Miles de personas, varias decenas de ellas a caballo y en carros de tracción animal, volvieron a marchar hoy por sexto año consecutivo por el centro de Montevideo contra el proyecto minero de capital indio Aratirí y en defensa del medio ambiente.
Fuente: EFE
Esta marcha fue convocada por varias organizaciones ambientalistas agrupadas en la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, plataforma que lucha desde hace años contra la instalación de Aratirí, una gigantesca mina de mineral de hierro a cielo abierto que se ubicará en el corazón del país, así como contra el desarrollo de proyectos complementarios como un puerto de aguas profundas y una planta regasificadora.
Los manifestantes, de toda edad y condición, corearon gritos contra el proyecto, contra el Gobierno del presidente José Mujica que defiende la iniciativa, y contra la “recolonización” que a su juicio implica la misma.
“Marchamos para evitar que se dé un saqueo de nuestro país. Una multinacional planea penetrar y quedarse con el hierro, depredar el medio ambiente y no dejar ninguna riqueza en el país”, explicó a Efe Rafael Fernández, uno de los manifestantes y candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en las elecciones de octubre próximo.
Fernández indicó que el proyecto Aratirí “no va a desarrollar ni industrializar, sino colonizar” Uruguay y que además “dinamitará una parte grande del territorio, dejará agujeros enormes por ochenta años y contaminará las aguas”.
El proyecto, en manos de la multinacional Zamin Ferrous, pretende invertir más de 1.000 millones de dólares en un complejo de 6.210 hectáreas, además de la construcción de un mineroducto de 212 kilómetros y una terminal portuaria en el océano Atlántico para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
En un primer momento, el acuerdo se iba a cerrar en 2011, pero presiones ambientalistas y políticas obligaron al Gobierno a modificar las leyes mineras para acomodarlas a un proyecto de una envergadura sin precedentes en el país.
La nueva norma, aprobada el año pasado, establece nuevas normas de gestión ambiental y social y el aprovechamiento fiscal de las rentas obtenidas por la venta del mineral.
Según el Gobierno y la empresa, el proyecto generará grandes beneficios económicos y empleo de calidad en la zona, hoy dedicada a la ganadería, y podría derivar en un incremento de la industria en el país.
Sin embargo, para los ambientalistas el proyecto, unido al puerto en el Atlántico y a la planta regasificadora que se construye en Montevideo “para abastecer de energía a Aratirí”, forma parte de un ataque a la ciudadanía que no votó desarrollar esas iniciativas y que le saldrán “muy caras al país”.
Precisamente, varias organizaciones que se plegaron a la marcha exigieron un plebiscito para dictaminar si la iniciativa se puede hacer y que ésta no dependa de la decisión del Ejecutivo.
Tras la reforma de la ley de minería, Uruguay y Zamin Ferrous anunciaron que firmarían un contrato a principios de este año para comenzar con la explotación.
Sin embargo, dicho contrato aún no se ha ratificado, sin que oficialmente se haya anunciado el motivo.
