Cientos de personas marcharon este miércoles a la embajada de Canadá para exigir que el Estado renegocie o anule el contrato de concesión de una mina de oro a la canadiense Barrick Pueblo Viejo, por considerar que es desventajoso para República Dominicana.
Fuente: El Día
“No estamos dispuestos a seguir entregando nuestro oro; esta vez no por espejitos, sino por espejismos”, dijo Fidel Santana, dirigente del Frente Amplio, una de las organizaciones que participó en la protesta.
Con pancartas en las que exigían que “Barrick pague o que se vaya”, los manifestantes llegaron afuera de la embajada de Canadá y algunos de sus representantes, entre ellos el diputado opositor Juan Hubieres, entregaron una carta dirigida al embajador canadiense, George Boissé, en la que describen supuestas irregularidades en el contrato de concesión de la mina.
Los manifestantes realizaron un simulacro de plebiscito y para ello colocaron una urna donde los transeúnte depositaban su voto a favor o en contra de la concesión minera.
“Hoy se inicia un plebiscito en el que puede participar todo mundo”, dijo el diputado Hubieres, al anunciar que la urna será llevada a diferentes ciudades a fin de que los ciudadanos depositen sus votos.
Las mineras Barrick Gold y Goldcorp adquirieron en 2005 la concesión para explotar durante 25 años la mina de oro, plata y zinc de Pueblo Viejo, 95 kilómetros al norte de la capital, y en agosto pasado comenzaron la extracción de minerales.
La minera, denomina Barrick Pueblo Viejo, insistió esta semana en un comunicado publicado en la prensa que para comenzar la explotación ha invertido 4.000 millones de dólares, “la inversión extranjera más grande en la historia” de República Dominicana, y dejará, en los 25 años de explotación, unos 11.000 millones de dólares de beneficios al Estado.
Según el contrato de concesión y una adenda del 2009, Barrick Pueblo Viejo pagará al Estado, una vez que haya recuperado su inversión total y obtenido 10% de ganancias, el 3,2% de derecho de operaciones y 28,75% de las utilidades netas.
La minera también pagará el impuesto general sobre la renta, del 25%.
Santana, del Frente Amplio, había solicitado el martes al Congreso debatir una propuesta para nacionalizar el 51% de la mina de Pueblo Viejo, que estuvo en operación por parte del Estado de 1975 a 1999.
La protesta del miércoles forma para de una larga serie de manifestaciones populares que desde el 2009 exigen la renegociación del contrato con la minera por considerar que tiene irregularidades.
La comisión de justicia de la Cámara de Diputados comenzó esta semana a dialogar con los diferentes sectores que se oponen a las operaciones de la minera como paso previo a la revisión del contrato.
Demóstenes Martínez, presidente de la comisión de justicia, adelanto la posibilidad de realizar vistas públicas sobre el contrato y de interpelar al director de minería por haber hecho una defensa pública de las operaciones de Barrick en el país.
La comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputados anunció que esta semana visitará las instalaciones de Barrick Pueblo Viejo para comprobar que cumpla con disposiciones medioambientales.
El contrato “no puede ser modificado de manera unilateral por ninguna de las partes”, explicó a The Associated Press Jorge Esteva, vocero de la minera.
Aseguró que el contrato le asegura al Estado “una participación aproximada de un 50% de los flujos netos de efectivo” durante la vida útil de mina.
Además insistió que la minera ha invertido 75 millones de dólares en el saneamiento ambiental por los daños causados por la explotación de la mina entre 1975 y 1999.
