En Lavalleja y Tacuarembó se levantan firmas para proteger tierras. Los ediles de la Junta de Lavalleja se convertirán hoy en los primeros que estudiarán la posibilidad de incluir en la Ordenanza departamental un artículo para evitar la minería metálica a cielo abierto. Más de 30 organizaciones integrarán la 3ª Marcha Nacional en defensa de la Tierra y los Bienes Naturales. La concentración de mañana está prevista a las 16:30 en el Obelisco; se marchará por 18 de Julio desde las 18 horas, y a las 19 habrá un acto en la Plaza Independencia.
Fuente: El País
A pedido de más de 400 vecinos de Lavalleja, hoy se va a tratar en la Junta Departamental la incorporación a la Ordenanza departamental de un artículo que declare a toda la zona rural “Área de Reserva Ambiental”, protegida y libre de minería metálica a cielo abierto.
Una de las impulsoras de la iniciativa, la productora rural Carol Aviaga, dijo a El País que hay más de 4.000 padrones en Lavalleja con pedimentos de minería otorgados a empresas multinacionales interesadas en la extracción de hierro y oro.
El ochenta por ciento de los predios afectados pertenecen a pequeños y medianos productores que viven y trabajan en su tierra, pero que desconocen en la mayoría de los casos que la Dirección Nacional de Minería y Geología ya determinó que en sus tierras exista una servidumbre de paso que permita el ingreso de los mineros.
Carol Aviaga explicó que los productores, desde que se les envía el cedulón, tienen 10 días para solicitar la revocación, aunque por falta de información no sólo no reclaman nada sino que permiten el ingreso a sus campos.
Sobre esto, Aviaga sostuvo que el Código de Minería contiene herramientas para apelar aún después de los 10 días, y es por eso que se está informando a los productores, en primer término para que constaten si su padrón se halla entre los que hay un pedimento para declarar la servidumbre de paso en cuestión.
PIONERA. La Junta de Lavalleja será la primera de Uruguay en tratar la solicitud de los vecinos, amparada en la ley 18.308 de desarrollo territorial y medioambiente. Aviaga comentó a El País que la sociedad civil tiene derecho a participar en los debates “para decidir qué actividad se puede desarrollar en el territorio mientras el gobierno nacional y el departamental se reúnen para elaborar planes”.
La Junta de Lavalleja está constituida por 18 ediles del Partido Nacional, 11 del Frente Amplio y dos del Partido Colorado. Según se informó desde el Movimiento por un Uruguay sustentable (Movus), “hasta esta semana, solamente dos ediles de la oposición -uno blanco y el otro colorado- se habían pronunciado a favor de la iniciativa”.
Aviaga dijo en cambio que en las últimas horas se han sumado más ediles, aunque “existe en general un gran desconocimiento y mucha angustia entre los afectados”.
Si se aprueba la incorporación del artículo a la Ordenaza, “será un momento de júbilo y un ejemplo para las demás Juntas del país”, comentó Aviaga.
El departamento de Lavalleja tiene un millón de hectáreas, 150 mil están forestadas, 50.000 dedicadas a monocultivos y hay 450.000 hectáreas con denuncias por emprendimientos de minería metálica.
“Lo que se está dando es como un despertar de la gente frente al avasallamiento que sufre. Hoy Aratirí, por ejemplo, no hace pozos, pero se está moviendo a favor de sus intereses, puede existir en la medida que haya un puerto de aguas profundas para sacar los minerales”, agregó la productora rural.
Sólo Aratirí extraería 20 millones de toneladas de hierro anuales y consumiría 100 litros de agua dulce por segundo. La zona de explotación abarcaría unas 150.000 hectáreas en varios departamentos.
En caso de no contar con aprobación de la Junta departamental, ya está previsto en Lavalleja juntar firmas para llegar a un referéndum departamental; se necesita el 15% del electorado, es decir, 5.000 adherentes. Si se arribase a esta instancia, las firmas deben presentarse en la Junta. Entonces pueden los propios ediles aprobar la realización del referéndum o decidir si lo reenvían a la intendenta.
En los pagos de Gardel
En Tacuarembó por su parte, el pasado lunes, durante la Exposición Rural local, también se inició una recolección de firmas con vistas a un plebiscito que prohíba la minería metalífera a cielo abierto en ese departamento.
Mañana, en la Sala Moroy de la Junta Departamental, está previsto el lanzamiento oficial de la campaña.
El movimiento “Tacuarembó, por la vida y el agua” se define como un grupo de ciudadanos en donde confluyen periodistas y comunicadores, productores rurales, empresarios, trabajadores, representantes sindicales, ediles departamentales, autoridades eclesiásticas y vecinos en general preocupados por la instalación de la minería a cielo abierto a gran escala.
Desde el Movus, que es un movimiento nacional pero con presencia en varios departamentos, se expresó que “más de la cuarta parte de Tacuarembó está solicitada para actividades de búsqueda de diferentes metales, asimismo como de gas y petróleo”, situación que arriesga la ruptura de la matriz biológica que posibilita la producción de alimentos.
Mañana marchan a Montevideo
Más de 30 organizaciones integrarán la 3ª Marcha Nacional en defensa de la Tierra y los Bienes Naturales. La concentración de mañana está prevista a las 16:30 en el Obelisco; se marchará por 18 de Julio desde las 18 horas, y a las 19 habrá un acto en la Plaza Independencia. En las dos movilizaciones previas participaron vecinos de Treinta y Tres y Cerro Largo, pero esta vez se suman productores y otros actores sociales de 15 departamentos y balnearios. Se busca enfatizar la denuncia “de proyectos insustentables, como la megaminería metalífera a cielo abierto, a la que se daría paso con la instalación de Aratirí-Zamin Ferrous. De acuerdo a los pedimentos mineros vigentes, hay 3,5 millones de hectáreas de 18 departamentos en las que se aspira a sustituir una actividad productiva renovable por una extractiva finita y letal para el ecosistema”.
