El 4 de agosto de 2014, el embalse de la cuenca de sedimentación de Mount Polley, en la región de Cariboo, cede, liberando a su paso 25 millones de metros cúbicos de agua contaminada en el lago Quesnel, que desemboca en la cuenca del río Fraser, uno de los ríos de salmón más importantes de la provincia.
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Fuente: Radio Canadá
Más de dos años después del derrame de Monte Polley en la provincia de Columbia Británica, muchos grupos de interés están pidiendo una modernización de la Ley de Minería de la provincia, considerada la más arcaica de Canadá.
La industria minera se presenta a menudo como un pilar de la economía en Columbia Británica: 30.000 puestos de trabajo están asociados a este sector, que reportó, en 2016-2017, 206 millones de dólares en regalías y $ 40.3 millones en ingresos de exploración minera.
Con siete nuevas minas permitidas desde 2011 y otras nueve cuya expansión fue aprobada, el ministerio de Minas celebró el hecho de que “la industria tiene confianza nuevamente”, después de varios años difíciles.
En el plan de exploración minera, Columbia Británica está experimentando un crecimiento impresionante. Durante los últimos 15 años, los gastos de exploración pasaron de 29.1 millones a 205 millones.
La provincia también alberga la sede de más de 1.200 empresas de exploración.
Sin embargo, el derrame de Monte Polley el 4 de agosto de 2014, llamó la atención sobre las fallas en las leyes mineras en Columbia Británica.
Los ecologistas de grupos como el de Alerta Minera Canadá denuncian el hecho de que Imperial Metals, la empresa propietaria de la mina, no tuvo que enfrentar a la justicia.
En Alaska, donde están aumentando los proyectos mineros en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, Monte Polley llevó a las autoridades a cuestionar la seriedad de la ciudad de Victoria para resolver un derrame minero ácido que dura desde hace 60 años.
En Tofino, los ecologistas han descubierto que decenas de reclamaciones mineras se habían registrado en su área, sin poder oponerse a ellas.
Para los críticos de la industria minera, el hecho de que estas empresas hubieran dado más de $ 4.2 millones de dólares al partido en el poder no es ajeno al hecho de que Columbia Británica sea la última jurisdicción en importancia en Canadá en no haber reformado su código de minería. Ellos exigen una comisión de investigación sobre las reglas que controlan la industria.
