ENERO

En un clima de avance minero en la provincia, a fines de enero se realizó en El Maitén un Parlamento por el Agua y en Defensa del Río Chubut. Participaron mapuches y no mapuches, miembros de la sociedad civil, organizaciones sociales, lof y comunidades, haciendo circular la palabra de manera autónoma, solidaria y colectiva. Se hizo una proclama donde se comprometieron a actuar conjuntamente en defensa de las cuencas del Chubut, Somuncurá, Gastre, Sacanana, Arroyo Perdido, Intermedia y Central y de la totalidad del territorio.

FEBRERO

La situación empieza a preocupar a vecinos y productores del Valle, que tanto dependen del Río Chubut,y se realiza un “tractorazo” en Dolavon en defensa del agua y en rechazo a la megaminería.

MARZO

También en defensa del agua, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP), de la cual forma parte la UACCH, presentó una denuncia y solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se realizó considerando que el sistema de cuencas de ríos patagónicos es sujeto de derechos, por conocimiento ancestral y sentido natural y que debe protegerse como la unidad que es, en términos de región patagónica, que supera ampliamente el concepto de interjurisdiccionalidad.

ABRIL

Otro de los indicios del rumbo que tomaba el Gobierno de Mariano Arcioni fue descubrir en el Boletín Oficial la contratación de un “servicio de monitoreo de medios” por una remuneración de 450.000 pesos a José Luis Gaud, un asesor de Pan American Silver en el proyecto Navidad que, en su currículum público virtual de Linkedin, se jactaba de haber hecho “un manual para interpretar cómo trabajan los activistas del No a la Mina”. La Asamblea por el NO a la Mina de Esquel manifestó inmediatamente su más enérgico repudio a dicho contrato.

MAYO

Recordando marzo del 2020, Chubut estaba transcurriendo la mayor crisis política, social y económica de su historia, al borde de un estallido social por parte de los empleados públicos provinciales, hartos del desprecio y manipulación del Gobierno. Activos y jubilados estaban preparando una gran movilización a Rawson, pero con enorme habilidad para sacar provecho de todo y sin que hubiera ningún caso de Covid-19, Arcioni unos días antes cierra las fronteras de la provincia y nos pone a todos en Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO). Se suspendieron actividades multitudinarias, se cerró el “localito” de Esquel y TODOS nos quedamos adentro, menos las empresas mineras. El Gobierno nacional determinaba que la minería es una actividad esencial. Para que el personal de las empresas mineras pudiera llegar a los proyectos en las distintas provincias en forma rápida y segura, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), junto a la Secretaría de Minería de la Nación, pusieron en marcha un sistema denominado “Corredor Minero Federal” con Aerolíneas Argentinas. Su implementación estuvo fuera del protocolo Covid-19, pensando en el aislamiento por viaje, ya que el régimen laboral es de 14 días de actividad y 14 de descanso.

Sin embargo, no dejamos de sorprendernos de que, en plena pandemia, Yamana Gold anunciaba que habían una sociedad en la que los empresarios Eduardo Elsztain y Samuel Zang (conocidos directivos de IRSA) podrían acceder a un 40% de participación en el proyecto Suyai (Esquel) si lograban sortear los asuntos sociales, ambientales y de gobierno que frenaban la explotación del yacimiento. Si bien la misma empresa advertía que hay leyes provinciales que prohibían la actividad, hubo declaraciones de referentes promineros que indicaban que también podían intentar llevar a cabo el proyecto esquivando la Ley XVII N.º 68 (Ex Ley Nº5001).

Conocida esa información, los vecinos salieron de nuevo a la calle y, con los recaudos necesarios, volvieron a marchar y durante el invierno hicieron asambleas al aire libre. Además, haciendo uso de la banca del vecino, presentaron un proyecto de declaración para rechazar la intención de reactivar la explotación del proyecto Suyai. En una sesión especial, los ediles la aprobaron por unanimidad, dejando en claro que la postura del cuerpo legislativo local estaba en concordancia con las normas vigentes y la férrea decisión de la comunidad de oposición a la megaminería.

JUNIO

Habían transcurrido más de cinco años del primer intento para lograr la aprobación de una ley, referida a la actividad minera, que coincidiera con lo establecido por el artículo N.º 41 de la Constitución Nacional, y las asambleas miembros de la UACCH seguían reclamando que “nos deben una ley”. Por eso, el 22 de junio, en toda la provincia decidieron realizar el lanzamiento de la segunda iniciativa popular para contar con una ley que nos defienda de los estragos de la megaminería, definida como “La ley del pueblo”.

SEPTIEMBRE

Por otro lado, la intención de avanzar con el proyecto Navidad en la Meseta se deja al descubierto cuando, el 24 de septiembre, a través del Boletín Oficial se conoció una publicación del Instituto Provincial del Agua informando sobre un pedido de permiso de uso de agua pública de Minera Argenta, subsidiaria de Pan American Silver, para el campamento que la empresa tiene en La Rosada. Como consecuencia, ese 4 de septiembre, cuando los chubutenses salen a manifestarse contra la minería metalífera a gran escala, por primera vez un grupo de vecinos de Gastre se sumaron a las movilizaciones, congregándose en la plaza del pueblo. La UACCH emitió una declaración denunciando la situación y cientos de vecinos de distintas localidades de Chubut enviaron oposiciones a dicho permiso.

OCTUBRE

Como contrapartida, se presentaba en el Tribunal Electoral de Rawson el proyecto de ley gestado por segunda vez por iniciativa popular. Desde su lanzamiento, y sin ceder la convicción que desde hacía 18 años sostenían las asambleas, se sumaron voluntades a lo largo y ancho de Chubut. Se transitó un camino con innumerables dificultades, en el peor escenario posible: el contexto de la pandemia por COVID-19 y sus restricciones, el aislamiento y el invierno. No obstante, se logró en tres meses que 30.916 chubutenses de 48 localidades acompañaran el proyecto de ley del pueblo que fue presentado con enorme alegría y emoción.

El secretario de Minería, Alberto Hensel, fue el primero en revelar las intenciones del gobernador cuando declaró: “Estamos acompañando la iniciativa del gobernador Mariano Arcioni de desarrollar la minería en la Meseta”. Estas expresiones generaron la reacción inmediata de las comunidades mapuche-tehuelche de la Meseta centro norte de Chubut, repudiando el accionar de Arcioni y de Hensel mediante un documento que hicieron público.

NOVIEMBRE

El gobernador Arcioni finalmente se sacó la careta y anunció, en el marco de la mesa nacional para el Plan Estratégico del Desarrollo Minero, su intención de habilitar la explotación minera mediante una zonificación en la provincia. En esa mesa nacional, Arcioni compartió espacio con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el secretario de Minería, Alberto Hensel, y gobernadores de otras provincias. Lo secundaron al gobernador el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá; el titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios, y los presidentes comunales de Telsen, Leonardo Bowman; de Gastre, Genaro Pérez, y de Gan Gan, Santiago Huisca, además del presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut, Gerardo Cladera.

Inmediatamente, se produjeron movilizaciones en todo Chubut. La respuesta del Estado estuvo en manos del ministro de Seguridad, Federico Massoni, con operativos posteriores a las protestas con persecución, allanamientos y detenciones a asambleístas que se manifestaban en contra de la minería en Rawson, tal como lo denunciaron las asambleas.

El 20 de noviembre, ingresan a la Legislatura de Chubut dos proyectos antagónicos: el proyecto de ley N.º 129/20, presentado por iniciativa popular, y el proyecto de ley N.º 128/20, “Desarrollo industrial minero metalífero sustentable de la provincia del Chubut”, enviado por el Poder Ejecutivo Provincial para habilitar la actividad minera en la Meseta centro-norte de Chubut, identificado como “proyecto de zonificación minera”. El proyecto habilitaría la minería metalífera a gran escala en los departamentos de Gastre y Telsen, argumentando que sería la aplicación del artículo 2 de la Ley XVII N.º 68 (ex-Ley N.º 5001), que había caducado en el año 2003. No se trataba de ninguna coincidencia, sino que cuando se presentó la iniciativa popular para verificación de firmas al Tribunal Electoral en octubre, el Gobierno sabía que, de aprobarse, la iniciativa popular podía cerrar las puertas definitivamente a la minería metalífera. El gobernador Mariano Arcioni, al presentar el proyecto, advirtió que no lo detendrán “500 ruidosos”.

Ante la noticia, hubo asambleas en las principales ciudades de la provincia y se movilizaron con marchas de antorchas en Rawson, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia. En cada rincón de la provincia hubo movilizaciones, incluidas las marchas en la Meseta, que tanto los Gobiernos provincial y nacional como los legisladores pretenden sacrificar. Las asambleas de la UACCH comenzaaron a denunciar a través de los medios de comunicación que el proyecto de zonificación minera era inconstitucional, ilegal, clandestino y basado en una falsedad ideológica. Imcumplía el artículo 5 y 22 de la Constitución Nacional, el artículo 1 de la Constitución Provincial del Chubut, el Convenio 169 de la OIT, la Ley XVII N.º 68 Art.2, que ha caducado, la Ley N.º 25.765, Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

El 24 de noviembre, los proyectos de ley N.º 128/20 y N.º 129/20 tomarían estado parlamentario. Por ello, a primera hora de la mañana, previo a la sesión legislativa, vecinos de la Asamblea de Esquel realizaron una presentación judicial ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel, Expediente N.º 193/2020. En la misma, se solicitaba que se dicte MEDIDA AUTOSATISFACTIVA como REQUERIMIENTO URGENTE contra la Provincia de Chubut, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, con el objeto de que declarara la nulidad de la incorporación del proyecto de ley N.º 128/20 por flagrante inconstitucionalidad y todo acto consecuente. Sin embargo, el proyecto ingresó con el dato llamativo de que pasaría solo por la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, donde la mayoría de sus integrantes promovían la minería.

Después de la sesión legislativa, se realizó una masiva movilización y el Gobierno de Arcioni respondió con una violenta detención. El episodio se produjo en la Ruta 7, cuando los manifestantes regresaban de Rawson a Trelew. Para detener la marcha, les cruzaron un auto particular con policías de civil y detuvieron ilegalmente a dos jóvenes violentamente. Todo quedó registrado por vecinos y por los medios de comunicación que venían en la caravana. Finalmente, los jóvenes fueron liberados.

A los pocos días, los vecinos miembros de la UACCH denunciaron por falsedad ideológica al gobernador Mariano Arcioni y sus ministros. Inicialmente sucedió en Esquel ante el Ministerio Público Fiscal y, casi simultáneamente, los vecinos de la Asamblea de Rawson hicieron lo propio ante el Procurador General. Además, presentaron la misma denuncia vecinos de Epuyén y Esquel ante la Justicia Federal. Los fundamentos fueron los mensajes de campaña de Arcioni contra la megaminería y que el proyecto de zonificación está basado en una falsedad ideológica, dado que la minería no aumenta el índice de calidad de vida. Además, hubo una malversación de documentos públicos relacionados con investigaciones llevadas a cabo por personal de CONICET con la finalidad de tergiversar la opinión pública, lo cual representa un hecho de extrema gravedad.

DICIEMBRE

Los días subsiguientes comenzaron a llegar notas a la Legislatura referidas al proyecto de zonificación minera: 1) Organismos y entidades de ciencia y técnica (Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, INTA y Cenpat-CONICET) que expresaron que no fueron convocados a realizar aportes y participar de la discusión, que sin licencia social no puede haber un desarrollo sustentable y que no están dadas las condiciones para la aprobación de ese proyecto. 2) Las autoridades de las comunidades mapuche-tehuelche Chacay Oeste, Laguna Fría, Mallín de los Cual, El Escorial y Los Pinos expresaban a los legisladores que se abstuvieran de efectuar el tratamiento y/o aprobación del proyecto de ley N.º 128/2020, o cualquier otro referido a la actividad minera, hasta que se haga efectiva la consulta y participación de las comunidades mapuche-tehuelche en los departamentos de Gastre y Telsen.

Un dato muy importante a tener en cuenta es que Pan American Silver no pudo detallar al fisco de Canadá en qué gastó 30 millones de dólares durante 2013 y 2019 en el proyecto Navidad de Chubut, según detalló Mining Watch Canadá. Más allá de las conocidas denuncias por coimas a diputados, estuvo a la vista la inversión en medios de comunicación, los tradicionales y otros más novedosos: Pan American Silver financia una agencia de comunicación que desde Buenos Aires gestiona publicidad bajo el nombre “Vecinos de la Meseta“.

Recordemos que la diputada Leyla Lloyd Jones acusó a sus pares, a través de un audio que se viralizó en WhatsApp, de recibir “10 millones de pesos” y contratos para sus militantes por la aprobación del proyecto de Ley de Zonificación Minera. El procurador general Jorge Miquelarena abrió una investigación de la que nunca se supo más nada.

El reclamo de Chubut llegó a la Casa Rosada, una nota enviada desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina, como parte de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut-UACCH. De la mano de Pablo Pimentel, integrante histórico de la conducción de APDH La Matanza, los vecinos pudieron hacer llegar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, su reclamo de cese de hostigamiento minero.