Venezuela está haciendo una apuesta peligrosa. El país, devastado por la corrupción, apuesta por la minería a gran escala para salvar el día. Con la economía aún en caída libre y una tasa de inflación de 2.300 por ciento esperada este año, familias enteras están huyendo de sus comunidades en el norte urbano y emigrando a las remotas regiones mineras del sur en busca de salvación financiera, o al menos un salario digno. 

Fuente: Mercado Militar

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Los afortunados obtendrán los beneficios de la minería, lo que algunos críticos llaman el “robo legalizado” de la extracción de recursos naturales, aunque los riesgos son extremadamente altos.

El decreto minero anunciado por el presidente Nicolás Maduro en 2016 abrió el Arco Minero de Orinoco para exploración y explotación; es una zona escarpada, en gran parte boscosa que cubre 112,000 kilómetros cuadrados, gran parte de ella parte de la Amazonía.

Según los informes, la región, ubicada al sur del río Orinoco, es rica en los minerales más buscados del mundo, pero también está plagada de conflictos, alimentada por militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos, todos buscando el control de un ejército estimado, pero no certificado. $ 100 mil millones en minerales ocultos.

Hasta ahora, compañías nacionales e internacionales recientemente creadas, en su mayoría sin mucha experiencia en minería, han estado haciendo fila para obtener una porción del pastel: oro, coltán, cobre, diamantes y mucho más, pero no están solos en la región: los militares también ha apostado un reclamo.

Zona Económica Militar
Cuando Maduro lanzó el Arco Minero el año pasado, también creó una “Zona Económica Militar” para protegerlo, dando derecho a sus fuerzas armadas a participar en todas las actividades mineras, al tiempo que aumentaba sus capacidades operativas dentro de la región minera.

Las corporaciones privadas que quieren explotar minas en Venezuela están obligadas por ley a formar empresas conjuntas con empresas estatales, muchas de las cuales se crearon recientemente. Una de las nuevas compañías es la llamada Compañía de Minería Militar Anónima, denominada CAMIMPEG.

Esta tendencia no es nada nuevo para Venezuela. Las empresas y el ejército suelen estar estrechamente vinculados, con personal militar activo o jubilado de alto rango que presta servicios en alrededor del 30 por ciento de las juntas públicas conocidas de las empresas. Fue el difunto presidente socialista Hugo Chávez quien primero otorgó una autoridad significativa sobre el ejército nacional, por lo que hoy puede operar con un alto nivel de impunidad en todo el país.

Pero eso no significa que a los lugareños les guste o confíe en los militares. En El Callao, por ejemplo, una ciudad dominada por la minería, los soldados mantienen una fuerte presencia visual, pero muchos mantienen sus rostros escondidos detrás de capuchas y bandanas.

“Se cubren la cara si [vienen] de la región ellos mismos, para no ser reconocidos. Los soldados han sido asesinados antes “, explica un propietario de una tienda de comercio de oro local.

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