Las protestas socio-ambientales vienen en incremento y la solución que ha optado el gobierno es la militarización y represión abierta. Cajamarca, Espinar e Iquitos son sólo algunos escenarios en donde ya se ha destapado el conflicto, pero la olla de presión que ocupa buena parte del territorio nacional probablemente se desborde pronto. En este contexto, hay 5 errores garrafales que repiten analistas y actores políticos, y que tienen que ser rechazados decididamente.

Por Roger Merino* publicado por Servindi

07/06/2012.

1. Protestas en contra del «desarrollo»

Los conservadores reducen todo el problema a una horda de salvajes o ingenuos peleles que están en contra del «desarrollo». Pero las demandas socio-ambientales impulsadas por comunidades indígenas o campesinas están en contra de UN TIPO de «desarrollo», de aquel que históricamente ha estado dirigido al crecimiento económico basado en la extracción, que hace muy ricos a unos y que destruye los medios de subsistencia de otros. Están en contra de una visión unilateral de desarrollo que niega la existencia de otras formas de convivencia y organización política y económica.

Las protestas socio-ambientales no son majaderías, y tampoco pueden ser analizadas desde la perspectiva occidental. No se trata de protestas «pos-materialistas» como dice el politólogo Steven Levitsky al hacer eco a aquellos que señalan que en los países del «primer mundo» hay una preocupación por el ambiente que ya no se reduce a la lucha de clases, y que sería asumida por países del Sur como el Perú. Tampoco el hecho de que el alcalde de Espinar pida un aumento del aporte minero voluntario convierte a la protesta en «clasista» como afirma Mirko Lauer.

Estas visiones son incapaces de entender que la mayoría de protestas medio-ambientales buscan defender una particular economía política basada en la agricultura, que tiene claros principios redistributivos y materiales al oponerse a la expansión del capitalismo extrativista, pero que ha sido invisibilizada. Estas visiones alternativas de convivencia son totalmente legítimas dentro de una supuesta democracia.

2. Protestas manipuladas

Para la derecha bruta los manifestantes también serían simples tontos manipulados por los rojos radicales que solo quieren obtener réditos políticos. De ahí la estúpida distinción entre una protesta «política» y una protesta «técnica».

Pero los conflictos sociales no se dan de la noche a la mañana. Los conflictos en Espinar y Cajamarca eran conflictos latentes que se veían venir, como ahora hay conflictos latentes en toda la Amazonía que sin duda explotarán cuando se empiecen a implementar los proyectos de hidroeléctricas. Y los liderazgos políticos son inevitables y el aprovechamiento político también.

Todas las protestas masivas terminan en liderazgos políticos y su legitimidad radica justamente en el descontento de un sector importante de la población. Más bien habría que preguntarse ¿qué legitimidad social tienen los congresistas que fueron financiados para defender los intereses de las mineras? Las mineras tienen más representatividad política que muchos sectores de la población en el Congreso de la República.

3. Protestas no tienen justificación porque los municipios tienen plata

Según la economía política del chorreo que ha venido siendo maquillada desde el Fujimorismo, el Estado debe atraer las inversiones extractivas, cobrar los impuestos y dejar un porcentaje en las regiones, eso automáticamente significará «desarrollo». Pero sin planificación el resultado es municipios con mucho dinero sin saber cómo administrarlo, no inversión social y el sacrificio de la forma de vida de las comunidades debido a su desplazamiento forzado o la contaminación que sufren sobre sus medios de subsistencia. Por falta de planificación del gobierno central hay un cerro de dinero que no es usado a favor de la visión de buen vivir que tienen campesinos e indígenas.

Así, los que quieren reducir el tema de los conflictos socio-ambientales a un problema de «plata» se equivocan gravemente. En conflictos como Bagua, Majaz o Conga lo que la población quiere es proteger su economía comunal. Saben que el dinero puede llegar, pero no quieren convertirse en el Cerro de Pasco o la Oroya del futuro. Obviamente, los comuneros pueden tener apoyo de sectores ambientalistas o pobres rurales que se sienten identificados, lo que Laura Rival llama «ambientalismo de la gente» o Martinez-Alier «ambientalismo de los pobres».

Estos conflictos son complejos pero lo que no se puede aceptar es la simplificación maliciosa de ponerlos en un mismo saco con conflictos de otra naturaleza como aquellos promovidos por mineros ilegales, trabajadores o grupos que quieren un aumento de los beneficios económicos. El tema de fondo en la mayoría de casos es bastante claro: reusarse a transformar localidades enteras en áreas destinadas a la extracción.

4. Protestas se solucionan con una «mesa de diálogo»

Aquí hay tres puntos importantes: bajó qué condiciones se da el diálogo, qué se puede dialogar y con quién. Las condiciones del diálogo son impuestas por el gobierno: el diálogo se intenta sólo cuando la población empieza a protestar al estar harta de ser ignorada. No antes, no para determinar el tipo de desarrollo idóneo para cada comunidad.

Los términos del diálogo también son unilaterales: sólo se discute cómo va el proyecto, qué maquillajes o lisonjas se pueden agregar, pero está fuera de discusión su viabilidad aunque carezca de legitimidad social.

Finalmente, las personas que serán escuchadas para el gobierno son los representantes «formales» que acepten sus términos, están fuera de la mesa o son enviados arbitrariamente a prisión los representantes críticos y los líderes de movimientos sociales.

Este contexto de reducción del espacio de la discusión política implica un desprecio por los procesos de democracia radical: el diálogo es un mecanismo para legitimar decisiones previamente dadas por un estado que se convierte en el brazo ejecutor de las empresas extractivas.

5. «El Estado de Derecho» debe imponerse frente a las protestas sociales

La política económica extractivista desde la colonia hasta el día de hoy ha saqueado la tierra indígena, sus medios de subsistencia (agua, pastos, etc.), su modo de vida (al convertir unilateralmente un sistema agrícola en uno minero); lo que el viejo Marx llamaba «acumulación primitiva», y David Harvey llama «acumulación por desposesión» está totalmente vigente en este momento en Latinoamérica, como demuestran los estudios de Anthony Bebbington. En ese contexto, el Estado de Derecho es el estado del derecho a saquear, es el mecanismo institucional para legitimar el saqueo, tal y como señalan Ugo Mattei y Laura Nader.

Así, es fundamental para los intereses extractivos establecer mecanismos de excepción («excepcionalmente se puede explotar la tierra indígena en aras del interés nacional», establecen implícitamente casi todas las constituciones del Sur) y aplicar regímenes de excepción o emergencia: el no derecho para imponer la legalidad de los fuertes. Esta es, sin embargo, un arma de doble filo para los gobiernos: aumenta el poder autoritario por un lado, pero hace crecer la indignación por el otro.

*Roger Merino (29 años) estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En los últimos dos años ha realizado dos master: uno en Derecho Comparado, Economía y Finanzas en la Universidad Internacional de Turín, y otro en Política Internacional y Globalización en la Universidad de Bath, Inglaterra, donde actualmente hace un Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas Públicas. El tema de su tesis en elaboración es el conflicto entre los derechos de propiedad indígena y la globalización desde la perspectiva de la Teoría Crítica aplicada a la Comparación Jurídica, Económica y Política.