Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han exigido al Ministerio para la Transición Ecológica español que rechace renovar permiso para establecer una planta de concentración de uranio, extraído de la mina existente en la localidad de Retortillo (Salamanca). Los argumentos esgrimidos se basan en ser un proyecto “sinsentido” de gran coste medioambiental que abriría en España la única mina de uranio a cielo abierto de Europa. Además, se está considerando transformar, para el año 2050, el 100% de la energía utilizada en energía renovable.
Por: María F. Sánchez – Cuarto Poder
La historia se remonta una década atrás. La empresa australiana, Berkeley Minera España, decidió explotar los recursos minerales de uranio en Retortillo, un pueblo de Salamanca con unos 200 habitantes. Los trámites y trabas burocráticas han retrasado el proyecto de esta multinacional y este mes de septiembre caduca la autorización previa para establecer una planta de concentración de uranio en dicha localidad.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han exigido al Ministerio para la Transición Ecológica que rechace renovar este permiso por ser un proyecto “sinsentido” de gran coste medioambiental que abriría en España la única mina de uranio a cielo abierto de Europa.
El proyecto de la mina de Retortillo, que afecta también a las localidades colindantes de Villares de Yeltes y Villavieja de Yeltes, es polémico desde sus orígenes y ha puesto en contra a muchos vecinos. Antes de que Berkeley asumiera el proyecto, la empresa pública española del uranio, Enusa, había renunciado al mismo por su escasa rentabilidad. Se trata de un megaproyecto que, además de la mina de cielo abierto, consta de una planta de concentrado de uranio y una planta de almacenamiento de residuos. El emplazamiento es el área protegida de la Red Natura 2000 y una de las víctimas colaterales sería el río Yeltes, amenazado por el vertido de residuos con riesgo radiactivo, según las organizaciones ecologistas.
Sin embargo, en 2015 la Junta de Castilla y León emitió un informe ambiental favorable al megaproyecto y el Gobierno de Mariano Rajoy le otorgó a Berkeley una autorización previa que caduca este mes de septiembre. El pasado mes de julio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se mostró favorable al trámite de renovación, pero la última palabra corresponde al Gobierno, que además tendría que aprobar otros dos permisos de construcción y explotación. “El CSN solo se posiciona, es al Ministerio de Transición Ecológica a quien corresponde la renovación o cancelación de la autorización”, explica Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción.
“Además de los argumentos ambientales o radiológicos hay un acuerdo del Gobierno central con el sector eléctrico y un calendario de cierre para abandonar la energía nuclear. ¿Qué sentido tiene una mina de uranio que llevará tiempo en construirse cuando se supone que en 2050 tendríamos que tener una energía 100% renovable? Es una incoherencia absoluta”, remarca Carlos Bravo, de WWF.
Además del declive de la energía nuclear, los proyectos nucleares del uranio, que debe ser extraído y concentrado a partir de minerales, escasea y tiene poca rentabilidad en Europa y también en Retortillo. advierten los ecologistas. “No tiene viabilidad. No hay una gran cantidad de uranio y, por otro lado, lo que encontramos aquí tiene una riqueza muy pequeña. Por otro lado, hay un montón de uranio almacenado tras desastres nucleares como el de Fukushima (Japón) y otros países donde la riqueza es mayor. No tiene sentido generar más uranio”, añade Bravo.
Para los ecologistas el verdadero motivo de Berkeley para continuar con el proyecto es su “componente especulativo”. Las acciones de la empresa se dispararon un 17% hace una semana, cuando el Ayuntamiento de Retortillo otorgó la licencia urbanísitica a la empresa, un trámite que la multinacional se encargó de promocionar a bombo y platillo.
Las consecuencias medioambientales y económicas
Las primeras consecuencias del megaproyecto ya son una realidad. Según denuncian las organizaciones ecologistas, “a pesar de no haber conseguido todos los permisos necesarios, la empresa ya ha realizado grandes movimientos de tierras y arrancado más de 2.000 encinas, algunas de ellas centenarias”.
Entre las consecuencias más directas se encuentran las habituales asociadas a la minería, “la deforestación, la abertura del hueco, el impacto climático y el gran transporte de materiales”, explica Andaluz. En este caso, además, el proceso implica la generación del gas radón, el gas radiactivo que se genera a partir de la desintegración natural del uranio y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. La dispersión de partículas asociadas a esta actividad minera pondría en riesgo a la población y al ganado.
Además, denuncian las organizaciones ecologistas que la degradación ambiental perdurará y será irreversible cuando pasen los 10 años que la empresa prevé que durará la explotación. “La contaminación y el riesgo radiactivo permanecerá de manera persistente en la zona y deberá ser la administración pública, con dinero de todos los ciudadanos, quien vele durante décadas por esta instalación radiactiva y sus residuos”, que tienen cientos de años de vida.
Uno de los ganchos que ha utilizado la empresa Berkeley para convencer a las autoridades locales de su proyecto ha sido la promesa de trabajo. En un comunicado reciente prometen generar más de 1.000 empleos directos e indirectos de los cuales más de 500 se crearán “de forma inmediata y directa al inicio de la construcción de la mina”. Bravo cree que la promesa está “inflada” y que, por el contrario, puede ser devastador el efecto del proyecto ‘radiactivo’ en la economía local, fundamentalmente ganadera. “Además de la contaminación que se va a generar en el medioambiente, ¿quién querría carne o leche de la zona?”, pone como ejemplo.
En su comunicado de denuncia, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF también explican que la Comisión Europea está estudiando la apertura de un expediente de infracción contra España por incumplir la Directiva Marco de Agua y de la Directiva relativa a impactos de proyectos sobre el medio ambiente y que el proyecto plantea “graves las amenazas” a Portugal, ya que “la proximidad al río Duero de esta mina de uranio a cielo abierto hace muy probable la contaminación del agua por escorrentía y por el polvo radiactivo que genera la explotación”.
Enlaces:
El Parlamento de Portugal rechaza por unanimidad la mina de uranio de Retortillo
La mina de uranio de Retontillo amenaza la cuenca binacional del Duero
El uranio en Salamanca no tiene licencia social
