Un panorama que no brilla. La creación del Arco Minero de Venezuela en el 2016 buscó mejorar la economía del país y traer bienestar, tras la caída del precio del petróleo. Pero la “fiebre del oro” ha traído violencia criminal, amenazas a las culturas indígenas y destrucción de la biodiversidad.Fuente: La Mula
En el 2016, el gobierno de Nicolás Maduro entregó concesiones mineras en 112 000 kilómetros cuadrados que abarcan una parte de la región norte del Estado de Bolívar y de Amazonas, al sur del río Orinoco. En este territorio, denominado precisamente el Arco Minero del Orinoco —o Arco Minero de Venezuela— empresas nacionales y extranjeras pueden hoy explotar legalmente coltán, oro y diamante.
Con esta decisión, el gobierno venezolano le abrió las puertas al desarrollo de la minería en un 12 % del territorio nacional, con la esperanza de que esta actividad sustituya al petróleo y se convierta en una nueva fuente de ingresos para el Estado.
Desde el inicio, ambientalistas y científicos se opusieron a esta decisión. Para este grupo el gobierno venezolano no cumplió con realizar un estudio de impacto ambiental del Arco Minero de Venezuela ni la consulta previa a los pueblos indígenas, como manda la Constitución.
Otra razón en contra ha sido el impacto ambiental negativo que las actividades extractivas en el Arco Minero de Venezuela ocasionarían en las cuatro secciones de Bolívar que forman parte de esta zona minera, pues todas ellas se superponen con reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente.
Luego de entregar las concesiones, el gobierno creó el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, prohibiendo el uso del mercurio y aseguró que los recursos obtenidos serían usados para recuperar zonas afectadas por estas actividades, y que la explotación en el Arco Minero de Venezuela se haría respetando a las personas y al medio ambiente. Sin embargo, la realidad es muy diferente.
1. ¿Cómo funciona el Arco Minero de Venezuela?
En ciudad Bolívar, existen mafias carcelarias, mineros ilegales y traficantes de drogas y combustible. Sin embargo gobierno señala que tiene el control absoluto de la seguridad ciudadana, así como de los yacimientos y las fronteras.
Pero la explotación en el Arco Minero de Venezuela comenzó hace casi treinta años, cuando llegaron mineros ilegales desde Brasil a principios de los años 90. La deforestación que han causado por su afán de extraer oro ha sido tremenda, explican los expertos que han estudiado los efectos de la minería en esta zona, pues para conseguir el metal se utilizan motores que extraen agua de los ríos para erosionar el suelo hasta abrir una bulla, es decir, un hoyo de varios metros de profundidad y de ancho. El fango que extraen lo someten al mercurio para conseguir las pepitas de oro. Y así van abriendo estos agujeros que luego quedan contaminados por este metal pesado.
El gobierno venezolano insiste en que ha minimizado la presencia de los ilegales en favor de lo que considera la “pequeña minería”, que corresponde a informales que se han legalizado por alguno de los seis planes oficiales aplicados.
Mineros censados por el nuevo Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han denunciado que aún son extorsionados por bandas ilegales que controlan las zonas mineras y también por algunos miembros de las fuerzas armadas. Aseguran que ha habido persecución de los militares en el marco de la Operación Liberación del Pueblo, que según el diputado oficialista Diosdado Cabello se realiza “para la liberación del estado Bolívar de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.
Las Claritas es el nombre de una de estas zonas —situada en el estado de Bolivar— que es invadida diariamente por mineros ilegales. Estos llegan de todos lados y entre ellos se ven muchos rostros indígenas. Las Claritas actualmente está controlado por grupos armados ilegales llamados “pranes”.
Aunque Amazonas no está oficialmente en el plan nacional de minería y aunque está fuera del Arco Minero de Venezuela, el Estado ya ha sido ocupado por entre 10 000 y 12 000 mineros ilegales. Cifra que está aumentando porque la ocupación de las grandes empresas y del ejército en las áreas ricas en minerales de Bolívar, los obliga a buscar otros espacios, explica Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas.
2. Los bosques que se pierden
De acuerdo con el Global Forest Watch, al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Siete monumentos naturales y cinco parques nacionales se encuentran dispersos en todo el Arco Minero de Venezuela.
Uno de ellos es el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que abarca 30 000 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por extensos bosques, mesetas aplanadas y acantilados fantásticos, y es el hogar de jaguares (Panthera onca), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y osos hormigueros (Myrmecophaga tridactyla), además de que alberga la cascada de agua más alta del mundo, el Salto del Ángel.
La región destinada para desarrollo minero también incluye la Reserva Forestal de Imataca (3 800 000 hectáreas); las reservas de La Paragua y El Caura (5 134 000 hectáreas combinadas); el Monumento Natural Cerro Guanay; más el río Caroní (que abarca 96 000 kilómetros cuadrados). Los ecologistas están especialmente preocupados pues significa la eliminación de la cuenca del río Orinoco y sus ecosistemas.
3. La presencia de los indígenas
En el Estado de Bolívar hay 198 comunidades indígenas, que se han se han visto empujadas a dejar su estilo de vida tradicional para entrar al Arco Minero de Venezuela, impulsadas en gran medida por el índice de inflación. Los hombres trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante.Las mujeres indígenas también entran a las minas, pero además se les ve preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos o trabajando en redes de prostitución.
Uno de los puntos más criticados por quienes se oponen a la minería es que las comunidades indígenas dentro del Arco Minero de Venezuela no han sido consultadas sobre el desarrollo de esta actividad en sus territorios. No se les ha preguntado ni dado el derecho al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de minería que afectan a sus territorios, como lo señala el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que Venezuela forma parte.
Algunas ONG del estado Bolívar denuncian esclavismo, trabajo infantil y prostitución por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos ilegales armados.
El ejército tiene una gran participación en la supervisión de muchas minas, y también realiza casi todo el trabajo relacionado con el paso de contrabando de oro de Venezuela a otros países, explica Brian Clark, líder indígena en Jobochirima, una comunidad cerca de Las Claritas.
En el borde suroeste del Arco Minero, cerca de la frontera entre los Estados de Bolívar y Amazonas, se encuentra Ikabarú. Las zonas indígenas habitadas alrededor del pueblo están llenas de minas de oro ilegales. En septiembre de 2017, Lisa Henrito, responsable de seguridad indígena de esta zona, observaba cómo eran invadidas las tierras indígenas por buscadores de oro ilegales armados. Se vio obligada a crear una red de defensa indígena local para desplazar por la fuerza a 170 mineros.
Henrito sostiene que las fuerzas militares del Estado suelen ser cómplices de los proyectos de minería ilegales en su región. Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas e indígena, dice que 20 comunidades indígenas ya se están viendo afectadas de forma negativa por la minería en su Estado.
4. Entre el Ejército y los remanentes de las FARC
La proximidad del Arco Minero de Venezuela y del estado de Amazonas con Colombia, complica aún más las cosas. Se ha registrado la presencia de guerrilleros colombianos en estas tierras venezolanas. Integrantes de las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y grupos disidentes de las FARC están en el Estado de Bolívar y no solo les interesa la minería de oro, también del coltán, que pasan de contrabando a Colombia.
Las poblaciones indígenas, sin embargo, no se llevan bien con las guerrillas. Los guerrilleros colombianos han amenazado repetidamente al grupo indígena, sostienen varias fuentes, para que mantenga bajo el precio del coltán.
La riqueza del Arco Minero de Venezuela ha convertido a esta área en un centro de conflictos, donde convergen mineros ilegales, militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos, todos buscando el control de unos estimados, pero no confirmados $100 mil millones en minerales ocultos.
Hasta ahora, compañías nacionales e internacionales reclaman una porción de las zonas de oro, coltán, cobre y diamantes, pero no están solas, los militares también han solicitado lo mismo.
Cuando Maduro lanzó el Arco Minero de Venezuela el año pasado, también creó una Zona Económica Militar para protegerlo, dando derecho a sus fuerzas armadas a participar en todas las actividades mineras, mientras aumentaba sus capacidades operativas dentro de la región.
Los ataques de las fuerzas militares venezolanas no son, según el diputado del estado Bolívar, Américo de Grazia, conducidos principalmente para destruir redes del crimen organizado, sino para eliminar pandillas que no están haciendo negocios con el ejército y la Guardia Nacional.
Según de Grazia, la mayoría de la minería venezolana se lleva a cabo por grupos armados ilegales, que controlan un gran número de pequeños mineros. El diputado también dice que el oro “legal” que las compañías estatales dicen producir no es realmente explotado por ellos, sino más bien por minas y mineros ilegales.
Algunas minas son operadas directamente por el ejército, y una parte de la producción va al banco central de Venezuela.
Se estima que alrededor del 91 % del oro de Venezuela se produce ilegalmente, pero las actividades delictivas relacionadas van más allá de la minería. Varias personas involucradas en operaciones mineras venezolanas, tanto legales como ilegales, confirman que la mayor parte del oro producido en el país es contrabandeado a través de Colombia y las islas del Caribe, una operación que señalan es manejada por el ejército venezolano.
5. Vivir bajo amenaza
La región de Guayana —que incluye a los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, en Venezuela— concentra parques nacionales y territorios indígenas ancestrales, pero también es el centro de actividades ilegales como la extracción de diamantes, coltán, oro y madera. Las mismas que traen consigo pago de sobornos a algunos militares y policías, cupos o vacunas que se entregan a grupos criminales, además de la presencia del narcotráfico.
En ese contexto, los defensores ambientales y quienes se enfrentan a la ilegalidad son víctimas constantes de amenazas y ataques.
Uno de ellos es Alejandro José Lanz Muñoz, presidente fundador del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), una ONG dedicada a la divulgación y denuncia socioambiental. Lanz, también exmilitar de inteligencia, recibe mensajes acompañados de amenazas e insultos, le dicen que se cuide, que deje de denunciar, que piense en su familia. En una ocasión mientras participaba de una inspección junto a un militar en actividad, fue interceptado por mineros ilegales y soldados. Al funcionario castrense lo hirieron de un disparo y a Lanz lo subieron a una lancha y lo golpearon.
En septiembre pasado, la ONG que dirige fue atacada y a uno de sus automóviles le cortaron los frenos, lo que provocó un accidente en el que casi muere uno de sus hijos. “No salgo de noche, cambio las rutas para llegar a cada lugar, confirmó reuniones minutos antes, apago los teléfonos por horas”, confiesa Lanz.
Otra persona que se ha enfrentado a la corrupción es el Mayor General Clíver Alcalá Cordones, quien fue jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de las Fuerzas Armadas en Guayana (REDI-Guayana), entre septiembre de 2012 y julio de 2013. Llegó para combatir la minería ilegal, pero se encontró con una red de complicidad entre militares e ilegales. “Quien intentase poner orden, iba a entrar en conflicto con los ilegales”, declaró a Mongabay Latam. El general, ahora retirado, forma parte de la plataforma Marea Socialista que se opone a la concesión del Arco Minero de Venezuela.
El 22 de septiembre de 2017 fue detenido el periodista holandés Bram Ebus en La Parguaza, estado Bolívar, mientras realizaba una investigación sobre las minas de coltán. Fue trasladado por la Guardia Nacional hasta su sede en Caicara del Orinoco, donde fue retenido por unas horas mientras era interrogado junto a su chofer. A principios de mes había publicado el reportaje Arc of Desperation, sobre los efectos de la explotación minera en los bosques húmedos de Venezuela. Días después fue nuevamente detenido en su hotel de Puerto Ayacucho, Estado de Amazonas, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes indagaron sobre su labor periodística, dijo Ebus a Mongabay Latam.
“Se estima que alrededor del 91 % del oro de Venezuela se produce ilegalmente”.
Varios cuerpos fueron encontrados en las bullas de la selva durante los últimos años. La más conocida fue la Masacre de Tumeremo, una matanza de 17 mineros cometida por una banda que disputaba el control de las minas. Los cuerpos fueron hallados enterrados en minas improvisadas.
También se reportó el asesinato de otros 11 mineros por enfrentamientos entre personas que controlan los yacimientos ilegales y militares que trataban de encontrar a los responsables de la masacre anterior.
Para el gobierno de Nicolás Maduro, el Arco Minero de Venezuela se presentaba como una alternativa económica para el país, pero lo que se presenta hasta ahora es una combinación de ilegalidad, destrucción de biodiversidad y muerte.
Foto portada: el presidente de Venezuela Nicolás Maduro muestra una barra de oro supuestamente excavada y procesada en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial @PresidencialVen
