Una delegada del Consejo de la Nación Charrúa se entrevistó con el Relator Especial de la ONU para Asuntos Indígenas con el fin de informarle de los reclamos de los pueblos indígenas en Uruguay — que exigen la ratificación del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento de sus derechos a la tierra y a la salud, amenazados por el uso indiscriminado de agrotóxicos y los proyecto de megaminería a cielo abierto — e invitarlo a visitar nuestro país para comprobar los hechos denunciados.
Por Grupo Olimar Pirí publicado en Observatorio Minero del Uruguay
20/05/2012. El pasado jueves 17 de mayo, a la hora 09:30 de Nuevas York, Mónica Michelena, Delegada del Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), fue recibida en el despacho del Relator Especial de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, James Anaya, quien le recibió acompañado por dos abogados.
Esta audiencia fue concedida aprovechando la visita a la sede de la ONU que realizó la delegada uruguaya, quien viajó para participar de las sesiones del Foro Permanente de la ONU para Asuntos Indígenas, que finalizó este jueves 18 de mayo.
La propia Mónica Michelena cuenta lo siguiente:
“En representación del CONACHA estuve reunida con él durante media hora en una oficina de un edificio aledaño al edificio central de la ONU.
El Relator estaba acompañado por sus dos jóvenes abogados, quienes tomaron apuntes de todo lo expuesto en la reunión. Le entregué primeramente un informe de 19 páginas acerca de la situación de los Pueblos Indígenas de Uruguay aclarándole que este informe contenía como anexos dos casos puntuales de denuncia de comunidades charrúas locales, que luego a lo largo de la entrevista tuve ocasión de describir detalladamente.
Luego pasé a contarle acerca de nuestra situación actual como Pueblo Indígena del Uruguay, haciendo previamente de forma rápida un relato histórico de nuestro Pueblo Charrúa hasta nuestros días. A medida que yo le iba contando acerca de nuestra situación actual, el Relator me iba haciendo algunas preguntas.
Una de las preguntas que me formuló fue cuántos somos actualmente los charrúas de Uruguay y de qué forma vivíamos, a lo que le respondí que según datos preliminares del Censo de 2011, un 4,9 % de la población uruguaya afirma tener ancestros indígenas, pero que de esta cifra no sabemos cuántos hoy se autorreconocen como charrúas. Igualmente le expliqué que la población indígena está mayoritariamente concentrada al norte del Rio Negro, distribuida tanto en la población rural como urbana y que en su mayoría los charrúas pertenecemos a la clase trabajadora de nuestro país.
Le expliqué además que muchas familias charrúas del interior migran a la capital buscando oportunidades laborales engrosando los cinturones de la ciudad. Me interrogó también acerca de nuestros logros en estos años de lucha. Cuando le comuniqué el logro de la ley que declara al 11 de abril “Día de la Nación Charrúa y de la identidad indígena”, él me expresó que ésta ley era un reconocimiento a nuestra existencia actual, a lo cual yo le respondí que lo que hoy necesitamos es que el Uruguay ratifique el Convenio 169 de la OIT, para que de esa manera reconozca nuestros derechos colectivos como pueblo indígena.
Pero él insistió preguntándome para qué queríamos esos derechos a lo cual le respondí que los necesitábamos para cuidar nuestros lugares sagrados, al mismo tiempo que para cuidar la salud de los charrúas que viven en medio de las plantaciones de soja en donde el uso indiscriminado de agrotóxicos está envenenando las aguas y haciendo daños a la salud de la gente. Le conté el caso de las fumigaciones sobre las escuelas rurales.
Y algo que le recalqué es que es fundamental en estos tiempos para nosotros poder ejercer el derecho a la consulta libre, previa e informada, para poder tener poder de decisión e incidencia por ejemplo en cuanto a los megaproyectos mineros que se proyectan instalar en nuestro país y a las prospecciones de petróleo en lugares sagrados de enterramiento de nuestros ancestros.
Lo más importante fue que le pude plantear nuestras reivindicaciones y nuestras demandas actuales frente al estado uruguayo. Le pedí que recomendara a Uruguay que ratifique el convenio 169 de la OIT así como también que reconozca constitucionalmente nuestros derechos colectivos como Pueblo Indígena. Por último lo invité a que visitara nuestro país para que pudiera efectuar un estudio más profundo de nuestra situación, entrevistarse con las organizaciones indígenas y visitar los lugares y las comunidades locales afectadas por los agrotóxicos y a las comunidades que se resisten a la instalación del megaproyecto minero Aratirí. Toda la entrevista se desarrolló en un ambiente muy cordial y diplomático.”
Tal como estaba previsto, el Relator James Anaya y sus Abogados, recibieron el informe preparado por el grupo Olimar Pirí, en el que se detallan los motivos por los que acompañamos la resistencia a la megaminería a cielo abierto en general, y en particular, nos oponemos al proyecto Aratirí, al que no dudamos en calificar como la amenaza ambiental más grande de la historia del Uruguay.
Como se puede apreciar, la ocasión fue muy bien aprovechada para difundir una variada problemática ambiental y legal, que incluye la megaminería cielo abierto, pero que también abarca otros temas de gran importancia para nuestro país.
En tal sentido destacamos que también fue entregado un informe preparado por el grupo Inchalá Guidaí de Paysandú, con denuncias concretas sobre fumigación y agrotóxicos en esa región.
Consideramos que esta gestión es otro aporte significativo que se suma en la lucha en defensa de la tierra, el agua y los recursos naturales que es uno de los objetivos de la fundación de nuestro grupo.
