En el año 1997 se descubre un yacimiento de oro y plata emplazado en el Cordón Esquel, a sólo 6,5 km de la ciudad.
La primera alerta y preocupación sobre el avance de empresas mineras en el territorio, con el aval de la Dirección de Minas y sin respetar la legislación indígena vigente, fue la de la comunidad mapuche-tehuelche Huisca Antieco, ubicada en al Alto Río Corinto. El conflicto, que se instaló en los medios de comunicación, no preocupó a la población local.
Pocas personas estaban al tanto de que, desde el año 2000, la empresa británica Brancote Holdings, asociada al grupo nacional Bemberg-Miguens “Minera El Desquite” estaba realizando la etapa de exploración, cuyos estudios permitieron conocer que el yacimiento contenía 80 toneladas de oro y 125 toneladas de plata. A comienzos del 2002, el Gobierno provincial, por intermedio del director de Minería, Guillermo Hugues, anuncia la inminente explotación del Cordón Esquel.
A mediados de 2002, la empresa canadiense Meridian Gold adquiere el proyecto Cordón Esquel por la suma de U$S 270 millones, con el objetivo de iniciar su explotación. La empresa se instala en la ciudad, comenzando una campaña mediática para obtener la “licencia social”. Invitan a docentes y profesionales a la mina “El Peñón”, en Chile, y al regresar publicitan las conveniencias de la explotación mediante spots radiales y televisivos. Ofrecen donaciones de computadoras a escuelas y, llamativamente, la construcción de una sala de emergencias para recepción simultánea de varios heridos al Hospital Zonal de Esquel, por un valor de cientos de miles de dólares.
La reacción del pueblo fue inicialmente muy variada, porque para muchos era una posibilidad de generar fuentes de trabajo y creían en la presentación oficial, que hacía vislumbrar “progreso” para la región. Muchos actores sociales fueron atraídos por el proyecto, en especial sectores vinculados a la construcción (empresas y sindicato) y al comercio. Solo unos pocos tenían dudas sobre la actividad.
Los cuestionamientos comienzan cuando los vecinos se interiorizan de esta “minería moderna” de modalidad a “cielo abierto” para obtener metales diseminados en la roca. Inmediatamente, esta información inunda las calles de la ciudad. Y el impacto final se da durante una conferencia organizada por Meridian Gold, cuando el representante de Dupont hace conocer a los concurrentes que su empresa sería responsable de proveer un producto químico esencial para la extracción de oro y plata: el CIANURO de sodio.
Diversos grupos de vecinos y algunos docentes e investigadores de la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia desarrollaron numerosas charlas informativas, mesas de debate y talleres sobre la problemática. La difusión de la información se realizó en las instituciones más importantes de la comunidad y dentro del ámbito escolar. Allí se dieron a conocer los impactos negativos tanto socioeconómicos como ambientales de esta devastadora actividad. Y, espontáneamente, surge la idea de realizar una campaña por el NO al CIANURO, la cual logra en poco tiempo 3.500 firmas.
En octubre, Meridian Gold presentó el estudio de impacto ambiental, que debería ser aprobado en una audiencia pública no vinculante, tal como lo establece la Ley Nº 4.032. El Gobierno de Chubut convocó a participar de la audiencia pública, que habría de celebrarse el 4 de diciembre de 2002.
Los vecinos analizan el informe de impacto ambiental, considerado por expertos como “defectuoso”, y lo critican públicamente en los medios de comunicación. La descripción del proyecto detalla que se haría un tajo u open pit de 2500 metros de largo por 500 metros de ancho y 500 metros de profundidad, que se fracturarían 40.000 toneladas de roca diaria, que habría un consumo de agua como el de una población de 6.000 habitantes, que usarían 6 toneladas de cianuro de sodio diario, se liberarían metales pesados al ambiente (1.400 kg de óxido de plomo) y muchos más detalles preocupantes.
La sociedad se reúne en asamblea para poder debatir el tema: primero fueron 60, después 600 y finalmente se conforma la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, un movimiento social que atraviesa transversalmente la comunidad, al margen de las asociaciones gremiales y partidos políticos, sin “orgánica de conducción”, tomando decisiones en asamblea y realizando tareas mediante comisiones libremente conformadas. Se inicia la resistencia difundiendo la información para alertar a la población con charlas, talleres, folletos y presencia en los medios de comunicación. También se decide la movilización en las calles para visibilizar la lucha.
Ante las críticas fundadas del estudio de impacto ambiental, el Gobierno provincial suspende la audiencia pública y, a partir de ese momento, se decide hacer marchas TODOS los días 4 de cada mes, lo cual se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la actualidad. Seguidamente, a las movilizaciones empiezan a sumarse vecinos de otras localidades de la Cordillera.
Se decide presionar a los poderes del Estado:
- Se exige al Concejo Deliberante que se defina;
- Se intenta hacerse escuchar por el gobernador, José Luis Lizurume, que es el mayor impulsor del proyecto;
- Se recurre a la justicia: Silvana Villivar presenta una acción de amparo ante el Juzgado Civil de Esquel, a cargo del Dr. Claudio Petris, contra la Provincia del Chubut, Meridian Gold y la Municipalidad de Esquel. Se solicita una medida cautelar para suspender toda actividad relacionada con el emprendimiento minero.
La Cooperativa de Servicios Públicos Coop16 designa al licenciado en Ciencias Geológicas Fernando Máximo Díaz para que evalúe la solicitud de usos de agua públicas presentada por Meridian Gold. El informe del profesional determinó la OPOSICIÓN de la Cooperativa al uso del agua por parte de la empresa minera.
Se agudizaron los antagonismos entre el conglomerado conformado por la empresa minera Meridian Gold; la Cámara de Comercio; empresas de la construcción y el sindicato UOCRA; los gobernantes locales y provinciales interesados en la concreción del emprendimiento y, por otro lado, los Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. A diario había fuertes debates en los medios de comunicación. Desde fines de noviembre de 2002 comienzan las intimidaciones y amenazas de muerte a miembros de la Asamblea de Esquel.