Diversos sectores de la sociedad dominicana impulsan hoy acciones para lograr el análisis y la renegociación del acuerdo existente entre el Estado y la minera trasnacional Barrick Gold, dedicada a la extracción de oro. Con ese objetivo, la Fundación Justicia y Transparencia interpuso un recurso de inconstitucionalidad en un tribunal de la provincia de Sánchez Ramírez, donde se encuentra la mina que es explotada por dicha corporación.
Foto: imagen satelital del proyecto Pueblo Viejo de Barrick Gold en Cotuí.
Fuente: Prensa Latina
Según reportes periodísticos, la segunda audiencia sobre este caso está prevista para realizarse el próximo 8 de febrero en el municipio de Cotuí.
Para Enrique López, exsenador de Monseñor Nouel, el contrato, cuya firma data de 2009, fue aprobado de manera ilegal y por lo tanto debe ser revisado.
Entre los puntos más críticos del acuerdo, consideran distintas voces, están los relativos al aspecto económico y la protección del medio ambiente.
El documento legal plantea que el Estado dominicano solo podrá recibir beneficios luego de 25 años de operación de la Barrick Gold, la cual estima ganar para entonces más de 50 mil millones de dólares.
Por otra parte, las consecuencias dañinas para el entorno que produzca la explotación del oro en la mina de Pueblo Viejo serán responsabilidad de la nación caribeña.
Trajano Vidal, presidente de la mencionada fundación, manifestó que las acciones legales emprendidas son el inicio de una campaña de lucha contra el contrato. Anunció que se visitarán universidades, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para estimular el debate sobre el tema y motivar acciones conjuntas.
El economista Luis Vargas puntualizó que la Barrick Gold tendrá sobreganancias por las condiciones del contrato y el aumento de los precios internacionales del oro.
Cuando se firmó el documento, recordó, la cotización de la onza troy rondaba los 970 dólares y ahora se encuentra cerca de mil 674 dólares.
La versión digital del periódico Hoy reveló la víspera que el 92 por ciento de los participantes en una encuesta sobre este asunto consideró que el contrato debe ser renegociado.
