La Barrick Gold compró los derechos de explotación de la mina de Pueblo Viejo a la Plácer Dome. El Senado aprobó “al vapor y en silencio” el nuevo acuerdo con la empresa extranjera y la renegociación implica bajar de 25% a cero la participación del Estado en los beneficios de la empresa
Fuente: diario El Día y 7 Días
Santo Domingo – 11/11/2009. El enredado contrato de arrendamiento de los derechos mineros de la mina de oro, plata, cobre y cinc, de Pueblo Viejo, Cotuí, firmado en el año 2002 entre el Gobierno dominicano y la empresa canadiense Plácer Dome, está siendo enmendado por exigencia de la minera canadiense Barrick Gold, la cual en el año 2006 compró todos los derechos de la Plácer Dome.
De acuerdo al artículo 8 del contrato original, Plácer Dome pagaría al Estado un impuesto de Participación de Utilidades Netas (PUN) variable entre 5% y 25%, dependiente del precio de venta del oro, menos un costo de producción de 275 dólares por onza, y como en el año 2002 el precio del oro estaba en los 300 dólares la onza troy, y se estimaba que permanecería ahí, Plácer Dome calculó que la participación del Estado en las Utilidades Netas (PUN) sería de un 7.5%=5% + ((300-275)/10))%.
Plácer no estaba en venta
La Plácer Dome nunca estuvo en venta, pero el interés de la Barrick de convertirse en la empresa minera con mayores reservas de oro, a nivel mundial, hizo que le presentara una oferta de compra. Inicialmente la Plácer se negó a vender, hasta que finalmente la Barrick le ofreció US$10,400 millones. En la compra se incluyó la mina de Pueblo Viejo, cuyas reservas contiene 20 millones de onzas troy de oro.
Al momento de la Barrick comprar a la Plácer, el precio del oro era 564 dólares por onza, lo que implicaría una participación del Estado de un 25 por ciento en las Utilidades, equivalente a US$36 millones por año, ya que la Plácer pensaba producir en Pueblo Viejo 500,000 onzas de oro anualmente, y al multiplicar las 500,000 onzas de oro por US$289, que es el diferencial entre el precio del oro en ese momento (US$564/onza) y el costo de producción (US$275/onza), y luego multiplicarlo por el 25%, obtenemos unos US$36 millones anuales para el Estado dominicano.
El oro ha subido
Pero como el precio del oro ha ido en ascenso rápido y ha superado los 1,000 dólares por onza, ello implicaría una participación del Estado en las Utilidades Netas (PUN) de US$194 millones por año, fruto de que la Barrick piensa producir en Pueblo Viejo un millón de onzas de oro anualmente, y al multiplicar 1,000,000 de onzas de oro por US$775, que es el diferencial entre el precio del oro en este momento (US$1,050/onza) y el costo de producción (US$275/onza), y luego multiplicarlo por el 25%, obtenemos unos US$194 millones anuales para el Estado. La Barrick se niega a entregar tanto dinero.
Por tal razón la Barrick Gold ha obligado al Estado a una renegociación del contrato original, a fin de que esa participación estatal del 25% de las utilidades netas sea llevada a cero, mientras ellos no hayan obtenido una tasa interna de retorno (TIR) de un 10% y hasta haber recuperado los US$2,585 millones invertidos para desarrollar el proyecto, y a partir de ahí pagar un 28.75% como PUN, con lo cual la Barrick le quita US$194 millones anuales al pueblo dominicano, durante al menos los primeros 6 años de operación, lo que implicaría que durante esos 6 años los dominicanos dejarían de percibir unos US$1,164 millones, a los precios de hoy.
Y como al Ministro de Hacienda, el Gobernador del Banco Central, el Ministro de Industria y Comercio y el representante de la antigua Rosario representan a la Barrick, y no al pueblo dominicano, han aceptado firmar un nuevo contrato, enmienda, que le quita RD$42,000 millones a los dominicanos.
Aprobado al vapor
Ese contrato ya fue aprobado al vapor y en silencio por el Senado, y al llegar a la Cámara de Diputados fue remitido a una Comisión Especial, encabezada por el diputado Ramón Cabrera.
La Comisión está integrada, además por los diputados de la contaminada provincia de Sánchez Ramírez, Rafael Molina, Cristian Paredes y Gladys Soto, quienes han expresado su preocupación al respecto.
Sólo queremos claridad
Los dominicanos queremos un contrato sencillo y claro, que contenga dos cosas simples: un inmediato saneamiento ambiental total del entorno de la mina, incluyendo la presa de Mejita, los arroyos Margajita y Mejita y la presa de Hatillo, y un 50% de los beneficios netos de las ventas de oro, plata, cobre y cinc, desde el mismo primer año de las operaciones, y eso no implica estar en contra de la Barrick ni ser un provocador, porque el país tiene derecho a la mitad de los beneficios y al saneamiento de todo lo contaminado por la mina, aunque es preferible ser “un provocador” que defiende los intereses de la nación, antes que ser un entreguista postrado ante un inca colonizador. Única renegociación buena
Fue por el “deficitario historial contable” de la Falconbridge que en el año 1986 el presidente Balaguer detuvo las exportaciones de ferroníquel y obligó a una renegociación que le garantizara al Estado un 50% de los beneficios netos de la producción de ferroníquel.
Única renegociación favorable al país.
Pero lo más dramático de este nuevo y confuso contrato, ya firmado por el Gobierno del presidente Leonel Fernández, es que se dejan de lado todas las responsabilidades ambientales de las nuevas operaciones mineras, no obstante saber que hay una severa contaminación minera de las aguas del arroyo Margajita y del arroyo Hondo, aguas que drenan desde la mina hacia la presa de Hatillo con un pH ácido de 1.8 (igual al ácido de batería), con una concentración de hierro de 2,250 miligramos por litro, y con una conductividad eléctrica de 4,600 micro siemens por centímetro, fruto de la altísima concentración de metales pesados en dilución, lo que ya ha contaminado con cadmio (0.26 mg/kg) el pez conocido como carpa común (Cyprinus carpio) que no debe ser consumido por la población de Cotuí si es pescado en la presa de Hatillo.
De 25% a cero la minera ha obligado al Estado a una renegociación, a fin de que su participación del 25% de las utilidades netas sea llevada a cero, hasta que ellos hayan recuperado los US$2,585 millones invertidos US$36 millones al año Al momento de la Barrick comprar a la Plácer, la onza de oro costaba US$564, lo que implicaría una participación del Estado de un 25% en las Utilidades Netas ,igual a unos US$36 millones por año
Oposición critica forma como se aprobó contrato Barrick Gold
Legisladores de la oposición criticaron ayer la forma en que el Congreso Na cional aprobó una enmienda al contrato de arrendamiento para la explotación de la mina de oro, plata, cobre y cinc de Pueblo Viejo, Cotuí, a la empresa canadiense Barrick Gold.
Argumentan que, aunque la iniciativa no estaba en la agenda del día, la misma fue colocada y aprobada.
El diputado Rafael Molina Lluberes y Cristian Paredes, representantes de la provincia Sánchez Ramírez, manifestaron su rechazo a la pieza antes de que fuera aprobada por sus compañeros.
Ambos aseguraron que dicho contrato representaba un peligro para el medio ambiente y para las personas de esas localidades.
De su lado, los presidentes de las comisiones de Presupuesto del Congreso defendieron su aprobación y aseguraron que mediante esa enmienda se crearán alrededor de 5,000 empleos, de los cuales habrá más 2,500 de manera directa.
El senador peledeísta Tommy Galán dijo que una de las virtudes que tiene dicho contrato es la de corregir los daños ocasionados por la explotación de las minas durante años.
Mientras que el diputado Ramón Cabrera destacó que 374 millones serán utilizados en la remediación ambiental que es responsabilidad del Estado.
Director de Minería defiende contrato Barrick Gold
Aseguró que en la Dirección General de Minería hay conciencia sobre la realidad medioambiental de la mina de Pueblo Viejo, tras señalar que se tiene prevista una solución para cada situación.
El director de Minería, Octavio López, salió hoy en defensa del contrato de explotación de los yacimientos de oro, plata, cobre y zinc de Pueblo Viejo, concedido por el Estado dominicano a la empresa canadiense Barrick Gold.
De acuerdo al funcionario, la explotación de la mina no dañará el medio ambiente, porque los sulfuros serán tratados en tanques cerrados especiales para tales fines, con capacidad para 700 toneladas.
Explicó que para extraer los metales, los sulfuros serán depositados en “tanques autoclave” y serán oxidados en un ambiente controlado que permitirá neutralizar el ácido sulfúrico con el uso de cal, que finalmente se convertirá en yeso.
Para López, en términos medioambientales la Barrick Gold está obligada a desarrollar sus operaciones bajo los criterios y normas canadienses, porque de lo contrario no conseguiría financiamiento.
Asimismo, aseguró que en la Dirección General de Minería hay conciencia sobre la realidad medioambiental de la mina de Pueblo Viejo, tras señalar que se tiene prevista una solución para cada situación.
A través de una nota de prensa, el director de Minería dijo que el Estado tendrá la responsabilidad de manejar las presas de cola “Mejitas” y “Las Lagunas.
Explicó que en el caso de “Las Lagunas” se contrató una compañía australiana para reciclar la cola, con el objetivo de neutralizar su efecto en el medio ambiente, y a la vez, extraer por lo menos 800,000 onzas de oro.
Mientras que en el caso de la presa de cola “Mejita”, la idea es cerrarla, fortificando el dique y el muro.
Además del oro, la Barrick Gold extraería de Pueblo Viejo alrededor de 80 millones de onzas de plata, 400 millones de libras de cobre y se contempla también extraer el zinc.
El contrato de explotación de los yacimientos de Pueblo Viejo fue aprobado en el año 2002 por la empresa “Placer Dome”, que posteriormente lo vendió a la Barrick Gold.
En una renegociación posterior, la Barrick Gold consiguió que el Estado dominicano renuncie al 25 por ciento de las utilidades que establecía el contrato original, hasta que la empresa recupere el 10 por ciento de la inversión, en los primeros seis años de operación.
De esta forma el Estado estaría renunciando a cuantiosos recursos, además de que se ha comprometido con asumir el 50 por ciento del pasivo medioambiental.
