El gobierno y la oposición acordaron hoy fijar en hasta 50% el Impuesto a la Renta Empresarial (IRAE) que deberán pagar al Estado las empresas mineras que decidan explotar el hierro hallado en territorio nacional.
Fuente: diario El País
24/11/2011. La propuesta estaba incluida en una iniciativa presentada por el Partido Nacional a instancias del diputado José Carlos Cardoso.
De esta forma se aplicaría a los emprendimientos de megaminería un régimen tributario especial, con una tasa adicional progresiva al impuesto a la renta empresarial (IRAE) para que se llegue a una tasa de imposición efectiva cercana al 50% de la renta obtenida. El sistema impositivo uruguayo para la actividad minera se ubica en la actualidad, considerando el canon de minería (5% sobre valor de ventas), el IRAE (25% sobre rentas fiscales) y el impuesto a la Renta de No Residentes (7,5% sobre la distribución de las ganancias), en el entorno del 35% de tasa efectiva para altos niveles de rentabilidad, y entre 45% y 50% para bajos niveles de rentabilidad.
Cardoso explicó a Subrayado que el gobierno presentó hoy un resumen de las posiciones de los cuatro partidos políticos respecto a la explotación minera en Uruguay y agregó que el documento presentado “recoge el 80% de lo que presentó el lunes el Partido Nacional”.
Entre esos puntos, Cardoso señaló que el IRAE sobre esas empresas ascenderá al 50% y además se realizarán consultorías internacionales para evaluar los trabajos de la minería a cielo abierto, como el que está llevando adelante Aratirí.
“Estamos caminando muy bien al objetivo que pretendíamos, que era llegar a capturar el 50% de la rentabilidad de las empresas mineras de gran porte. Eso se va a dar. Está en el documento y hay consenso partidario”, afirmó el legislador.
“Estamos a pocos días de poder decirle al Uruguay: la minería sí, pero en términos económicos con una rentabilidad del 50%, y en términos territoriales y ambientales con las más amplias seguridad y garantías”, agregó Cardoso.
Ahora, el acuerdo multipartidario deberá reflejarse en un proyecto de ley que será remitido al Parlamento.
