Un joven de 29 años que participó de las protestas contra el proyecto minero Conga en el norte de Perú murió este jueves por un disparo que le ingresó por la boca. Otro manifestante murió el miércoles con un balazo en el tórax. Y otros tres fueron muertos por armas de fuego el martes en choques con la policía. Los opositores a la mina de oro de Conga exigieron al gobierno que se anule el proyecto después de que en los enfrentamientos con la policía hayan muerto ya cinco manifestantes. 

 

Fuente: AFP y EFE

06/07/2012. «La situación es en extremo grave porque pareciera que para el Gobierno los conflictos se solucionan con muertos», lamentó en declaraciones a la agencia AFP Miguel Jugo, secretario ejecutivo de la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

Desde que asumió Ollanta Humala, decretó tres veces el estado de emergencia. El Gobierno apela a deslegitimar las protestas y niega el uso de armas de fuego.

El directivo indicó que lamentaba que las fuerzas de seguridad hayan utilizado «el recurso de la fuerza y sus armas de fuego contra la población». Y consideró que el Ejecutivo debería dejar de lado «el formato de aplicar el estado de emergencia para someter a la población», con una fuerte represión policial y militar en las calles.

Al cumplir un año en el poder -el próximo 28 de julio- Humala ha decretado tres veces el estado de emergencia ante problemas sociales, fundamentalmente vinculados a la minería. Es la segunda ocasión en que el régimen de excepción se aplica en Cajamarca, luego que en noviembre fue impuesto por protestas contra el proyecto minero Conga, de la compañía estadounidense Newmont, que es el mismo conflicto que afecta actualmente en la provincia. En tanto, a fines de mayo se decretó en la provincia surandina de Espinar ante masivas protestas contra la minera suiza Xstrata, que se saldaron con dos muertos.

La Defensoría del Pueblo de Perú informó recientemente que la lista de muertos en protestas alcanzaba a 10 personas a principios de mayo. Luego se sumaron los dos fallecidos en Espinar y los cinco de esta semana en Cajamarca.

Amnistía Internacional pidió al Gobierno peruano que «frente a las protestas sociales instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego, salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida».

Al respecto, el director de la Policía Nacional peruana Raúl Salazar sostuvo este jueves que la fuerzas represivas no está usando municiones letales contra los manifestantes. «El tema es que entre el grupo de manifestantes viene gente infiltrada que posee armas de fuego», señaló.

«Las fuerzas del orden repelieron con gases lacrimógenos y cartuchos de goma, pero ellos (los manifestantes) han disparado con armas de fuego», se defendió por su parte el ministro del interior peruano, Wilver Calle, al refutar críticas por el accionar represivo contra las protestas.

Organizaciones humanitarias piden se respeten las normas internacionales en cuanto a la libertad de manifestación y han reclamado al Gobierno una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos ocurridos el martes en la provincia peruana de Celendín, donde enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden resultaron en cinco muertos y medio centenar de heridos, incluyendo efectivos de la policía y el Ejército.

Las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc están bajo estado de emergencia y control militar desde el miércoles ante los disturbios contra el proyecto aurífero y cuprífero Conga. Quienes se oponen a él afirman que la compañía minera provocará un gran daño ambiental en la zona y que para obtener agua secará varias lagunas de la región.

Exigen anular el proyecto minero Conga tras morir un quinto civil

Los opositores a la mina de oro de Conga, en la región peruana de Cajamarca, declarada en estado de excepción, exigieron al gobierno que se anule el proyecto después de que en los enfrentamientos con la policía hayan muerto ya cinco manifestantes.

Un hombre de 29 años falleció la madrugada de hoy tras permanecer en estado de coma desde el martes por un balazo durante las protestas en la ciudad de Celendín, lo que se sumó a la muerte de un poblador el miércoles y de tres el martes.

Las provincias de Cajamarca, Hualgayoc y Celendín se encuentran en estado de emergencia (excepción) por 30 días y hoy las poblaciones permanecieron en una relativa calma y sin movilizaciones, según dijo una fuente policial.

Sin embargo, imágenes de la televisión local mostraron por la tarde a decenas de personas paseando el féretro de la víctima de 29 años alrededor de la Plaza de Armas de Cajamarca, junto a una bandera que decía «Conga es inviable».

Los opositores a Conga, que acatan una huelga antiminera desde hace más de 30 días, temen que el proyecto de la empresa Yanacocha que prevé invertir 4,800 millones de dólares afecte de forma irremediable las reservas de agua de la zona.

Uno de los principales líderes opositores a Conga, el exsacerdote Marco Arana, pidió hoy al gobierno que detenga el proyecto de oro y cobre, horas después de haber sido puesto en libertad tras permanecer detenido desde el miércoles por la Policía.

«Si ellos (la minera) no son capaces de parar (el proyecto), que sea el Gobierno peruano el que lo haga», afirmó Arana durante una rueda de prensa. Arana, líder del movimiento político y ecologista Tierra y Libertad, afirmó que Conga «está manchada de sangre» con las muertes de los cinco pobladores.

El exsacerdote, que fue violentamente detenido por supuestamente causar disturbios mientras permanecía sentado en un banco de un parque, reafirmó que fue golpeado e insultado por policías tanto durante su traslado como en la comisaría.

«El gobierno se equivoca si piensa que con balas, torturas o golpizas va a doblegar los justos reclamos del pueblo de Cajamarca», dijo después de quedar en libertad, en la madrugada del jueves. El presidente de la región, Gregorio Santos, uno de los más férreos opositores a Conga, calificó de «arbitraria» la detención de Arana y pidió que se investigue.

«Esto descalifica al régimen y lo convierte en un régimen autoritario minero militar que nos está gobernando», afirmó Santos en la emisora Radio Programas del Perú (RPP). Arana y Santos también criticaron el uso de la fuerza policial contra los manifestantes.

«En cualquier lugar del mundo muere una sola persona y cae todo un Gabinete (ministerial), pero aquí no pasa nada», aseveró Santos. Por su parte, Arana dijo que «para que la violencia pare, debe parar la brutalidad policial, el trabajo de minas Conga y los discursos y prácticas de la ciudadanía que puedan desencadenar la violencia».

Un grupo de excongresistas del oficialismo pidió la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, y del ministro del Interior, Wilver Calle, por el manejo del conflicto en Cajamarca. «Ni un muerto más. Una vida vale más que todo el oro que piensan sacar de Conga», señaló a los periodistas el congresista Jorge Rimarachín.

Otro grupo de parlamentarios abogó por la mediación de la Iglesia católica entre los manifestantes y autoridades del Gobierno para llegar a una solución del conflicto. El proyecto Conga recibió la aprobación del Ejecutivo después de que la empresa Yanacocha aparentemente accediera a las nuevas condiciones que impuso el presidente Ollanta Humala para su ejecución.

Entre éstas figuran, preservar dos de las cuatro lagunas que iban a ser desecadas, crear reservorios de agua, diez mil puestos de trabajo directo en la región y un fondo social.