencia en Esquel del ministro de Defensa, Jorge Taiana, y del ministro de Ambiente, Juan Cabandie, los vecinos del No a la Mina se hicieron presentes en las instalaciones del Regimiento de Caballería 3 del Ejército Argentino. Allí, iba a realizarse un acto de reconocimiento al Ejército por su participación durante los incendios del mes de marzo pasado en la Comarca. La intención de los vecinos era que las autoridades del Gobierno nacional, principalmente el ministro Cabandié, conocieran la posición del pueblo de Chubut respecto al intento de habilitar la megaminería en la provincia. Sin embargo, no les permitieron el ingreso. En la puerta, los manifestantes desplegaron su bandera “Chubut dice No a la Megaminería” y repartieron folletos.

En el marco de la campaña electoral de legisladores nacionales, Mariano Arcioni asistió a la entrega de viviendas para más de 100 familias en Valle Chico, Municipalidad de Esquel. Era esperable la presencia de vecinos con reclamos a un Gobierno que no escucha. Por eso, el supuesto “acto público” se convirtió en un acto donde se restringió la presencia a los adjudicatarios, los funcionarios provinciales y municipales, y los vecinos que apoyan su gestión. Un gran operativo de 130 efectivos impedía acercarse. Incluso la prensa tuvo algunos inconvenientes para acceder al acto. En uno de los ingresos a Valle Chico desde la Ruta Nº 259, se ubicaron los vecinos de la Asamblea del No a la Mina con 2 carteles muy claros: “NO A LA MINA” y “CHUBUT DICE NO A LA MEGAMINERÍA”. La llegada y partida del gobernador tuvo un absurdo y desproporcionado tinte cinematográfico: seis o siete vehículos a gran velocidad, con maniobras riesgosas y un despliegue de decenas de efectivos de la Policía de Chubut, Gendarmería Nacional y agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, para “custodiar” al gobernador de 4 vecinos del No a la Mina que estaban con 2 banderas. El gobernador huyó del pueblo.

En la capital de la provincia, durante los festejos del aniversario de la ciudad de Rawson, el 15 de septiembre, los vecinos de la Asamblea contra la Megaminería de Rawson-Plaza participaron espontáneamente en el desfile portando sus banderas para visibilizar la falta de licencia social que tiene la minería a gran escala.

OCTUBRE

Los dos fiscales del Ministerio Público Fiscal de Esquel y dos comisarios de la Policía del Chubut implicados en la causa iniciada en el año 2015 por tareas de espionaje ilegal contra integrantes del movimiento No a la Mina fueron desprocesados mediante una resolución. Los acusaban porque eran quienes tuvieron relación con un espía de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y manejaban información sobre vecinos recabada de manera ilegal. Otra novedad tuvo que ver con el procesamiento de dos espías más de la AFI, además de uno que ya se encontraba procesado.

La Corte Suprema obliga al Superior Tribunal de Justicia de Chubut a realizar un nuevo fallo en la causa habilitaciones comerciales de la Empresa Minas Argentinas, ampliando los fundamentos para aprobar la decisión del Municipio de Esquel. La población de Esquel necesita conocer si se realizó alguna acción legal desde el Municipio porque preocupa que una inacción derive en una resolución adversa para toda la comunidad. La Asamblea solicitó formalmente a la asesora legal de la Municipalidad una copia de lo actuado en la causa por todas las partes intervinientes, con el fin de evaluar la situación actual y su posible evolución. Además, presentaron una nota al Concejo Deliberante que derivó en una reunión con los concejales, en la cual se manifestó la preocupación ante las irregularidades de las decisiones jurídicas respecto al tema.

NOVIEMBRE

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia concedió los recursos de casación interpuestos, vinculados al sobreseimiento de los fiscales Rivarola y Bottini y dos comisarios de la Policía de la Provincia del Chubut, sobre el espionaje ilegal a vecinos del No a la Mina de Esquel. Los interesados debieron comparecer ante la Cámara de Casación.

Vecinos de las asambleas que conforman la UACCH realizaron un FORO al que llamaron “ZONIFICACIÓN MINERA: una condena innecesaria e irreversible”, en referencia al proyecto de ley que está para su tratamiento en la Legislatura chubutense. El mismo se realizó mediante una plataforma de streaming que transmitió en vivo a través de las cuentas de Facebook y YouTube de Noalamina Esquel, difundiendo toda la información en que se fundamenta la postura de oposición al proyecto de zonificación minera. Este foro quedó grabado en Facebook y YouTube de Noalamina Esquel e Iniciativa Popular Chubut.

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, citó y luego suspendió la indagatoria a vecinos que se manifestaron en Ruta N.º 3 tras el rechazo de la iniciativa popular. La Unión de Asambleas de Comunidades criticó “la desprolijidad con la que los funcionarios de la Justicia se manejan con personas que no han hecho más que defender los bienes comunes”.

DICIEMBRE

La Legislatura de Chubut aprobó dos proyectos de ley con enorme trascendencia para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, restringiendo derechos a la tutela judicial efectiva ante los atropellos del poder estatal. Se modificó la ley que rige la acción de amparo (Ley V Nº 84), la cual era una normativa de avanzada en comparación con las regulaciones en otras provincias y lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 16.986, generando nuevas trabas a los justiciables para poder acceder a esta herramienta legal. Asimismo, se aprobó una ley que limita de manera significativa el otorgamiento de medidas cautelares contra la administración pública provincial, municipal y también otros organismos descentralizados de la órbita estatal local. A esto se sumó la entrada en vigencia de la Ley XIII N.º 26, la que, al modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, introduce en el ámbito provincial el instituto del “per saltum”, mediante el cual en cualquier causa judicial por motivos de “gravedad institucional” podrá intervenir directamente el Superior Tribunal de Justicia, sorteando las instancias previas. La modificación de la Ley de Amparo impide a un juez de primera instancia resolver un amparo, como ocurrió con el amparo ambiental sobre el proyecto minero Cordón Esquel. Todo terminaría en manos del Superior Tribunal de Justicia, al cual se solicitaba la incorporación de tres jueces afines al gobernador Arcioni. Todo parecería indicar que eran preparativos para la aprobación del proyecto de zonificación minera. Otra modificación llamativa fue el calendario de sesiones de la Legislatura, en el que incorporaron dos sesiones como “ordinarias” para el 14 y el 16 de diciembre de 2021.

En una reunión en Legislatura, el 5 de diciembre, los vecinos tomaron conocimiento sobre la inminente aprobación de la zonificación y que el diputado Rafael Williams se tomaría licencia en las últimas sesiones para viajar a Buenos Aires a una conferencia sobre género. Justamente en esa crítica semana en que se iba a votar la zonificación y en que cada voto en contra era importante. Por ello, 5 vecinos, en su mayoría jubilados, la semana anterior al 15 de diciembre trataron de impedir que viajara, colocando carteles alusivos en la reja externa de su vivienda y convocando a una conferencia de prensa. El diputado salió violentamente, arrancando los carteles y amenazando con cambiar el voto. Finalmente, el diputado Williams no viajó.

Los gremios afines al gobierno UOCRA: Camineros, Petroleros y parte de Empleados de Comercio comenzaron a manifestarse en apoyo al proyecto de zonificación. Esta actitud se debió a las modificaciones del proyecto, que otorgaban beneficios económicos a estos gremios si se aprobaba el proyecto de ley.

Las asambleas de la UACCH organizaron una vigilia desde la noche del 15 de diciembre para esperar la sesión del día 16. La sospecha de que la aprobación sería el 16 de diciembre era debida a que el gremio de Camioneros había convocado a sus afiliados para ese día.

El 15 de diciembre se hace una sesión especial para elegir a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y posteriormente a ella, se realiza una sesión “que no puede llamarse ordinaria”, de una manera irregular y aprovechando que todavía no había muchos asambleístas en la Legislatura. Allí, se aprueba el proyecto N.º 128/20, “Desarrollo industrial minero metalífero sustentable de la provincia del Chubut”, conocido como “proyecto de zonificación minera”, con los votos de 14 diputados, convirtiéndose en la Ley XVII N.º 149. Quienes permitieron la aprobación del proyecto fueron Juan País, Roddy Ingram, Graciela Cigudosa, Emiliano Mongilardi, María Cativa, Garlos Gómez, Gabriela De Lucía, Mariela Williams, Pablo Noveaux, Tatiana Goic, Carlos Eliceche, Sebastián López, Adriana Casanovas y Mónica Saso. A partir de ese momento se empieza a gestar el “CHUBUTAZO”.

Diciembre de 2021 quedará marcado a fuego en Chubut por la represión planificada, lanzada a la par de la aprobación de la ley de zonificación para habilitar la megaminería, que con una pueblada histórica y tras siete días de protestas se logró que se derogara.

DÍA 1 – 15 de diciembre

Minutos antes de finalizar la sesión, ya se desató la represión en Rawson contra los vecinos que estaban afuera de la Legislatura, un pueblo que rechazaba la actividad poniendo el cuerpo en la calle desde hacía 19 años. Los vecinos fueron víctimas del abuso policial con heridos y detenciones ilegales. La aprobación generó una movilización popular en repudio en toda la provincia. Desde las 23:04 del 15/12/2021, la asamblea de Esquel comienza a enviar audios, fotos y videos sobre la represión en Rawson a la fiscal María Bottini, con la intención de que el Poder Judicial pudiera evitar un mal mayor. A las 23:11, responde con un mensaje que informa que lo recibido lo había reenviado a la fiscal de Rawson.

DÍA 2 – 16 de diciembre

Hacia la 1:30 de la madrugada del jueves, al lograr dispersar y dividir a quienes se encontraban resistiendo, comenzó una feroz cacería por parte de infantería, quienes desde camionetas disparaban a quemarropa a quienes encontraban en retirada. En simultáneo, en ciudades como Trelew, Esquel y Comodoro se realizaron movilizaciones y concentraciones autoconvocadas que fijaron cita para movilizarse durante el jueves. Desde Esquel partieron hacia Rawson vecinos de la Cordillera para acompañar a las asambleas de la Costa.

A las 8:00 se presentan integrantes del No a la Mina para denunciar ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel: a) ilegalidad de la sesión, presencia de integrantes del gremio camioneros dentro de la Legislatura y que se realizó una sesión ordinaria luego de una sesión especial, transgrediendo las normas legislativas. b) los excesos policiales ocurridos el 15/12/2021 durante una represión a los asambleístas que estaban fuera de la Legislatura provincial, con abuso de armas, privación ilegítima de la libertad, tortura, con consecuencias de personas lesionadas de distinta gravedad por agentes de la Policía de la Provincia de Chubut. La cacería contra los asambleístas se extendió a muchas cuadras de la Legislatura y se prolongó en el tiempo hasta las 3:00 de la madrugada del 16/12/2021. Además, se solicita un habeas corpus ante la jueza Fernanda Révori.

Durante la mañana, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn sesionó, votando la adhesión de dicho municipio a la zonificación, siendo el primero de todos en vincularse, tratando de obtener el 14% del 3% de las regalías mineras. Simultáneamente, se preparó un proyecto de ordenanza para habilitar el puerto de la ciudad para la entrada y salida de elementos vinculados con la megaminería, que se votaría la semana siguiente. En Esquel, el Concejo Deliberante, rechazó la ley votada en la Legislatura. Desde el mediodía, Rawson empezó a colmarse de pueblo para exigir el veto por parte de Arcioni a la ley de zonificación. Sin embargo, el gobernador la promulgó rápidamente. La indignación motivó que miles de personas se acercaran a la capital de la provincia y la bronca popular ante esta falsa democracia volvió a estallar, esta vez frente a Casa de Gobierno. La respuesta del Estado fue nuevamente gases, balas y otra feroz cacería, incluso disparando hacia la entrada del hospital de Rawson, donde algunos manifestantes se resguardaban luego de ser dispersados. La policía ingresaba a comercios y sacaba por la fuerza y a los golpes a quienes se encontraban en su interior. Una jornada de muchas horas de lucha desigual entre el pueblo y las fuerzas de seguridad, en el que también se incendiaron edificios públicos como la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia, llamativamente no resguardados por la Policía. Durante el regreso de los manifestantes, en la ruta a Trelew, la Policía golpeó a algunas personas e intentó detenerlos. La represión también ocurrió en las manifestaciones de Trelew. La masividad se replicó en las principales ciudades, como Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn, con movilizaciones históricas de miles de personas en las calles. El saldo de las 48 horas de represión fue de más de 30 detenciones, todos posteriormente liberados y la mayoría de ellos sin causas en su contra, y de decenas de heridos, entre los cuales se encontraban niños. Durante la noche, circuló la versión de una declaración de Estado de sitio, hecho que finalmente no ocurrió.

DÍA 3 – 17 de diciembre

La burocracia sindical de la UOCRA, Camioneros y Petroleros, en acuerdo con el Gobierno provincial, porque la ley de zonificación les otorgaba un porcentaje de regalías mineras, buscaron movilizar a sus tropas en favor de la zonificación votada. Pero esas movilizaciones fueron muy minoritarias respecto de las movilizaciones de rechazo, con lo que se ponía más en evidencia la contundencia del reclamo. Aunque hasta ese momento no se registraba ninguna participación de sectores obreros organizados, con excepción de guardavidas y fracciones docentes, la presencia de trabajadores de una empresa tan contaminante como Aluar en las marchas fue muy importante y el tema fue ampliamente discutido en la planta. En la Meseta, comenzaron a reunirse en Gan Gan vecinos autovonvocados de la localidad, vecinos de Yala Laubat, Gastre y las comunidades mapuche-tehuelches Mallín de los Cual, Laguna Fría – Chacay Oeste y Los Pinos. En aquellos días, estaban atentos si había algún avance de maquinaria de las mineras y qué decisión tomarían frente a eso. En Comodoro Rivadavia, cuyo intendente es Juan Pablo Luque, una vigilia en el Concejo Deliberante logró voltear la intención de votar la adhesión a la ley. En algunos municipios, producto de las enormes movilizaciones, se votó contra la zonificación y declararon personas no gratas a los legisladores que lo habían hecho a favor. Ningún otro municipio de las principales ciudades logró adherir. Por otro lado, las movilizaciones no paraban de crecer y los pronunciamientos de diferentes sectores no dejaban de llegar al gobierno provincial. Hasta Anonymous colaboró en la lucha, hackeando la página de Pan American Silver.

DÍA 4 – 18 de diciembre

La victoria se comenzaba a avizorar cuando el movimiento de lucha sacudió al movimiento obrero organizado. Durante los primeros días, la CTA convocó a un paro ambiental provincial pero de carácter testimonial. Pero fue, junto con el rechazo de los trabajadores de los sindicatos promineros de movilizar, los primeros elementos que pusieron de manifiesto un profundo proceso al interior de los sindicatos. En varias localidades, se gestaron multisectoriales integradas por las asambleas y también por distintos representantes sindicales. La máxima expresión de este fenómeno fue la convocatoria de todos los sindicatos vinculados con la pesca (Supa, Somu, Siconara, STIA) a rechazar la zonificación, junto a la ley de pesca que pretendían votar en esos días, la cual profundizaba la privatización del sector pesquero. Esto culminó en la paralización de los puertos de Rawson y de Puerto Madryn.

DÍA 5 – 19 de diciembre

De las decenas de pronunciamientos que se publicaron durante esas jornadas, el 19/12 los comunicadores, periodistas y trabajadores de prensa solicitaron a las autoridades se derogue de inmediato las Ley XVII N.º 149 de zonificación minera. En una sesión especial, el Concejo Deliberante de Trelew aprueba un proyecto que rechazaba en todos los términos dicha ley y pedía su derogación. Entre otros puntos, repudiaba los actos de violencia y represión por parte de las fuerzas de seguridad y declaraban “personas no gratas” a los diputados responsables de la votación a favor de la mencionada ley. La jueza Fernanda Révori hizo lugar a la acción de habeas corpus en favor de los vecinos y vecinas autoconvocados en asambleas de Esquel y toda la provincia de Chubut e integrantes del movimiento “No a la Mina” y resuelve “ORDENAR a la Policía de la Provincia del Chubut, se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria del colectivo conformado por las vecinas y vecinos autoconvocados en asambleas de Esquel y toda la provincia de Chubut que se manifiestan por estos días en espacios públicos, en contra de la megaminería. […] EXHORTAR a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chubut, se avance con premura en la elaboración del protocolo superador anunciado, destinado a regular las prácticas y criterios de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales. […] REMITIR al Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut, acta y audios de las audiencias desarrolladas en el marco de la presente Solicitud Jurisdiccional los días 17 y 18 de diciembre del corriente, con el objeto de que el equipo de fiscales tome cuenta de las denuncias por presuntos excesos y abusos policiales formuladas por los accionantes y testigos citados”. Cerca de las 20:00 apareció el primer proyecto de derogación de la ley de zonificación minera, por parte del bloque de la UCR. A las 21:00 el representante legal de las comunidades mapuche-tehuelche Mallín de los Cual y Lefimi presentó una demanda de inconstitucionalidad de la ley de zonificación por violar el derecho a la consulta y participación indígena.

DÍA 6 – 20 de diciembre

A la madrugada partía una caravana desde Esquel hacia Rawson y denunciaban decenas de controles policiales en el camino. El 20 de diciembre de 2021, a veinte años de la gesta popular del 2001, los puertos estaban paralizados y hubo piquetes, algunos de los cuales eran protagonizados por los trabajadores de la pesca, en tres puntos de la Ruta Nacional N.º 3 (Madryn, Trelew, Comodoro) y en la Ruta Nacional Nº 40. Las movilizaciones también fueron contundentes y en la provincia se cantaba “que se vayan todos”. El fantasma del 2001 recorría las calles de Chubut. La crisis al interior de las fuerzas políticas iba aumentando a medida que la movilización popular volteaba las distintas estrategias para frenarla. Los propios intendentes de las localidades de Trelew (Maderna, ligado al FdT) y Rawson (Biss, ligado a JxC) participaron de las movilizaciones. Hasta el propio legislador Carlos Eliceche, del PJ, principal lobbista de las mineras, tuvo que darse vuelta. La burguesía y sus representantes tomaron nota de que la rebelión popular era imparable, que la tendencia a la paralización de la provincia era inevitable y que se estaban sacudiendo todas las herramientas de contención con las que contaban. El intendente de Puerto Madryn tuvo que retroceder y vetar la ordenanza de adhesión a la ley. La única forma de parar la rebelión era dar marcha atrás. A la tarde de ese día, el vicegobernador Sastre confirmó la sesión de la legislatura para el día siguiente y Arcioni ensayó la última maniobra, planteando la suspensión de la zonificación y la convocatoria a un plebiscito. Rápidamente, las movilizaciones populares rechazaron cualquier maniobra y exigieron la derogación. A las 21:00 se producían incendios en la sede central del diario El Chubut, en Trelew.

DÍA 7 – 21 de diciembre

La Legislatura de Chubut, por unanimidad, deroga la LEY DE ZONIFICACIÓN MINERA. El pueblo de Chubut festeja el triunfo en las calles. La concentración en Rawson festejó el enorme triunfo de la rebelión. Por la tarde, en cada localidad, la gente salió masivamente a festejar la victoria. Los abrazos y los cánticos se entremezclaban con la quema de los carteles de los diputados, del gobernador y hasta del presidente Alberto Fernández. No había dudas, la contundencia de la lucha había derrotado a todas las fuerzas políticas y a todos los recursos del Estado, que había de imponer una actividad rechazada en Chubut desde hacía 19 años. Por delante, quedaba continuar con la resistencia, derrotar la judicialización de la protesta y lograr que se haga justicia sobre los responsables de la brutal represión contra el pueblo. Se puso en marcha una colecta para colaborar con las víctimas de la represión estatal.